Casi todos los depósitos de petróleo y gas natural deben quedarse donde están, bajo tierra, sin extraerse. Este mensaje, de una moratoria global sobre el 80% de los hidrocarburos, es el que presentaron centenares de personalidades internacionales, comenzando por el Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel (1). A muchos parecerá una medida extrema, pero su fundamentación es aplastante: es necesario reducir drásticamente la quema de combustibles fósiles para evitar un agravamiento del cambio climático global. No tiene sentido extraer ese petróleo, porque no se lo puede quemar si es que queremos ir más allá de las temperaturas globales compatibles con nuestras vidas.

Si bien este llamado a una moratoria petrolera recibió el apoyo de muchos latinoamericanos, también es cierto que es una medida rechazada de plano por los gobiernos latinoamericanos, sean conservadores o progresistas. Por ejemplo, en Perú, Ollanta Humala busca expandir la explotación de hidrocarburos en zonas amazónicas, y para ello se aprobó el llamado “paquetazo ambiental” y se limitaron los mecanismos de consulta ciudadana. Entretanto, en Ecuador, el gobierno Correa avanza con sus planes de explotación petrolera en la región de Yasuní, en pleno corazón amazónico, desoyendo advertencias ecológicas y reclamos ciudadanos.

Es que ante la caída de los precios de los hidrocarburos, la reacción de casi todos los gobiernos ha sido acentuar todavía más la exploración y extracción con la ilusión que un aumento del número de barriles exportados permitirá recuperar parte de los ingresos por exportaciones. Pero esos son senderos peligrosos, tanto a escala planetaria, por el agravamiento del cambio climático, como a escala nacional, ya que la explotación petrolera causa un daño irreparable a la biodiversidad y a la calidad de vida de las comunidades locales.  

Son justamente este tipo de cuestiones que se discuten con creciente intensidad ante la cumbre sobre el cambio climático a celebrarse en París el próximo diciembre. Los gobiernos deberán aprobar medidas enérgicas si se quiere superar en serio esta amenaza planetaria. Sin embargo, los defensores de los extractivismos rechazan casi todas las soluciones concretas, tales como las moratorias petroleras.

En América del Sur, desde los gobiernos conservadores se responde que eso es propio de exageraciones izquierdistas que impedirían el progreso nacional (como se escucha por ejemplo en Lima), mientras que hay progresismos que denuncian que proteger el propio patrimonio natural es contrarrevolucionario y funcional al imperialismo global (como se dice en La Paz). Los recorridos ideológicos son diferentes, pero coinciden en defender la civilización petrolera y en imponer los extractivismos con todo el poder del Estado. Esto hace que la discusión sudamericana sobre cambio climático y ambiente sea muy entreverada, especialmente a quienes nos observan desde otros continentes.

Esa problemática es muy evidente ante la reciente convocatoria del gobierno de Bolivia para una segunda “cumbre de los pueblos” sobre cambio climático, a realizarse en Tiquipaya (Cochabamba). La primera reacción es de simpatía y apoyo a la posibilidad que los movimientos sociales puedan discutir sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra.

Recordemos que la primera cumbre, también convocada por Evo Morales, tuvo lugar en esa misma ciudad en 2010. Los resultados de aquel encuentro fueron agridulces. Si bien participaron muchas organizaciones ciudadanas, y los debates fueron intensos, generaron muchas tensiones los controles gubernamentales sobre una agenda que debería haber estado en manos de los propios movimientos. El caso más conocido fue la prohibición de instalar una mesa para discutir los impactos dentro de Bolivia de las actividades que contribuyen al cambio climático. En efecto, aquella famosa “mesa 18” quería abordar cuestiones como las consecuencias de la expansión petrolera o los cambios en el uso del suelo por la expansión de monocultivos de soya. El gobierno Morales insistió en una actitud dual, por un lado cuestionando el capitalismo, pero a nivel global, y por otro lado, rechazando debatir los efectos locales de sus estrategias de desarrollo.

Ahora, cinco años después, el mismo gobierno llama a un nuevo encuentro de la sociedad civil, y poco antes de la cumbre de la Convención en Cambio Climático en París. ¿Ha cambiado la situación en estos últimos cinco años? Hasta donde puede verse aquella dualidad persiste: se critica duramente a los países industrializados y las raíces del cambio climático en el capitalismo, pero se evita analizar y atender graves problemas dentro de Bolivia.

Pero se han sumado otros componentes que no pasan desapercibidos. El primero es que frente a la caída de los precios internacionales del petróleo, la administración Morales ha lanzado un programa de apoyos al sector petrolero. Este incluye un megapaquete de $ 3 556 millones de dólares en incentivos a la exploración de hidrocarburos. Es un mecanismo impactante no sólo por el enorme volumen de dinero, sino porque esos fondos provendrán no sólo del gobierno central, sino de gobiernos locales y hasta de las universidades (2). Dicho de otra manera, se espera que amplios sectores de la sociedad subsidien el avance de la frontera petrolera. Entretanto se mantienen grandes subsidios a los combustibles, estimados en US$ 867 millones en 2014 (aunque se anuncian reducciones), los que siguen siendo muy superiores a otros apoyos, por ejemplo a la alimentación (US$ 122 millones en 2014) (3). Estamos frente a las típicas distorsiones de las economías petroleras, repletas de subsidios explícitos u ocultos desde los gobiernos y la sociedad.

Las demandas de la sociedad civil en casi todo el mundo van en sentido contrario, ya que consideran que ese tipo de subsidios petroleros son incompatibles con una reducción del cambio climático. De la misma manera, se reclama que los dineros públicos tengan otros destinos, tales como la reconversión energética hacia fuentes de energías renovables y de bajo impacto.

Un segundo asunto, es que el gobierno de Bolivia aprobó, a inicios de 2015, medidas para favorecer la exploración de hidrocarburos dentro de áreas protegidas. Es una decisión con graves implicaciones, ante el riesgo de severos impactos ambientales dentro de áreas de enorme valor ecológico, y muchas de las cuales albergan pueblos indígenas. Son todas medidas que van en contra de los reclamos de buena parte de la sociedad civil en muchos países.

Una tercera problemática reside en la condiciones para llevar adelante estas discusiones. Así como en otros países, las ONGs por ejemplo denuncian los planes de Barack Obama de explotar petróleo en el Artico o la minería de carbón en Europa del Este, también alertarán sobre todas estas medidas de promoción petrolera que está tomando Evo Morales.

La duda es si esa discusión podrá tener lugar en la Bolivia actual. En este país, las ONGs que recientemente han alertado por los impactos del ingreso de las petroleras a las áreas protegidas o territorios indígenas, han sido severamente criticadas y hostigadas por el gobierno. Las nuevas normativas obligan a las ONGs a adherirse a los planes gubernamentales de desarrollo (como puede ser la expansión minera o petrolera). Profundizando esa actitud, el gobierno declaró “irregulares” a 38 ONGs, y anuncia que otras 290 podrán entrar en esa condición (4). Muchas organizaciones ciudadanas, si militan para detener el cambio climático, alertando por ejemplo sobre los impactos de petrolizar la Naturaleza, podrían caer en la ilegalidad.

Por lo tanto, nos invitan a una “cumbre de los pueblos”, pero donde hay enormes divergencias sobre temas y además condicionalidades sobre la participación de organizaciones bolivianas amigas. Es como si antes de la cumbre climática de París, el gobierno francés comenzara a declarar como irregulares a ONGs ambientalistas francesas. ¿Qué haríamos si hay organizaciones ciudadanas que pueden ser silenciadas?

Ideas como la moratoria petrolera, expresada en la carta internacional citada al inicio de este artículo, ya han sido duramente atacadas en Bolivia (aunque en el caso de ese manifiesto público, firmado entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, será muy difícil de acusarlo de imperialista o trotskista verde, como acaba de ocurrir en Bolivia). ¿Qué diríamos si en un encuentro de los pueblos se nos impide proponer y debatir sobre moratorias petroleras?

Todas estas interrogantes y tensiones deben ser sopesadas. Debe quedar en claro que la mayor parte de todas las organizaciones y movimientos ciudadanos preocupados por el cambio climático demandan a los gobiernos, estén en el norte o en el sur, sean conservadores o progresistas, un cambio radical en sus afanes de extraer y usar hidrocarburos. Es inaceptable que se acallen esas u otras alternativas, sino que, por el contrario, es de la mayor necesidad y urgencia buscar opciones postpetroleras.

Notas

(1) Dejemos los combustibles fósiles en el subsuelo para acabar con los crímenes climáticos. 350.org y ATTAC, agosto 2015.

(2) Alcaldías darán dinero para fondo de incentivos al sector petrolero, La Razón (La Paz), 22 agosto 2015.

(3) En 2015, subsidio a carburantes bajará 54% y sumará US$ 300 MM. La Razón (La Paz), 1 setiembre 2015.

(4) Gobierno declara “irregulares” a 38 ONGs, entre ellas el CEDIB y la Cinemateca, Agencia Noticias Fides (La Paz), 6 setiembre 2015.

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Twitter: @EGudynas