Los días 6, 7 y 8 de mayo se celebró en el Salvador, el Diálogo Bi-regional entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) sobre políticas comerciales e implementación del Observatorio a TLCs en la región, organizado por el Grupo de Monitoreo a Tratados Comerciales de Libre Comercio en Centroamérica y el Centro sobre Inversión y Comercio (CEICOM) en alianza con redes europeas y centroamericanas con el acompañamiento de KEPA.

Los objetivos del eventos fueron tres (3): a) Facilitar el intercambio de experiencia entre redes regionales acerca del monitoreo a tratados de libre comercio en particular la implementación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica; b) Identificar futuras alianzas para procesos de incidencia  en la región C.A y UE sobre políticas comerciales, diálogo político y cooperación que favorezcan a amplios sectores productivos y trabajadores de la región; c) Socializar el avance de los procesos de investigación- acción y mecanismos de seguimiento  en temas de Soberanía Alimentaria, Empleo e Inversión y Minería a nivel de países y región.

Estos esfuerzos de las organizaciones de sociedad civil centroamericana en alianza con redes europeas son muy importantes, en tanto se busca aumentar la capacidad de incidencia para la vigencia de los acuerdos suscritos, el diseño y evaluación de políticas públicas conjuntas con  los gobiernos y la UE en el marco del Acuerdo de Asociación (ADA), el acompañamiento permanente del diálogo político con la UE y la priorización de las acciones y proyectos de cooperación internacional. De igual importancia son los estudios sectoriales sobre temas como la soberanía alimentaria, la minería y el empleo.

Estas iniciativas son aleccionadoras en tanto el ADA está en pañales, no así el  CAFTA-RD. Una de las quejas de organizaciones de la sociedad civil centroamericana es que no se le permitió participar en forma efectiva en el diseño del tratado comercial con EEUU, ya que en el caso de la protección a los bienes sensibles como el maíz, arroz, leche, huevos, mantequilla,  carne de res y cerdo,  su monto fue definido por los negociadores de ambos países,  o sea por una especie de poder burocrático que también existe con el ADA. En la práctica está protección no se respeta por los gobiernos, ya que ceden a la presión que ejerce la agroindustria por importar los productos a arancel cero con lo cual se afecta la soberanía alimentaria del país, el empleo e ingreso de los (as) productores (as).

Prácticamente con RD-CAFTA la voz de los sensibles no existe, en tanto las organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores (as) no están representados ni participan de las negociaciones de las asignaciones de cuotas de importación ni de los proyectos de cooperación y compensación social por los efectos negativos del Tratado. En el caso del ADA, las redes de organizaciones de comercio y sociales de la región deben exigir dicha voz y representación, ya que los gobiernos de Centroamérica, tal como sucede en el caso de Honduras, están pensando en organizaciones de sociedad civil afines a sus políticas, cuyos dirigentes son los que participan de las negociaciones con sus pares europeos. Hay que lograr el apoyo de organizaciones y agencias europeas para participar en las reuniones, en tanto por parte de los gobiernos de la región no existe ninguna asignación presupuestaria para viajar a Bruselas.

Otra exigencia es la vigencia de una agenda complementaria al ADA, que se integre a su agenda de implementantacion y a la agenda de gobierno.  En el caso de la CAFTA-RD y a diferencia de México,  los países de la región todavía no tienen en marcha una agenda complementaria al Tratado, que al menos compense efectos negativos en los productores de granos básicos y medio ambiente. En el encuentro del Salvador, los  representantes de la Red Centroamérica  de Comercialización Comunitaria (RED-comal) se manifestaron a favor de exigir a los gobiernos y la UE una agenda complementaria al ADA en materia comercial.

En el caso de los temas sensibles, las acciones deben orientarse  a la protección de la producción campesina y étnica agroalimentaria amenazada por la proliferación del monocultivo (Palma Africana, Azúcar, Cacao), los agro negocios tóxicos y semilla transgénica, que compite con las áreas de siembra de granos básicos y que afecta el ingreso de las familias rurales en situación de pobreza. Lo mismo puede decirse de la minería de cielo abierto y transfronteriza que afecta las fuentes de agua, medio ambiente y mantiene un régimen de trabajo sin garantías sociales básicas para los obreros. Según cifras de la CEPAL (2014) la dependencia alimentaria en arroz de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, se acerca peligrosamente a 90%  y en maíz Costa Rica (90%) y Honduras y el Salvador superaron el umbral de 40% dependencia alimentaria. La Minería Transfronteriza, donde existen empresas de capital europeo y canadiense, no respeta la lessgislaciion laboral de los países mucho menos las normas y leyes de protección ambiental.

Es importante avanzar en la denuncia para que estas empresas asuman como suyo el concepto de responsabilidad social empresarial, y los gobiernos en el ámbito municipal y local exijan el cumplimiento de la normativa laboral y ambiental. Pero también, las denuncias deben dirigirse a las instancias de decisión política en Europa y en  los países de la región (caso de los parlamentos) para que el diálogo se más incluyente. Por lo pronto, el grupo de monitoreo a tratados comerciales y  las redes de organizaciones europeas y centroamericanas que lo apoyan, ha marcado la ruta a seguir con el ADA e incluso con el CAFTA-RD.

Tegucigalpa, 11 de mayo de 2015