SAN JUAN, Puerto Rico, 25 de agosto de 2015 (NCM) – Según fuentes financieras, se está reclutando empresarios de Puerto Rico para un frente interno opositor incondicional a Wall Street en el diferendo sobre la deuda, mientras el gobierno de esta nación caribeña está cada vez más atrapado en su propia madeja de información oficial degradada.

Esa dificultad debilita mucho al gobierno puertorriqueño ante un adversario que entre sus capacidades tiene, precisamente, la del manejo de fuentes inmensas de información.

El problema es tan extendido y evidente que hace apenas varios días el Gobierno se enredó en el secreto que había mantenido sobre una operación para limpiar una plaga de jacintos de un lago, para lo cual formó una catarata artificial abriendo las compuertas, acción que representó la pérdida de millones de galones de agua. Ese caso, del Lago Carraízo, si bien  revela mucho sobre el manejo de la infraestructura del país, es apenas un ejemplo de las dificultades para recoger y difundir información certera sobre aspectos fundamentales.

Consecuencia inmediata de esa limitación es una incapacidad creciente para detectar y prevenir la nueva ofensiva de Wall Street, que intenta conseguir una voz puertorriqueña creíble para sus intereses. De hecho, según surge de la versión de las fuentes, la formación del frente está adelantada y busca estorbar cualquier intento de Puerto Rico para que se reduzca la deuda mediante una restructuración.

El gobierno puertorriqueño, mientras tanto, ha seguido con un discurso que evita señalar al mercado financiero de EEUU como el principal controlador y responsable de la deuda que afecta a esta pequeña nación sometida al coloniaje estadounidense desde 1898. En cambio, abre el camino a la maniobra que preparan magnates del mercado de bonos, al insistir en la creencia de que muchos de los acreedores son puertorriqueños, cuando, en la realidad, esa deuda es controlada en más del 90 por ciento por grandes inversores de EEUU, diez de los cuales son tenedores en conjunto de cerca del 38 por ciento, en tanto que las instituciones de Puerto Rico tienen menos del uno por ciento.

Esa madeja de información equivocada es un fenómeno difícil de seguir y, como demuestra el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, casi imposible de detener, aún en situaciones en que se intenta ponerle remedio. Pero, ese caso ha sido, precisamente, una de las pocas ocasiones en que dicho fenómeno, adverso al propio gobierno, se ve de manera clara en su funcionamiento.

El 15 de marzo pasado, la AAA anunció que, como preparación para la temporada seca de este año, se habían eliminado “naturalmente” los jacintos del lago abriendo compuertas. A los pedidos de información sobre el particular, se dijo, primero a la prensa y luego durante una audiencia legislativa, que en realidad, la operación de abrir las compuertas a siete u ocho metros se había llevado a cabo a finales de agosto del año pasado aprovechando la tormenta Bertha, que en realidad había pasado 20 días antes y se insistió en que con eso se ahorraron 20 millones de dólares, a pesar de que la subasta para la tarea era por poco más de un millón de dólares.

“Se levantaron banderas sobre ese tema por las incongruencias”, dijo el representante José Báez, quien adelantó que la comisión que preside va a “seguir investigando” por qué no se siguieron las advertencias legislativas contra ese tipo de acción, por qué no se completó el trabajo –quedó cerca del 20 por ciento de los jacintos- y la discrepancia sobre el dinero que se habría ahorrado.

Todo el enredo se formó a pesar de que desde el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, hubo intentos para que la AAA hiciera pública la información correcta.

Ese tipo de equívocos ya se ha hecho demasiado común en los informes sobre temas de gran importancia, como los planes para atender la crisis fiscal, situación que llevó en días recientes a una periodista que cubre el Palacio a comentar que “estamos teniendo que redactar sobre los silencios”.

Pero ese problema de información equivocada no afecta sólo al gobierno puertorriqueño, pues de igual forma en Washington se manejan cálculos que han demostrado estar muy ajenos a la realidad que vive está nación del noreste del Caribe y colonia de Estados Unidos. Ejemplo de eso ha sido un informe de una entidad de estudios estratégicos usada por la comunidad de inteligencia, que calculaba que a estas fechas la economía de Puerto Rico ya estaría en ruta de recuperación, pronóstico que se ha caído estrepitosamente.

En la otra cara de la moneda, ha comenzado a cobrar forma un frente distinto al que quiere Wall Street, que incluye figuras de todos los partidos políticos, los principales gremios empresariales y el sector laboral, para reclamar de EEUU la exclusión de Puerto Rico de la camisa de fuerza de la ley de cabotaje. En la reunión, convocada por el Colegio de Abogados, participó el Comisionado Residente Pedro Pierluisi, quien encabeza esa lucha en el Congreso y considera que es difícil tan siquiera lograr que se apruebe una exención parcial del estatuto que limita el comercio marítimo con EEUU a usar sólo barcos de bandera estadounidense.

La reunión de los sectores sociales y económicos fue complementada con otra simultánea de sindicatos para oponerse a las medidas de empobrecimiento y a una tercera manifestación de vecinos del pueblo oriental de Ceiba que se oponen a la entrega de las tierras de la antigua estación naval de Roosevelt Roads a empresarios privados.

Sin embargo, las acciones de todos los sectores ante la crisis parecen ocurrir de manera inconexa, lo que constituye uno de sus aspectos más graves.

Ante el panorama, han surgido voces que hacen llamados a la visión de conjunto, como en el caso del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien dijo esta semana que las medidas que se tomen en una estrategia para reformar la economía y el Gobierno deben representar “un plan de país”.