Seis meses de trabajo de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa –43 desapariciones forzadas, seis asesinatos y más de 20 heridos, el 26-27 de septiembre de 2014–, fueron suficientes para que la “verdad histórica” decretada por el abogado Jesús Murillo Karam como titular de la Procuraduría General de la República, fuera colocada en el centro de las críticas e impugnaciones más severas aquí y allende nuestras fronteras y, en esa misma medida, también el gobierno federal que avaló aquel despropósito, por parte de los más influyentes diarios de los cinco continentes y los principales organismos civiles de defensa y promoción de los derechos humanos en la aldea global.

Incalculables son costos políticos e institucionales que tendría que pagar el gobierno de Enrique Peña Nieto por embarcarse sin matices en la “verdad histórica” del también llamado “maestro” por su entonces jefe institucional, consistente en que no había quedado ni rastro de los 43 desaparecidos ni posibilidad de encontrar sus restos, porque habrían sido ejecutados y después incinerados en una enorme pira humana encendida por sicarios de Guerreros Unidos en el basurero de Cocula.

Embarcarse es un decir porque desde el principio el grupo que jura y presume Mover a México, todo indica que fue quien tomó la decisión para que la PGR eliminara –destruyéndolas o desapareciéndolas– evidencias que vincularan a servidores del gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, así como para hacer a un lado a la Policía Federal y el Ejército, así como para crear una verdad formal.

Pero lo más importante, salvo su mejor opinión, no es todo lo que presunta o realmente realizara a medias o de plano mal la PGR por incompetencia o consigna, aunque no falten funcionarios que pretendan defender el trabajo del hidalguense, sino que Peña Nieto reconoció: “Soy el primero en asumir el pleno interés, no sólo como presidente de la república, sino porque la sociedad mexicana demanda” conocer la verdad.

Y para ello solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ampliar a otros seis meses el trabajo del GIEI en México. Y, en efecto, su presencia  obedeció a una petición suscrita en Washington; además de que ante la exigencia de los padres de familia de reunirse con él, hecha pública en el estilo bravucón del vocero de aquellos, Enrique Peña expresa no sólo interés sino que involucra a los cinco expertos: Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Francisco Cox, de Chile, y Carlos Beristáin, de España. Y ellos aceptaron enseguida.

Expertos y trabajo de investigación preliminar, como ellos lo subrayan, que Ricardo Alemán pretende descalificarlos, costumbre que practica sin ruborizarse, con el supuesto millón de dólares que gastaron en seis meses y que pagó el gobierno de Peña; los presuntos vínculos y compromisos políticos que tienen en México y la supuesta influencia de Andrés Manuel López Obrador que tanto inquieta al columnista.

Tampoco es para extrañar que en momentos de definiciones reaparezcan los autores intelectuales (¿Aurelio Nuño?) o sus voceros que divulgaban que el movimiento por Los 43, a punto de cumplir un año, es obra de George Soros y los intereses plutocráticos que presuntamente fueron afectados con las reformas estructurales. Las “conspiraciones” simplifican todo y explican poco.

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