SAN JUAN, Puerto Rico, 9 de noviembre de 2015 (NCM) – El tema del terrorismo hizo su aparición en la crisis de Puerto Rico cuando un congresista muy influyente en asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos dijo que hay preocupación de que ocurran ataques con bombas colocadas en aviones en ruta hacia América del Norte desde esta nación isleña.

El asunto impactó en medios televisivos nacionales estadounidenses y, casi de inmediato, se extendió a la prensa financiera de Wall Street, pero el gobierno puertorriqueño rechazó que haya fundamento real para tales temores.

“Las garantías de seguridad en los aeropuertos de Puerto Rico son las mismas”, respondió el Gobernador, Alejandro García Padilla, en referencia a los grandes aeropuertos de EEUU y agregó que los “riesgos” para los pasajeros que vuelan desde San Juan son iguales que en los aeropuertos de Nueva York, Dallas u otros aeropuertos estadounidenses. “Quizás es un elemento que el congresista no tenía”, dijo García Padilla, quien explicó que no conocía las expresiones, sino que se había enterado por la pregunta que le hizo NCM Noticias.

El representante Michael McCaul (R-Texas), quien preside la Comisión de Seguridad de la Patria (Homeland Security) de la Cámara de Representantes en Washington, apareció ayer en el resumen semanal de la cadena ABC y en el dominical de la cadena Fox haciendo las advertencias sobre el supuesto peligro terrorista que podría gestarse desde Puerto Rico. La agencia de noticias financieras Bloomberg reprodujo parte de la transcripción.

“En Puerto Rico, tenemos muchos casos criminales de corrupción, de poner drogas y armas en los aviones en ruta a Estados Unidos, dijo McCaul y agregó que “no requeriría mucho el poner también una bomba en uno de esos aviones y me parece que es un asunto importante desde el punto de vista de seguridad de la patria, estamos de verdad preocupados por esos aviones que vienen hacia Estados Unidos”.

La agencia Bloomberg dice que ya antes McCaul ha advertido sobre los riesgos de drogas y terrorismo proveniente de Puerto Rico. Además, dice, a renglón seguido, que este territorio colonial enfrenta una crisis por su deuda externa y corre el riesgo de que su gobierno quede en la insolvencia total y tenga que recortar servicios públicos.

McCaul conoce sobre los problemas de seguridad de EEUU en Puerto Rico, pues intervino, en 2012, en la evaluación por parte del Congreso de la demarcación de la llamada “Frontera del Caribe”, que se extiende desde el norte de esta colonia hasta las costas de Venezuela. La gestión contó entonces con el aval insistente del gobierno puertorriqueño, deseoso de que se le diera importancia a la protección de este punto estratégico, de la misma manera en que se ha hecho con la frontera de EEUU con México.

Entre los problemas que se tomaron en cuenta en dicha evaluación estuvo el uso de Puerto Rico como punto de trasbordo del contrabando de drogas que fluye desde América del Sur hacia EEUU a través del Mar Caribe. De hecho, se han asignado barcos guardacostas más grandes y con más alcance, además de que se ha incrementado la presencia de organismos policiales fronterizos estadounidenses, que realizan operaciones y acumulan información de inteligencia hasta en el interior montañoso del país.

En 2014 –según un informe del Ejército Popular Boricua-Macheteros- la jefatura de la Policía nacional notificó al Gobernador García Padilla que se había detectado infiltración de elementos subversivos hasta en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación. De acuerdo a dicho informe, el alto mando policial determinó reactivar el reclutamiento de agentes encubiertos para infiltrar a su vez organizaciones independentistas, estudiantiles y sindicales.

En ese momento, la respuesta pública del Gobierno fue decir escuetamente, a través de un portavoz, que no se revelarían las estrategias de seguridad.

En días recientes, una fuente policial del nivel más alto le dijo a NCM Noticias que se ha detectado la salida de armas ilegales desde Puerto Rico y que se esté atento a eventos que se producirán próximamente. Ese tráfico de armas que fluye de norte a sur y usa también a Puerto Rico como punto de trasbordo está documentado por lo menos desde la década de 1990, pero nunca se ha capturado aquí cargamento alguno, aunque hace algunos años, en la República Dominicana, se intervino con una embarcación que llevaba armas largas y que había zarpado desde Puerto Rico.

En lo tocante a la posibilidad de respuesta terrorista a las medidas por la crisis económica, la situación en Puerto Rico dista mucho de eso. Las protestas sociales que se han producido han sido, en general, pacíficas, escasas y de poca masividad, mientras el sector opositor que mayores convocatorias políticas ha conseguido es el anexionista, cuyo discurso es proponer que se convierta al país en un estado de la Unión.

Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico se apresta a someter a votación en la Legislatura una propuesta para rendir poderes constitucionales a una llamada Junta de Supervisión, que tendría funciones abarcadoras para controlar el presupuesto y la economía, que podrá llevar a cabo sus funciones en inglés y a puerta cerrada. Hasta ahora, sin embargo, la oposición a la designación de esa junta no ha sido masiva, aunque la jefatura legislativa oficialista no ha logrado garantizar que tiene los votos para su aprobación.

El domingo precisamente y como parte de los intentos para lograr la aprobación de esa y otras medidas similares, la dirección del oficialista Partido Popular Democrático eligió un nuevo legislador, como sustituto del representante Carlos Vargas, fallecido recientemente en un accidente de tránsito y que formaba parte del grupo de tildados de “disidentes”.

En Washington hay llamados, tanto del Ejecutivo como  en el Congreso, para que en lugar de establecer una junta designada por Puerto Rico, se imponga una desde EEUU, como parte de una  serie de acciones para tratar de enderezar las finanzas públicas y reactivar la economía en esta colonia caribeña.