La Amazonía es la región de mayor biodiversidad del mundo, por sus 6.9 millones de km2 distribuidos en nueve países suramericanos (Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa).  Es en esta inmensidad verde que vive la mitad de las especies terrestres del planeta.  Brasil abarca cerca del 60% de la Cuenca Amazónica, cuyo bioma cubre 4.2 millones de km2 y se extiende por nueve estados (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, parte de Tocantins y parte de Maranhão), que corresponde a más de la mitad del país.

A su vez, toda esta riqueza biológica también está intrínsecamente asociada a una gran diversidad sociocultural, representada por 180 pueblos indígenas, numerosas comunidades tradicionales (quilombolas, ribereños, recolectores, etc.) y cerca de 90 grupos indígenas en aislamiento voluntario, que, umbilicalmente, conectados con este bioma lo poseen como su territorio tradicional.  Es en este territorio que construyen sus viviendas, realizan sus rituales tradicionales, recolectan y cultivan sus alimentos y se reproducen física y culturalmente, lo que hace que la preservación de estas áreas sea un imperativo para la supervivencia de estos pueblos.

La organización cultural y tradicional de estos pueblos establece un sistema de relaciones sociales y ecológicas de producción que proporcionan soportes a las prácticas sustentables de manejo de los recursos naturales.  La selva, en un sentido amplio, se constituye en fuente de vida para estos pueblos, tanto en el aspecto físico como espiritual.

Derecho constitucional

Como dispone la Constitución Federal brasileña, el Estado reconoce a los pueblos indígenas el derecho originario a las tierras que tradicionalmente ocupan, por lo que es deber de la Unión Federal demarcarlas y protegerlas.  Cabe destacar que la Constitución emplea, más de una vez, la frase "las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios", sin exigir su previa demarcación.

Así, el derecho de los pueblos indígenas en relación con su territorio tradicional se configura como un derecho originario y, consecuentemente, el procedimiento administrativo para la demarcación de tierras indígenas es de carácter meramente declarativo.  Por lo tanto, la tierra indígena no es creada por acto constitutivo, y sí reconocida a partir de requisitos técnicos y legales, en los términos de la Constitución Federal de 1988.

Más allá de esto, es importante destacar que el lenguaje utilizado en el texto constitucional no deja la menor duda de que se trata de un derecho fundamental de los pueblos indígenas y, como tal, de fuerza superior a la de cualquier derecho ordinario de propiedad o uso.

Aunque la Constitución Federal determina un plazo de 5 años desde la fecha de su promulgación en 1988, para que la Unión Federal concluya la demarcación de las tierras indígenas en el país, según datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), de las 1.047 áreas reivindicadas por los pueblos indígenas, tan sólo el 38% está regularizado.  Cerca del 30% de ellas está en proceso de regularización y en el 32% de los casos ni siquiera se ha iniciado el proceso de demarcación.  De las tierras ya regularizadas, el 98.75% está en la Amazonía Legal[1].

Uno de los principales impedimentos para la conclusión de estos procedimientos demarcatorios es el gran interés económico en los territorios indígenas, sobre todo en aquellos localizados en la región amazónica.

El gobierno brasileño adopta un modelo económico agroextractivista-exportador, alimentado por megaproyectos de infraestructura y, por tanto, con interés claro en estos territorios  Además, ante la actual crisis del sistema capitalista, los sectores que controlan el capital intensifican la explotación de los territorios y sus bienes naturales, considerados como fuentes fáciles de lucro y capital.

Embestida del capital

En este contexto, la Amazonía es vista como la última frontera de explotación del capital, lo que fundamenta el acelerado proceso de explotación de esta región.  Consecuentemente, las tierras indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales son el gran núcleo de la acción de los actores político económico hegemónicos, que quieren apropiarse, explotar y mercantilizar estas tierras en todo el país.

La producción agropecuaria es uno de los principales villanos en relación a la preservación de la Amazonía.  Ocupa enormes extensiones de tierra donde, a menudo, el ganado camina sobre los cementerios y lugares sagrados de los pueblos indígenas de la región.  Es más, con la explotación ilegal de madera se incrementan las estadísticas alarmantes de degradación ambiental.  La deforestación acumulada de agosto 2014 a marzo 2015 alcanzó 1.761 km2.  Se registró un aumento del 214% de la deforestación en relación al período anterior (agosto 2013-marzo 2014), de acuerdo con Imazon.  El Instituto también informa que los bosques degradados en la Amazonía Legal sumaron 15 km2 en marzo de 2015.

Incluso ocupando y degradando grandes áreas del territorio nacional, el sector del agronegocio continúa su expansión, a través de la usurpación de territorios indígenas.  En el Congreso, una de las demandas del poderoso grupo de presión de los terratenientes por cambios en la legislación nacional, es por la aprobación de la PEC 215, propuesta de enmienda constitucional que apunta a modificar el procedimiento de demarcación de las tierras indígenas, sustituyendo los criterios técnicos de un procedimiento administrativo por criterios políticos.  Lo que, claramente, inviabilizaría que muchos pueblos puedan acceder a su derecho fundamental a la tierra demarcada.

Esta es una de las diversas propuestas legislativas que se tramitan en el Congreso Nacional que buscan deconstruir derechos indígenas consolidados en la legislación nacional e internacional.

Las promesas de desarrollo para la Amazonía también se extienden por los ríos, en forma de mega proyectos de plantas hidroeléctricas y de explotación minera.  Pero el modelo económico elegido para la región deja fuera a los dos elementos esenciales en la grandeza de la Amazonía: pueblos indígenas / comunidades tradicionales con sus modos de vida y el medio ambiente.

Por lo tanto, también se percibe que intereses económicos de grandes empresas se sobreponen al derecho fundamental de los pueblos indígenas, los cuales a través de su relación con el medio en que viven nos muestran caminos alternativos para romper con el sistema económico basado en el lucro y en la explotación.  El riesgo hoy es mayor que nunca, ya que el ritmo de embestidas del capital amenaza comunidades indígenas enteras, y el equilibrio ambiental.

Aunque, formalmente, Brasil adopta el discurso del Estado pluriétnico y multicultural, en la práctica, eso se manifiesta básicamente en políticas públicas asistencialistas, las cuales, al mismo tiempo, refuerzan los mecanismos de control y dominio del poder del Estado Nacional y los intereses del capitalismo global sobre los territorios y recursos naturales.  Hay un claro irrespeto al derecho a la autodeterminación de estos pueblos, en lo que respecta a la elección de sus prioridades futuras.

Desafíos

En este panorama, las formas de vida de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, basadas en el convivir armonioso con la naturaleza, se oponen expresamente al modelo económico global.  No obstante que el país ha ratificado el Convenio 169 en el año 2002, que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la autonomía y, por tanto, a definir sus prioridades de desarrollo, se percibe que el modelo económico hegemónico viene atropellando las formas propias de vida de estos pueblos y, consecuentemente, negando sus derechos legalmente constituidos.

Como lo han venido haciendo desde hace siglos, desde la colonización, ante estas embestidas del capital, los pueblos indígenas resisten y luchan por la manutención o recuperación de sus territorios tradicionales, para proteger el bosque y los ríos que son sus fuentes de vida.

Esta resistencia indígena gravita para que importantes áreas de la Amazonía, con sus bosques y ríos, se mantengan protegidas, y que no hayan sido totalmente devastadas por las motosierras y tractores de madereros, mineros y terratenientes.

Nos enfrentamos a grandes desafíos, donde la resignificación de conceptos como "progreso" y "desarrollo" será de suma importancia.  Los ataques a la sociobiodiversidad amazónica provienen de muchos sectores, legitimados por el modelo hegemónico de desarrollo nacional.  En esta perspectiva, los pueblos indígenas no sólo son víctimas de los ataques de estos sectores, sino que, a través de sus diversas cosmovisiones, nos dan nuevas alternativas de futuro, principalmente, respecto a la relación del hombre con la naturaleza.  (Traducción ALAI)

- Chantelle da Silva Teixeira es asesora jurídica de la Regional Norte I del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) e integrante de la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM).

Referencias bibliográficas:

• GREENPEACE BRASIL. www.greenpeace.org/brasil, acceso el 23/09/2015
• Conselho Indigenista Missionário – CIMI. www.cimi.org.br, acceso el 23/09/2015
• Os “novos” direitos no Brasil. Wolkmer, Antonio Carlos e Leito, José Rubens Morato (Organizadores. Editora Saraiva. 2ª edição. 2012. São Paulo-SP.
• REPAM – Memória do Encontro Fundacional
• IMAZON. http://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-marco-de-2015-sa. Acesso em 23/09/2015