El Ecuador, hoy, se encuentra social y políticamente convulsionado, esta es una constatación cuyas evidencias se expresan en la generalidad del territorio ecuatoriano, y cuyo inicio fue detonado por la CONAIE y las organizaciones de los pueblos y nacionalidades a partir de su marcha por la dignidad, iniciada a principios de agosto, y que ha desencadenado una movilización de diversos sectores a nivel nacional, con cierre de vías, toma de gobernaciones, iglesias, paro nacional del frente Unitario de Trabajadores y marchas masivas en casi todas las ciudades, principalmente en Quito, la capital, ya por quince días.

El planteamiento central de la movilización popular es el archivo de un paquete calificado de enmiendas constitucionales para tratamiento de la Asamblea Nacional, mismo que representa un conjunto de retrocesos a la democracia diseñada en la Constitución de Montecristi en el 2008, como la reelección indefinida del Presidente y demás dignidades de elección popular, paquete que, en sí, representan reformas constitucionales que bajo la demanda social deberían ser sometidas a referéndum y no a aprobación directa de la mayoría parlamentaria.

Más allá de este eje central de la reacción ciudadana, existe un sinnúmero de planteamientos, que diferentes sectores reivindican por ser atentatorios a sus derechos adquiridos como los jubilados que ven amenazada la garantía a sus pensiones con la supresión del aporte estatal a la Caja del Seguro (IESS), la confiscación de fondos de ahorros particulares de diferentes gremios como la de los maestros para ser administrada por la banca de la Seguridad Social, normativas sobre el ejercicio de los médicos, de los jóvenes sobre el acceso restrictivo, discriminatorio y autoritario a la universidad, de las mujeres sobre el archivo de la ley del aborto en casos extremos como violación, de los campesinos sobre la ley de aguas y de tierras; de la ley de comunicación por su contenido anti libertad de expresión, leyes contra los obreros y servidores públicos y sobre la mal-habida ley de herencias y las declaraciones, sobre la “destrucción” (en palabras de Correa) de las empresas familiares, ni se diga las decisiones atentatorias a los derechos de la naturaleza (Yasuni), la entrega de concesiones petroleras y mineras a transnacionales, el intenso endeudamiento con China, y otras razones estructurales. A esto se suman infinidad de demandas populares que emergen por aquí y por allá, sin contar con sectores y personas, insultados durante más de doscientas sabatinas, por ocho años, y todas las semanas por el Presidente Correa.

El escenario es un collage de demandas y sectores sociales contra el modelo de gobierno levantado por Alianza País post Constitución de Montecristi, lo cual dificulta al gobierno una sistematización política coherente del proceso de levantamiento popular, y lo conduce a una confusión peligrosa de los sucesos.

Efectivamente, el gobierno en estos años levantó en lo que Roberto Aguilar, prestigioso periodista ecuatoriano ha dado en llamar un “Estado de Propaganda”, el mismo que para nosotros más que una adjetivación representa una categoría sociológica, que implica, el montaje de un aparato comunicacional de impensables dimensiones con el doble objetivo de, por una parte controlar el imaginario, la subjetividad y la adhesión popular y ciudadana al proyecto correista y por otro vender en el extranjero “el milagro ecuatoriano”.

El impacto de este proceso mediático, aparte que en el extranjero efectivamente se ha logrado sobredimensionar la imagen de Correa, al interno es irónicamente contrapuesto: los primeros que han asumido como evangelio el proyecto correista son los militantes del propio partido, empleados públicos y un importante sector de la población, -aquella de más bajos recursos económicos y educacionales- que son arrastrados por el mensaje mesiánico y por algunos subsidios sociales por su condición de pobreza extrema. Los sectores populares organizados del campo y la ciudad, las clases medias y los sectores acomodados, no son receptores pasivos, sino hoy, reactivos a la propaganda gubernamental, peor cuando la sobre exposición del primer mandatario en los medios de comunicación, representan una constante provocación a la inteligencia ciudadana.

Esta constatación, nos permite entender la lógica del gobierno frente a la realidad de estas semanas y la puesta en escena de una campaña de estrategia comunicacional que busca posicionar tres mensajes concatenados: primero, que la protesta social es irrelevante en su magnitud, por tanto ilegitima; segundo, que es una manipulación de viejos dirigentes sin representación social ni política, en confabulación con la derecha y la CIA, para desestabilizar el régimen en una suerte de “golpe blando”, por tanto ilegal; y tercera, que esta movilización social, al no tener respaldo popular, se torna “brutal y violenta” contra los bienes públicos y policía nacional.

La actuación consiguiente salta del plano político al militar y entonces la respuesta gubernamental es “el uso progresivo de la fuerza pública” y la descalificación total a los liderazgos sociales y a todo aquel que se manifiesta. Se suma a esto la declaratoria del Estado de Excepción en todo el país por la actividad piroclástica del volcán Cotopaxi, lo cual deja una tela de duda sobre las intenciones represivas de fondo en esta lógica del uso progresivo de la fuerza declarada por el gobierno, lo cual se expresa ya directamente en varios puntos del país y particularmente en Saraguro, comunidad de mayoría indígena, quienes junto a la población mestiza, tenían bloqueada vías pero donde un gigantesco operativo militar, -como en los peores tiempos de las dictaduras- violentó hogares y personas, arrestando a decenas de ciudadanos hombres y mujeres, a punta de bayoneta y bombas lacrimógenas en una verdadera invasión bélica contra la población civil. Escenas semejantes se vivieron en Morona Santiago con la población Shuar y Achuar y en otras latitudes del país.

Un elemento que no se puede dejar de mencionar en esta cadena de maltrato gubernamental al proceso, es el destape de la cultura racista en el Presidente, muchos de sus ministros y de sus militantes. La serie de descalificaciones para el movimiento indígena y el manejo del concepto de “manipulación” revelan que persiste la idea de que este sector mantiene una condición de inferioridad e inmadurez incapaz de actuar por cuenta propia. Desconoce el gobierno por tanto, la declaratoria constitucional del Estado Plurinacional, levantado justamente por pueblos y nacionalidades que históricamente han actuado bajo un hilo conductor en su búsqueda de reconocimiento, espacio y autonomía.

¿Que se viene? El conflicto social tal cual se presenta, está a la mitad del túnel y aun no se avizoran luces para una salida democrática y concertada. El peligro más latente es la exacerbación de la violencia, pues la represión a la ciudadanía con el uso indiscriminado y sobredimensionado de la fuerza militar contra los colectivos que protestan, generan a su vez respuestas cada vez más radicales y con síntomas de violencia estructurada de ciertos grupos activos dentro de las marchas; la amenaza catastrófica, es la incitación a un duelo campal pueblo contra pueblo, pues estrategia gobiernista es colocar “escudos sociales” físicos, que constituyen sus seguidores y que resguardan el palacio de Gobierno y gobernaciones en cada provincia, son militantes partidistas y de organizaciones sociales, hologramas del gobierno y que replican a las organizaciones históricas que activan la movilización opositora; y por último, la amenaza política a la estabilidad del gobierno que progresiva y espontáneamente se va consolidando en plataformas socio políticas más convergentes entre la diversidad de actores de oposición.

Alianza País, debe mirar al espejo, y entender que las amenazas que siente, mientras no se consolide un liderazgo fuerte en la oposición, no lo son realmente por lo que es más fácil, un paso atrás para ganar dos hacia adelante. El mayor enemigo del gobierno, es en primer término el propio Correa, quien se niega a mirar la realidad con perspectiva estratégica y desafía a la oposición en cada acto público e impide a otros actores proponer puntos de encuentro; en segundo término quien atenta al futuro político del partido de gobierno, es la camada de oportunistas de todas las tendencias que no tienen conceptos de democracia y buscan espacios de poder para beneficio personal, tanto que a estas alturas, coincidimos con aquella aseveración de que “el movimiento Alianza País, no tomo el poder, el poder tomo el partido” convirtiéndolo en un aparato funcional al capital, a las transnacionales, a los grupos de poder y a las perspectivas de corrupción, siempre latente alrededor de los gobiernos.

Como salidas, una posibilidad planteada desde algunos sectores más académicos, es la búsqueda de mediación supranacional con organismos internacionales reconocidos, sin embargo, esto implicaría que el Gobierno reconozca la actoría política de los líderes sociales, lo cual es impensable.

Otra opción, es que el Presidente y la mayoría gobiernista en la Asamblea Nacional, posterguen el tratamiento de las enmiendas constitucionales para un nuevo período presidencial, ubicando en la campaña electoral para el 2017, entre otros aspectos de su programa, estos planteamientos, lo cual, si obtienen el voto popular, estarían con harta legitimidad para su viabilidad, propuesta que en la lógica dura que les caracteriza, tampoco representará una opción.

Por todo lo anterior, incertidumbre es el terreno social y político que caracteriza el escenario ecuatoriano en estos convulsionados momentos.

- Patricio Carpio Benalcázar, Sociólogo y antropólogo, profesor en la Universidad de Cuenca-Ecuador, analista político.