Mientras continúan las negociaciones paritarias y se hacen las cuentas de los porcentajes finales logrados, producto de cifras adicionales del porcentual que se difunde, la conflictividad se sostiene aun con acuerdos suscriptos. Es el caso de una parte de los docentes universitarios nucleados en la CONADUH y algunas seccionales de CONADU que rechazan por insuficiente el ajuste.

Para el caso de los aceiteros queda cuantificar los adicionales logrados para establecer la diferencia entre lo demandado originalmente como mínimo para el trabajador ingresante, y lo obtenido en un prolongado paro de la actividad, con impacto económico importante en la comercialización y las finanzas privadas y públicas. De los 14.931 originales se habría acordado en torno a los 14.300 mensuales con los adicionales.

La nota provino en estas horas de parte de los trabajadores del subterráneo porteño. En sus negociaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obtuvieron un 32% y todo junto. Marca así la diferencia con la mayoría de los acuerdos cerrados en dos cuotas, con incrementos en torno al 27 o 28%, con clara mediación gubernamental, que aspira a que la cifra final de las negociaciones colectivas no superen en demasía una inflación en torno al 25% para el conjunto del 2015.

Restan varias negociaciones que continúan en varios sectores, algunos de los cuales motorizan medidas de fuerza que se sostienen y potencian con la convocatoria a movilizaciones y jornada de paro nacional para el 8 y 9 de junio próximo.

Asamblea de la OIT

La discusión salarial y el conflicto social en el país se presentan en simultáneo con el inicio de la Asamblea anual de la OIT en los próximos días. El organismo internacional presentó su informe del empleo para el 2015 con alarmantes datos sobre la evolución de la precariedad en todo el mundo. Desde el gobierno, la propia Presidenta cuestionó los datos de la OIT relativos a la Argentina, y el Ministerio de Trabajo informó sobre criterios diferenciados en la metodología de elaboración de esos indicadores globales, que involucran al trabajo independiente.

Más allá de toda discusión suscitada en torno a los guarismos de la precariedad laboral, los datos de informalidad o precarización son producto de las nuevas modalidades que se instalaron en la relación entre el capital y el trabajo en cuatro décadas de ofensiva capitalista por el ajuste de los trabajadores. Claro que la ofensiva capitalista supone al mismo tiempo fortalecer y consolidar una dinámica económica que asegure la rentabilidad empresaria, objetivo esencial promovido por el régimen del capital.

La cuestión laboral y la orientación regresiva de las relaciones laborales son un fenómeno que tiene especificidades locales pero que remite a una lógica de carácter global construida por cuatro décadas. Ayer nomás, con la conmemoración del “Cordobazo” producido el 29 de mayo de 1969, se conmemoraba el ciclo de luchas obreras que se prolongó hacia 1975 con la respuesta inmediata de las clases dominantes, vía terrorismo de Estado, por el ajuste, la estabilización y la represión generalizada. Ese fue el marco para profundas reformas laborales que modificaron estructuralmente las relaciones laborales.

Estos debates locales continuarán en el país y en Ginebra, donde patronales, trabajadores y el gobierno procesarán acuerdos y diferencias, que se proyectan como debates globales relativos a la relación laboral y los contradictorios intereses entre los objetivos del capital, o sea, los inversores y sus ganancias, versus las necesidades de los/as trabajadores/as y sus familias por ingresos adecuados para atender la cotidianeidad.

La deuda en debate

Junto al debate salarial y el conflicto social, vale mencionar que la próxima semana se desarrollará en nuestro país una Conferencia Internacional sobre la deuda, los bienes comunes y la dominación, para aportar a otra discusión sobre problemas globales.

No solo se trata de verificar el nuevo endeudamiento local, que esta semana sumó nuevos 5.000 millones de pesos en bonos al 27% de interés y que financian el déficit fiscal de corto plazo, sino los gravosos compromisos externos, como los 683 millones de dólares cancelados esta semana al Club de París con fondos de reservas internacionales.

Se espera la presencia en Buenos Aires del embajador de Bolivia en la ONU, a cargo de la Comisión que debe resolver sobre las renegociaciones de deuda soberana hacia fines de este año, una cuestión suscitada en el ámbito mundial por la Argentina y fuertemente sustentada desde el G77 + China.

Más allá de la respuesta que puedan tener los países hegemónicos del sistema mundial sobre cualquier regulación de las reestructuraciones de deuda soberana, la preocupación está colocada en las investigaciones sobre el endeudamiento, tal el caso de la Comisión instalada en el Parlamento griego que avanza en definir a gran parte de la deuda de Grecia como ilegitima, ilegal, odiosa e insostenible. Es una calificación obtenida en una investigación que incluye la participación social y cuyos resultados influenciarán en la movilización social y en las decisiones políticas del gobierno de ese país.

Como en Argentina también se constituyó una Comisión bicameral de investigación de la Deuda, está previsto un encuentro de participantes de la Conferencia Internacional con los legisladores que integran la referida bicameral. Un dato relevante es la presencia el país de la Asamblea del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM, cuyo titular preside el comité de expertos para la investigación en Grecia.

La Asamblea por la suspensión de los pagos de la deuda y la defensa del patrimonio y los bienes comunes, anfitriona de la Conferencia internacional debatirá el viernes 5 de junio un plan de acción para una campaña popular de esclarecimiento y luchas orientadas a generar conciencia y materialidad subjetiva en la disputa política.

El desafío pasa por articular la lucha por el salario y las condiciones de vida de los trabajadores con otros ámbitos de la vida social que articulen al pueblo en el debate político por el poder.

30 de mayo de 2015

- Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP