Syriza y Podemos: ¿una vía hacia el poder del pueblo?

Eric Toussaint

17/02/2015

Opinión

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La experiencia demuestra que los movimientos de izquierda pueden llegar al gobierno pero, sin embargo, no llegan a conquistar el poder. La democracia, es decir el ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo, requiere mucho más. Hoy, el problema se plantea en Grecia con Syriza y en un futuro se planteará en España con Podemos, si ese movimientos ganara las elecciones generales de finales de 2015. El problema también se planteó en Venezuela a partir de las elecciones generales que ganó Hugo Chávez en 1998, en Bolivia con la de Evo Morales en 2005, en Ecuador con la de Rabel Correa en diciembre de 2006, o incluso, algunas décadas antes con la elección de Salvador Allende en Chile, en 1970.[1]

La cuestión se planteará para cualquier movimiento de izquierda que llegue al gobierno en una sociedad capitalista. Cuando una coalición electoral o un partido de izquierda llega al gobierno, no obtiene el poder real porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir del 1 % más rico, que incluso, con frecuencia, es menos que el 1 % de la población. Además, esa clase capitalista controla el Estado, el poder judicial, los ministerios de Economía y Finanzas, el banco central… En Grecia y en España como en Ecuador, Bolivia, Venezuela o Chile,[2] un gobierne determinado a ejercer cambios estructurales reales, deberá entrar en conflicto con el poder económico para debilitar y luego acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación y sobre el aparato del Estado.

Tratemos de hacer una comparación histórica. En 1789, gracias a la Revolución Francesa, la burguesía tomó el poder político en Francia, pero ella ya tenía el poder económico. Antes de conquistar el poder político, los capitalistas franceses eran los acreedores del rey de Francia y los propietarios de las principales fuentes del poder económico (la banca, el comercio, las manufacturas y una parte de las tierras). Después de la conquista del poder político, expulsaron del Estado a los representantes de las antiguas clases dominantes (nobleza y clero), las sometieron o se fusionaron con ellas. El Estado se convirtió en una máquina bien aceitada al servicio de la acumulación de capital y de sus beneficios.

A diferencia de la clase capitalista el pueblo no tiene capacidad para tomar el poder económico si, previamente, no accede al gobierno. Que el pueblo repita la progresiva ascensión hacia el poder que realizaron los burgueses en el marco de la sociedad feudal o de la pequeña producción mercantil es imposible. El pueblo no acumula riquezas materiales a gran escala, no dirige empresas industriales, bancos, el gran comercio y otros servicios. Es a partir del poder político (o sea, del gobierno) que el pueblo puede emprender la transformación de la estructura económica y comenzar la construcción de un nuevo tipo de Estado basado en la autogestión. Al dirigir un gobierno, la izquierda tiene acceso a las fuentes institucionales, políticas y financieras con el fin de iniciar profundos cambios a favor de la mayoría de la población. La autoorganización del pueblo, su auto actividad en la esfera pública y en los lugares de trabajo son condición sine qua non para el conjunto del proceso.

Porque para realizar cambios estructurales reales, es fundamental poner en marcha una relación interactiva entre el gobierno de izquierda y el pueblo. Este último debe reforzar su nivel de autoorganización y construir desde la base estructuras de control y de poder popular. Esa relación interactiva, dialéctica, puede volverse conflictiva si el gobierno duda en tomar las medidas que reclama la «base». El apoyo del pueblo a los cambios prometidos y la presión que pueda ejercer son vitales para convencer a un gobierno de izquierda de profundizar el proceso de cambios estructurales que implican una redistribución de la riqueza a favor de aquellas y aquellos que la producen. Es también vital para asegurar la defensa de un gobierno de ese tipo frente a los acreedores, a los valedores del antiguo régimen, a los propietarios de los grandes medios de producción, a los gobiernos extranjeros. Para realizar los cambios estructurales, primero se debe acabar con la propiedad capitalista en los sectores clave de la economía como las finanzas y la energía, transfiriéndolas hacia el sector público (servicios públicos bajo control ciudadano) así como apoyando o reforzando otras formas de propiedad con función social: la pequeña propiedad privada (especialmente en agricultura, en la pequeña industria, el comercio y los servicios), la propiedad cooperativa y la propiedad colectiva basada en la libre asociación.[3]

En dos de los tres países sudamericanos ya mencionados (en Venezuela entre 2002 y 2003[4] y en Bolivia entre 2006 y 2008[5]), el gobierno estuvo en conflicto abierto con la clase capitalista,[6] empero los cambios estructurales decisivos en el plano económico todavía no han sido realizados. Esas sociedades siguen siendo claramente capitalistas.[7] Evidentemente, ha habido avances reales a favor del pueblo como la adopción en los tres países de nuevas constituciones después de unos procesos constituyentes profundamente democráticos (elección por sufragio universal de una asamblea constituyente; elaboración de una nueva constitución adoptada por la asamblea constituyente luego de un amplio debate nacional; referéndum de aprobación de la nueva constitución); una amplia recuperación por el control público de los recursos naturales;[8] un aumento de la recaudación impositiva sobre los más ricos (especialmente en el caso de Ecuador) y sobre las grandes sociedades privadas nacionales o extranjeras; una mejora significativa de los servicios públicos o de las misiones de los servicios públicos; una reducción de las desigualdades sociales; un refuerzo de los derechos de los pueblos originarios; la recuperación de la dignidad nacional frente a las grandes potencias, en particular frente a Estados Unidos.

No podremos comprender la política de esos países si no tenemos en cuenta las importantísimas movilizaciones populares que jalonan su historia. En Ecuador, cuatro presidentes de derecha debieron huir, dejando el poder, entre 1997 y 2005 gracias a las movilizaciones de la población. En Bolivia, hubo importantes batallas contra la privatización del agua en abril del año 2000 y a fines de 2004. Las movilizaciones en torno a la privatización del gas en octubre de 2003 hicieron caer y huir (a Estados Unidos) al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En Venezuela hubo desde 1983 importantes movilizaciones que inauguraron las grandes luchas sociales contra el Fondo Monetario Internacional, que sacudieron al planeta en los años 1990 y comienzos de los años 2000. Hubo también hechos más espectaculares como las enormes movilizaciones populares del 12 de abril de 2002, manifestaciones espontáneas para repudiar el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, Esas movilizaciones tuvieron como efecto el retorno de Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores, desde el 13 de abril de 2002.

Mientras que los cambios políticos democráticos en esos tres países se silencian sistemáticamente en la prensa de los países más industrializados, una campaña de denigración, también sistemática, es orquestada con el fin de presentar a esos jefes de Estado como dirigentes populistas autoritarios.

Las experiencias de esos tres países andinos, en términos de adopción de nuevas constituciones, son muy ricas. Deberían inspirar a los pueblos y a las fuerzas políticas de otros países. Es suficiente comparar la situación de Europa con la ausencia de un procedimiento democrático en la adopción del Tratado constitucional en 2005 o del TSCG en 2014. Por supuesto, las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador presentan contradicciones e importantes límites que hay que analizar.[9]

Las grandes movilizaciones populares son un factor decisivo en la existencia y supervivencia de los gobiernos de izquierda. Podríamos, por supuesto, hablar también de las grandes movilizaciones populares de 1936 en Francia que condujeron a León Blum —que se hubiera contentado con «gestionar honestamente» la casa de la burguesía— a poner en marcha verdaderas medidas de izquierda, sin olvidar las movilizaciones en España en el mismo período, o las que, en una gran parte de Europa, siguieron a la segunda guerra mundial.

Volvemos con Syriza y Podemos

Si los gobiernos, dirigidos actualmente por Syriza, y mañana por Podemos, quieren realmente romper con las políticas de austeridad y de privatizaciones que se desarrollan actualmente en toda Europa, entrarán inmediatamente en conflicto con las potentes fuerzas conservadoras tanto en el nivel nacional como en el europeo. Y esto por el solo hecho de afirmar que su gobierno desea aplicar las medidas que demanda la población, que rechaza masivamente la austeridad. Syriza ahora, Podemos mañana, encuentra una dura oposición en las instancias europeas, en la mayoría de los gobiernos en la Unión Europea, así como en los dirigentes y los grandes accionistas de las principales empresas privadas, sin olvidar el FMI:

Incluso auto limitando su programa de cambio, Syriza seguirá aguantando una fuerte oposición, ya que, enfrente, las clases altas y las instancias europeas (íntimamente ligadas y solidarias) quieren llevar más lejos aún el mayor ataque concertado, en el ámbito europeo, contra los derechos económicos y sociales de los pueblos, sin olvidar la voluntad de limitar fuertemente el ejercicio de los derechos democráticos.[10]

Es ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010. Señalemos que François Hollande y Matteo Renzi, que tímidamente proponen aflojar el cinturón de la austeridad, buscan al mismo tiempo aplicar el modelo alemán en sus respectivos países: una precarización más avanzada de los derechos de negociación colectiva y de la protección de las conquistas de los trabajadores.[11] Esos no son los aliados de Syriza ahora ni de Podemos mañana.

También se debe considerar otro elemento, cuando se compara la situación del gobierno de izquierda de Grecia actual (u otro mañana) a la que encontraron Hugo Chávez (a partir de 2000), Evo Morales o Rabel Correa. A partir de 2004, el importante aumento de los precios de las materias primas (petróleo, gas, minerales…) que esos países exportaban permitió aumentar fuertemente la recaudación fiscal, que se utilizó para poner en marcha vastos programas sociales y grandes proyectos de inversiones públicas. Los gobiernos de esos tres países andinos aplicaron un proyecto que podríamos llamar neokeynesiano desarrollista:[12] fuerte inversión pública, aumento del consumo popular, aumento de los salarios bajos, nacionalizaciones (en el caso de Venezuela y de Bolivia) compensadas por generosas indemnizaciones a los propietarios nacionales o a las sedes extranjeras.

La parte más pobre del pueblo tuvo una mejora considerable de sus condiciones de vida, la infraestructura de esos países también mejoró y los beneficios de los capitalistas locales no se vieron afectados (en el sector financiero, los beneficios privados incluso aumentaron). Evidentemente, un gobierno de izquierda en un país periférico de la Unión Europea no podrá disponer del mismo margen de maniobra que los gobiernos de esos tres países andinos. Los países europeos de la Periferia se hallan aplastados por el peso de una deuda insostenible. Las autoridades europeas piensan ejercer toda la presión de la que son capaces, como lo muestra la reacción del Banco Central Europeo frente a Grecia a comienzos de febrero de 2015.

La conclusión que se impone es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones. Los gobiernos de izquierda deberán desobedecer a los acreedores, a las autoridades europeas y al FMI (unos y otros se confunden ampliamente) para ser fieles a sus promesas electorales. Tienen una legitimidad y un apoyo muy considerable, tanto en su país como en el ámbito internacional, evidenciando en qué grado la austeridad y las políticas europeas son rechazadas. El rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia del gobierno,[13] así como la decisión de no continuar con las privatizaciones y restablecer plenamente los derechos sociales que fueron afectados por las políticas de austeridad. Esa combinación es vital, puesto que de parte de los acreedores ya escuchamos elevar voces que proponen reducir el peso de la deuda de Grecia a cambio de la continuación de la política de reformas (o sea, de contrarreformas, de privatizaciones, precarización de los contratos de trabajo, de los derechos sociales, etc.)

Vemos difícil cómo un gobierno de izquierda puede evitar la socialización del sector bancario (es decir, la expropiación de las acciones privadas y transformar los bancos en un servicio público bajo control ciudadano), tomar medidas estrictas de control de movimientos de capitales, recaudar un impuesto sobre el patrimonio del 1 % más rico, rechazar los préstamos de la Troika condicionados por la prosecución de la austeridad y de las privatizaciones, rechazar el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos, incluso odiosa. Uno de los numerosos instrumentos de los que dispone un gobierno de izquierda para favorecer la participación y el apoyo popular, reforzando al mismo tiempo su posición frente a los acreedores, es la auditoría de la deuda con una participación ciudadana activa, con el fin de identificar la parte de la deuda que no se debería pagar y que sería necesario repudiar. A partir de eso, todo se volvería finalmente posible.

[1] Para la experiencia chilena consúltese: Frank Gaudichaud, Chili 1970-1973: Mille jours qui ébranlèrent le monde, Presses universitaires de Rennes, 2013.

[2] Cuba tuvo un proceso diferente al de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Chile, ya que la izquierda accedió al gobierno como consecuencia de haber ganado una lucha armada de varios años apoyada, en su fase final, por un enorme levantamiento popular (fines de 1958, primeros días de 1959). Véase entre otros: Fernando Martínez entrevistado por Éric Toussaint, «Du XIXe au XXIe siècle: une mise en perspective historique de la Révolution cubaine», publicada el 24 de diciembre de2014, http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article33911

[3] En los tres países andinos citados, y principalmente en Ecuador y Bolivia, es también fundamental sostener las formas de propiedad tradicional de los pueblos originarios (que mantienen, generalmente, un alto grado de propiedad colectiva).

[4] En Venezuela, las batallas más agresivas libradas por la derecha comenzaron al cabo de los tres primeros años del gobierno de Hugo Chávez, o sea, a comienzos de 2002. Se transformaron en enfrentamientos mayores como el golpe de Estado de abril de 2002, la huelga general de diciembre de 2002-enero de 2003, la ocupación de la plaza Altamira en Caracas por generales sediciosos y dirigentes de la oposición política. Comenzó el descenso de su intensidad después de agosto de 2004, gracias a la victoria del no en el referéndum revocatorio del presidente Chávez. Desde entonces, la derecha busca ocasiones para retomar la iniciativa, pero su capacidad de movilización se redujo considerablemente. Desde 2013, un sector importante de la clase capitalista participa activamente en la desestabilización del gobierno mediante la creación de una situación de penuria de muchos productos de primera necesidad, como los medicamentos, y el mercado paralelo de divisas (en el mercado negro, el dólar se cambia a casi 10 veces su valor oficial)

[5] En Bolivia, la derecha libró verdaderas batallas en 2007 y 2008 después de menos de dos años del gobierno de Morales. Utilizó la violencia varias veces y eligió una estrategia de batallas frontales en 2008. La victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto de 2008 con el 67,43 % de los votos no produjo una reducción de la violencia de la derecha. Por el contrario, esa violencia fue creciendo durante varias semanas después de su fracaso en el referéndum, especialmente porque se sentía capaz de reunir una mayoría en varias provincias clave del este del país. Una fuerte reacción del gobierno y la movilización popular frente a la masacre de partidarios de Evo Morales en la provincia de Pando (junto a eso, se produjo la condena internacional, en particular, de la UNASUR, que se reunió de manera extraordinaria en septiembre de 2008 para dar su apoyo al gobierno de Evo Morales), lograron provocar un armisticio (provisorio). Después de un año de boicot, la derecha se comprometió a aceptar la organización del referéndum sobre la nueva constitución. Eso terminó con una nueva victoria de Evo Morales a fines de enero de 2009: la nueva constitución fue aprobada por el 62 % de los votantes. En octubre de 2014, Evo Morales fue reelegido con el 61 % de los votos.

[6] En Ecuador no hubo un período de choque entre el gobierno y la clase capitalista en su conjunto, aunque hubo tensiones considerables en 2008, especialmente en Guayaquil, el principal puerto del país.

[7] Analicé el procesos que se estaba desarrollando en esos tres países en el estudio: «Venezuela, Équateur et Bolivie: la roue de l’histoire en marche», publicado el 2 noviembre de 2009, http://cadtm.org/Venezuela-Equateur-et-Bolivie-la. La versión impresa apareció en la revista Inprecor en 2009. Véase también: Eric Toussaint, El Banco del Sur y la nueva crisis internacional , El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2008, que contiene un análisis de la evolución de Venezuela, Bolivia y Ecuador hasta comienzos de 2008. Véase también la obra colectiva titulada «Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine», publicado bajo la dirección de Frank Gaudichaud por Textuel en París, en abril de 2008..

[8] Bolivia nacionalizó el petróleo y la producción de gas en 2006, Evo Morales envió al ejército para controlar los campos petroleros, pero las multinacionales continúan activas ya que son las responsables de la extracción del petróleo y del gas, aunque el Estado es el propietario de los yacimientos.

[9] Véase la posición del CADTM respecto a la relación del gobierno ecuatoriano con la CONAIE y otros movimientos sociales del país: http://cadtm.org/Carta-a-Rafel-Correa-Presidente, publicada el 19 de diciembre de 2014. Desde fines de 2014, el gobierno ecuatoriano dio marcha atrás y la CONAIE no ha sido expulsada de su sede.

[10] Véase: http://cadtm.org/La-Union-Europea-conculca-las, publicado el 19 de diciembre de 2014.

[11] Véase http://cadtm.org/El-modelo-aleman-exportado-al, publicado el 9 de enero de 2015

[12] El adjetivo «desarrollista» se refiere a las políticas que se realizaron en el período 1940-1970 en una serie de países latinoamericanos. Esas políticas consistían en que el Estado aportase un importante apoyo al desarrollo económico, pero bajo su guía. Véase la definición dada por el economista argentino Claudio Katz, en castellano: http://katz.lahaine.org/?p=232

[13] Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador podían continuar con el pago de la deuda al mismo tiempo que desarrollaban políticas anti austeridad porque el peso de la deuda era sostenible desde el punto de vista presupuestario. Ecuador que suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda después de haber realizado la auditoría de la misma, consiguió derrotar a sus acreedores aunque, desde el punto de vista financiero, podría haber continuado pagando la deuda en su totalidad. El interés en rechazar el pago de deudas ilegítimas, en ahorrar en la recaudación fiscal destinada al pago de la deuda, y en cambio utilizar ese dinero en beneficio del pueblo, fue lo que llevó al gobierno ecuatoriano a tomar la decisión legítima de negarse a pagar una parte de su deuda. Venezuela que siguió otra política está en la actualidad confrontada a graves problemas de refinanciación de su deuda.

Éric Toussaint

Doctor en ciencias políticas por la universidad de Lieja y Paris VIII, historiador de formación, Éric Toussaint es portavoz del CDTM Internacional. Lucha desde hace muchos años por la anulación de la deuda de los países del Sur y de las deudas públicas ilegítimas en el Norte. Fue miembro de la Comisión de Auditoría Integral de la deuda de Ecuador (CAIC) puesta en marcha en 2007 por el presidente Rafael Correa. Ese mismo año, fue también consejero del ministro de Finanzas y del presidente de Ecuador en lo que concernía la creación del Banco del Sur. En 2008, fue consejero del ministro de Desarrollo Económico y de Planificación de la República Bolivariana de Venezuela.

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