Vamos a intentar hacer una contribución, para abrir el debate, a un tema que va a ser fundamental para la parte final de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC, la necesidad de un "Sistema Integral de Apoyo, Acompañamiento y Verificación de los Acuerdos". Porque no sobra recordar que un conflicto armado de medio siglo no va a terminar con la firma de unos acuerdos (que pueden quedar en unos simples documentos para la historia), sino que se deben diseñar y construir los mecanismos que garanticen que esos acuerdos se materialicen en la forma adecuada y adicionalmente que haya el compromiso por parte del Estado de la financiación de los mismos. En eso es paradójico que los medios de comunicación debaten hasta el cansancio si va a haber o no cárcel para los jefes de la guerrilla y no se habla si hay o no los recursos económicos para honrar los compromisos, o dicho de una manera coloquial si se va a cumplir lo pactado o se va a poner conejo a los colombianos de los territorios donde el conflicto ha vivido la mayor intensidad, cosa fundamental en un país con una trayectoria de largo plazo de no cumplimiento de acuerdos.

Ahora bien, cuando se habla de la verificación por parte de Naciones Unidas y de Unasur o Celac del cese bilateral y definitivo del fuego y de la dejación de armas, pareciera plantearse esto como aspectos desligados del conjunto de compromisos entre el Gobierno y las FARC, por eso la verificación con un componente militar-policial debe ser parte de un "sistema integral de apoyo, acompañamiento y verificación de los acuerdos", a cuya cabeza debe encontrarse una Comisión Nacional con representantes del Gobierno, las FARC, comunidad internacional, y representantes de sectores sociales de la sociedad colombiana.

No debemos olvidar que hay dos tipos de acuerdos, unos, especialmente el de participación política y social, que tiene alcances nacionales en su aplicación, otros, los del tema agrario y de sustitución de cultivos de uso ilícito, claramente tendrán un alcance localizado regional en aquellos territorios en los cuales hay mayor presencia de cultivos de uso ilícito y/o el conflicto armado ha tenido un mayor impacto; esos territorios aún no han sido definidos y delimitados por la Mesa de Conversaciones, aunque pareciera que a esos hace referencia la propuesta de las FARC de 'territorios de paz'.

Ese sistema integral de verificación debe ocuparse de orientar y coordinar diversos aspectos; a vía de ejemplo quisiera señalar los más relevantes:

1. Ser una especie de junta directiva para dirigir, apoyar y monitorear la ejecución de los acuerdos;
2. Debe orientar los equipos de verificación militar-policial que tendrán la responsabilidad específica de garantizar que los aspectos relacionados con el cese bilateral del fuego se cumplan de manera estricta, así como lo relacionado con la dejación de las armas por parte de la insurgencia y la localización de las fuerzas en los territorios que se definan de común acuerdo, con los procesos e intereses de reincorporación de los miembros de las FARC; para esta tarea es fundamental darle un papel central de complemento y apoyo a las organizaciones sociales que hicieron parte del sistema de veeduría del cese al fuego unilateral de las FARC y que sin duda han jugado un papel fundamental en ese sentido; igualmente deben acompañar y verificar el proceso de implementación de los acuerdos de orientación territorial;
3. Se requiere, como lo define el acuerdo general, un mecanismo nacional de solución de diferencias que podría estar conformado por delegados del Gobierno y de las FARC, así como delegados de los países garantes y acompañantes.

El componente internacional debe estar orientado por una institución de gran experiencia en estos campos como lo es Naciones Unidas, pero con una participación fundamentalmente de los países iberoamericanos y sin duda el acompañamiento de una entidad regional tipo Celac o Unasur.

- Alejo Vargas Velásquez es Profesor Universidad Nacional