Nosotras y nosotros, activistas de SurDH, Red Alternativa de Derechos Humanos, expresamos nuestra enérgica condena a las sanciones del Gobierno de los EEUU contra nuestro país, que implican una declaratoria de la situación Venezolana como "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses". Esta medida, a todas luces constituye una acción sin fundamento y una clara violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos contemplado en la DUDH y en los diferentes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos (1).

 

Para SurDH, tal como señalamos el 16.06.14, resulta evidente que, más que un legítimo interés por los derechos humanos (cientos de ejemplos pueden demostrar su insolvencia en la materia), la política exterior de EEUU apunta a sobrevisibilizar violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Venezuela para criminalizar al Gobierno Bolivariano y legitimar una intervención directa o radicalizar su intervención indirecta (promoviendo insurrecciones, conspiraciones e inestabilidad). Es también muy evidente, que esto ocurre porque el camino, nacional, popular y socialista, por el que ha optado la mayoría de la población venezolana es contrario a los intereses modélicos de las corporaciones y las elites de EEUU, lo que se agrava por contar Venezuela con las reservas de petróleo más importantes del mundo.

 

Los EEUU carecen de moral para cuestionar la situación de los DDHH en Venezuela o cualquier otro lugar del mundo. Ese país es el primero en irrespetar los DDHH tanto de sus nacionales como de los nacionales de otros países del mundo; no ha suscrito los principales instrumentos internacionales de protección de los DDHH, pero en nombre de ellos ha mantenido una política belicista e injerencista contra todos aquellos países que deciden luchar contra las políticas imperiales que ahogan a sus pueblos.

 

En consecuencia, las personas y colectivos articulados en “SurDH”:

 

1. Exigimos a los poderes públicos de los EEUU que se abstengan de seguir vulnerando el derecho humano a la autodeterminación del pueblo venezolano y los llamamos a aceptar la propuesta de un diálogo bilateral franco y directo, para resolver las diferencias entre ambos Estados.

 

2. Repudiamos, en particular, la injerencia de EEUU en el sistema de justicia de nuestro país, al sancionar a una fiscal del Ministerio Público que investiga casos de asesinatos contra ciudadanos venezolanos, cuya impunidad propiciaría un aumento de la violencia en nuestro país.

 

3. Solicitamos a las organizaciones sociales, intelectuales y activistas que hacen vida en EEUU, que intervengan ante sus poderes públicos para exigirles respeten el derecho internacional de los derechos humanos y la voluntad mayoritaria expresada, en repetidas ocasiones, por el pueblo venezolano, de construir un modelo de sociedad democrática alternativa al capitalismo.

 

4. Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos de Venezuela y del mundo que se pronuncien en contra de esta declaración del Gobierno de Estados Unidas, claramente violatoria a los derechos humanos.

 

5. Alertamos a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo sobre las nefastas consecuencias que medidas como éstas han tenido para la paz y la estabilidad en otros países y regiones del mundo y pedimos su solidaridad para detener esta agresión de forma inmediata y decidida.

 

6. Agradecemos la solidaridad de los Estados y los pueblos articulados en la CELAC y la UNASUR, que se han pronunciado para acompañar al pueblo venezolano en el reclamo y reivindicación de su derecho humano a la autodeterminación.

 

1) El derecho a la autodeterminación de los pueblos está contemplado en las Cartas de la OEA y de la ONU, así como en el artículo 1, común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

 

 

Firman:

 

Ana Graciela Barrios

Antonio González Plessmann

Cristóbal Cornieles

Lucrecia Hernández

María Paula Herrero

Pablo Fernández

Marieva Caguaripano