La década de los noventa fue de fundamental importancia para los territorios afrodescendientes y para los derechos de las comunidades negras.  Esta década fue marcada por dos hitos trascendentales: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre los derechos colectivos territoriales y culturales de las comunidades afrodescendientes.  Coincide esto con el surgimiento de una conciencia del valor de la región Pacífica en términos de diversidad biológica y cultural, tanto para el país como para el planeta.

La situación cambió drásticamente a finales de los 90 y durante la década del 2000, especialmente en los territorios afrodescendientes del Pacífico sur y del Norte del Cauca, con una apropiación colectiva de los territorios por las comunidades con los Consejos Comunitarios como autoridades propias.  Encontramos acciones o procesos que vulneran los derechos de las poblaciones y destruyen los territorios: Escalonamiento del conflicto armado, vinculación forzosa de la población al mismo y militarización de la vida cotidiana; incremento exacerbado de la violencia de género como instrumento de guerra; expansión de los cultivos para el uso ilícito de la coca y fumigación de los mismos, que acaba con los cultivos tradicionales y envenena las fuentes hídricas; actividades extractivistas de los recursos naturales, el aumento de la minería ilegal de oro que genera despojo, desplazamiento interno, deterioro social y cultural, e irreparables impactos ambientales; militarización de los territorios, que con frecuencia conlleva la represión de las organizaciones locales; constantes amenazas a líderes y lideresas, masacres y asesinatos por parte de los diversos actores armados con impactos en los proceso organizativos; macro-proyectos agroindustriales, tales como la palma aceitera y la caña de azúcar para la producción de agrocombustibles; y la adopción de Tratados de Libre Comercio que amenazan los derechos territoriales, económicos y culturales y de propiedad intelectual de los grupos étnicos.  Todo esto con la complicidad e inoperancia de las agencias del Estado.

El efecto acumulado de estos procesos es de tal envergadura que pueden ser caracterizados como crímenes de lesa humanidad, ecocidio y etnocidio.

Lo anterior ha implicado que los avances logrados a partir de la Ley 70/93 están siendo menoscabados, mediante el uso de la fuerza y medidas administrativas arbitrarias en contradicción con la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.  En años recientes, la situación ha alcanzado dimensiones críticas en muchas áreas del Pacífico sur y Norte del Cauca.  Estas comunidades, que viven en algunos de los territorios más antiguos y emblemáticos de afrodescendientes libres en las Américas, están siendo amenazadas y desplazadas por actores nacionales e internacionales interesados en sacar el oro y demás recursos de sus territorios, así como por actores armados de diverso tipo interesados en mantener control territorial para sus fines insurgentes o ilegales.

La protección y defensa de los territorios ancestrales

El territorio y la territorialidad son centrales a las aspiraciones de vida y autodeterminación de las personas y comunidades afrodescendientes.  Los territorios ancestrales, son espacios vivos, donde las vidas de la gente negra están interconectadas con la tierra, el medio ambiente, los recursos naturales y la naturaleza, las practicas ancestrales y los espacios sagrados donde el ser negro/afrodescendiente puede madurar y evolucionar personal, cultural, social y políticamente.

Con la titulación colectiva de más de 5.6 millones de hectáreas de territorios ancestrales, en ejercicio del derecho a la propiedad colectiva reconocido en la Ley 70/93, las comunidades afrodescendientes pasaron en las dos últimas décadas, de dinámicas tradicionales que han garantizado la protección y sostenibilidad de las riquezas naturales, biológicas, genéticas y culturales de los territorios, a las acciones de defensa del territorio y sus recursos como patrimonio propio y de la nación.

La defensa de los territorios ancestrales ha sido una batalla desigual y sangrienta que se contrapone con la noción capitalista, neocolonial, unidimensional y eurocéntrica de propiedad individual sobre la tierra como medio económico de producción y explotación.  Un millón y medio de desplazados internos[1], extremos índices de empobrecimiento, divisiones y fracturas de los procesos organizativos y la exacerbada violencia económica y de género en contra de la gente negra, son una consecuencia de esta extrapolación de lógicas.  Esta lucha política, que no es otra que por la autonomía y la autodeterminación en el espacio vital del territorio, tiene altos costos humanos para las comunidades.

Las mujeres al centro de la resistencia

Las mujeres han sido centrales en los procesos de formación de comunidades, formas sostenibles y solidarias de vida, reproducción de prácticas culturales y la protección de la vida y los territorios.  Desde la esclavización, pasando por los procesos de transformación económica del país, las mujeres afrodescendientes han estado ligadas a todas las formas y procesos productivos en condiciones de subordinación e invisibilidad.  El imaginario capitalista, sexista patriarcal dominante se enfoca en la cosificación de su cuerpo y su sexualidad y la explotación de su capacidad productiva.  La incorporación institucional de la mujer negra al desarrollo a través de formas predefinidas de producción y organización, han forzado el desplazamiento de las mujeres a las ciudades, su sobre explotación, sobrecarga laboral y alejamiento del territorio.  Dentro de las grandes violencias contra las mujeres negras, está la violencia económica causada por la imposición de la lógica capitalista en los territorios.

Sin embargo, las mujeres han desarrollado acciones de resistencia.  La sangre de muchas se encuentra en la tierra que han defendido para dejar una esperanza de vida digna a sus renacientes.

Después de las confrontaciones armadas, masacres, megaproyectos, en los territorios quedan las mujeres.  En medio del confinamiento y el terror causado por los grupos armados, quedan las mujeres.  Continúan cultivando, produciendo, organizando, resistiendo.

La expresión más radical de lucha y resistencia de los últimos años se localiza en el Norte del Cauca, Consejo Comunitario de La Toma, en el municipio de Suárez.  Desde el 1980 las comunidades vienen resistiendo la agresiva imposición de la lógica capitalista a través de los megaproyectos, la megaminería y la minería ilegal en sus territorios.

Las comunidades entienden las dimensiones de la amenaza que se cierne sobre ellas si multinacionales como la Anglo Gold Ashanti se toman las 6.5 mil hectáreas de su territorio ancestral dadas en concesión por la Autoridad Nacional Minera a la compañía, y ya viven la amenaza de la minería ilegal que ha entrado a destruir sus vidas.  Al centro de esta lucha, han estado las mujeres.

En noviembre 17, 2014, las mujeres del Norte del Cauca marcharon por ocho días desde el municipio de Suárez, hasta Bogotá y se tomaron las instalaciones del Ministerio de Interior por cuatro días, para forzar al gobierno colombiano a cumplir con los múltiples promesas que ha hecho de resolver el problema minero en sus territorios.

Mineras artesanales por tradición y convicción, comunicaron que se movilizarían “por la defensa de la vida y de los territorios ancestrales,” dando vuelta a la historia frente a las políticas de muerte.

“A pesar del abandono del Estado, hemos permanecido en resistencia frente a los megaproyectos, que en nombre de su visión de desarrollo y con el discurso de erradicar la pobreza, han venido generando condiciones de despojo, destierro y miseria.” … “Hoy nuestras vidas están en peligro y las posibilidades de existir como pueblo afrodescendiente es mínima.”[2]

La necesidad de tomar la situación en sus manos y recurrir a acciones directas, responde al cansancio que sienten las mujeres negras frente a una práctica sistemática de invisibilización, marginalidad y retórica de género y racial-democrática del Estado, y de las agendas desarrollistas de organismos como USAID y el Banco Mundial, que amenazan su empoderamiento y autonomía frente a las formas de vida propias que quieren desarrollar.

En Colombia los procesos organizativos de mujeres negras tienen el desafío de mantener su autonomía, identidad y visibilidad en un sistema pensado en masculino, altamente violento y totalmente comprometido con la agenda neoliberal trazada por los Tratados de Libre Comercio.  De tal suerte que una agenda de procesos emancipatorios y libertarios que sostengan propuestas de vida digna sobre una base territorial propia, está siempre enfrentada a las necesidades de subsistencia y los sofismas que le plantean las dinámicas capitalistas de mercado.

El reto para las comunidades afrodescendientes en la lucha por defender los territorios ancestrales y desarrollar formas de vida que respondan a sus aspiraciones de libre determinación, y en particular el reto para las mujeres afrodescendientes, es superar la retórica del sistema capitalista, neocolonial, racista y patriarcal con una ideología que, en la práctica, se traduzca en formas colectivas, comunitarias y solidarias, en territorios propios, de producción, protección y sostenibilidad de una vida digna, manteniéndose al mismo tiempo vivos-as en los territorios.  Este es el sentido profundo de la búsqueda por un Buen Vivir Afrodescendiente.

Charo Mina Rojas y Marilyn Machado Mosquera son integrantes del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (http://www.renacientes.org/).  Patricia Botero y Arturo Escobar pertenecen al Grupo de Académicos e Intelectuales en defensa del Pacifico Colombiano, GAIDEPAC.

* Publicado en América Latina en Movimiento, No.  501, “El Decenio Afrodescendiente”:http://alainet.org/publica/501.phtml