Es obligado registrar que el titular del Ejecutivo federal empieza a reconocer la trascendencia de la decisión de la primera sala de la Suprema Corte al amparar a cuatro mexicanos para que siembren, cosechen y consuman mariguana. Y que la decisión judicial forma parte de un nuevo paradigma respecto a la criminalizada yerba, más por extorsión policiaca que por respeto a la norma jurídica.

El amparo establece el tema como un asunto de libertades personales consagradas en la Constitución y como parte de los derechos humanos, en contraposición a las políticas dominantes a partir de que la Casa Blanca, la verdadera, la de Washington no la de las Lomas, obligó al presidente Lázaro Cárdenas a modificar el Reglamento Federal de Toxicomanías, de febrero de 1940, con base en el bloqueo de la venta de fármacos estadunidenses.

Naturalmente que Enrique Peña Nieto lo hace a “su estilo personal de gobernar”, es decir, “ordenando” al titular de la Secretaría de Gobernación organizar un debate “amplio y especializado”, pero antes de dar el primer paso el presidente da a conocer su punto de vista “personal”, contrario a cualquier despenalización como lo informó desde que era candidato y acompañado del compromiso de abrir una discusión que cuatro años después será realidad.

Personal punto de vista que no es, ya que lo emite en la condición de inquilino principal de Los Pinos y, por ello, no falta razón a críticos como Ricardo Raphael –autor de Mirreynato, la otra desigualdad–, cuando asegura que convocar al debate y antes emitir opinión coloca la discusión en términos muy desiguales (Enfoque, 10-XI-15). Sobre todo, agrego, cuando el enorme equipo de colaboradores está formado en actitudes de obediencia incondicional y hasta lisonjera a Peña Nieto. Imposible no mencionar a Manuel Mondragón como el ícono de la lambisconería con los jefes.

Con todo, Peña da señales de que posee cierto apego al sentido común, frecuentemente extraviado por sus colaboradores que ante el súbito éxito económico y político navegan por las galaxias sin necesidad de consumir, al parecer, estimulantes prohibidos. “Sin embargo, no puedo ser dueño único de la verdad. Esa es mi convicción personal”. ¡Ah!

Ya veremos al ejército de funcionarios de primero y quinto niveles gubernamentales cerrando filas, como soldados, en torno a la postura del mexiquense de Atlacomulco. Quizá no sea mucho pedir que el corporativo que preside Emilio Azcárraga permanezca en el interés de mostrar la diversidad de opiniones e investigaciones sobre las ventajas o no de consumir mariguana con fines recreativos.

Con fines medicinales dos de cada tres mexicanos están de acuerdo en el uso de la mariguana. Esa era la vía para avanzar más y mejor hacia la despenalización, pero los acontecimientos sociopolíticos tienen dinámicas propias y no se dan necesariamente en consonancia con la lógica política, aunque ello motive lecturas sobre conspiraciones antinacionales de distracción.

La mayoría de los políticos se refugian en los llamados al debate para eludir definirse y pronto concluirá ese cómodo y demagógico juego, gracias a una discusión especializada y de amplia participación. Debate que muy probablemente alterará el amplio rechazo que tiene la despenalización de la mariguana e incluso el amparo de la Suprema Corte, pero (ojo) la mitad de los encuestados no respaldan que se detenga y encarcele a los consumidores, como hoy está a la orden del día, como en los tiempos de la guerra de Calderón contra las drogas.

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