Colombia

Paz: Desescalando en forma

Horacio Duque

07/01/2015

Opinión

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Un viejo axioma de las gramáticas políticas sugiere que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero el apotegma no propone eliminar el ejercicio del diálogo y los acuerdos que caracterizan esa vieja actividad humana que conlleva la relación civil entre las personas para resolver los conflictos y la infinidad de problemas que surgen en las sociedades. Los únicos que han tenido esa pretensión son los seguidores del neoliberalismo que siempre han querido reemplazar la política por la competencia y los mercados. Su ideal es supeditar la democracia a los dictámenes del mercado, los precios, las ganancias y a las lógicas bélicas.

La guerra en Colombia está llegando a su fin. La paz es cada día una realidad irreversible. Es el reflejo de la preponderancia de los códigos, argumentos y símbolos de la política. La más reciente expresión de esta tendencia son las decisiones tomadas por las partes plenipotenciarias para bajar la intensidad del conflicto y de esa manera llegar a un cese al fuego y de hostilidades bilateral, en el mediano plazo.

Después de la determinación de las Farc de adelantar un cese al fuego y de hostilidades unilateral e indefinido el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha proyectado actos recíprocos para detener las operaciones militares ofensivas (http://bit.ly/1IqkXre ).

En gran medida todo es consecuencia del trabajo adelantado por una sub comisión integrada por oficiales de las fuerzas militares y delegados de las Farc, que debaten los detalles del "fin del conflicto" armado, pues hay que considerar, como lo plantean expertos, que los aspectos de esta materia, tanto en lo jurídico y en lo militar, corresponde ser definido por técnicos especializados. Simplemente, se trata de resolver el problema que plantea cómo, cuándo, dónde y a través de que mecanismos se puede llevar a cabo la integración de los combatientes a la lucha política (http://bit.ly/1xRtUXO).

Esa no es una tarea fácil. Se requiere conocer el territorio, la realidad de la confrontación, la distribución de aparatos armados, los mecanismos de control y verificación de las decisiones, los corredores de seguridad, los canales de comunicación y coordinación, la participación de la comunidad internacional, las medidas de protección que se deben adoptar para los desmovilizados, si existirán zonas de concentración, el registro y destrucción de armas, los niños reclutados, la información relacionada con campos minados, las redes de finanzas, el soporte logístico, en fin, una larga lista de cuestiones que exigen la experticia de los miembros de las fuerzas armadas y la guerrilla (http://bit.ly/1xRtUXO) .

Colocados en este plano concreto del debate la pregunta que resulta adecuado formularse es la siguiente:

¿Qué es desescalar el conflicto y en qué consiste el mismo?

Desescalar el conflicto no sería otra cosa que el gobierno y las Farc, decidieran de común acuerdo, dar cumplimiento estricto a las leyes de la guerra: al estatuto de combatientes, aplicación rigurosa del Derecho Internacional Humanitario y la salvaguarda y aplicación de los Derechos Humanos, entre otras posibilidades del derecho internacional, aplicado al contexto y realidades del conflicto armado colombiano (http://bit.ly/1xRPONJ).

En ese sentido el desescalamiento de la confrontación serian un conjunto de acciones muy concretas que se deben ir gradualmente implementando.

Inicialmente se ha sugerido por algunos expertos en la materia que la Fuerza Pública puede dejar de utilizar cierto tipo de artillería, como morteros o bombas de racimo y asaltos aéreos a los campamentos guerrilleros. Esto tiene que ver con usar medidas de fuego de menor proporcionalidad o, incluso, yendo más allá: decidir no adelantar operaciones ofensivas contra objetivos de alto valor de la guerrilla (http://bit.ly/1IqkXre ).

Otros han formulado un cuadro sistemático de medidas que bajen la intensidad del conflicto y que a su juicio deben debatirse sin prejuicios y con el interés de ampliar los detalles del desescalamiento del conflicto (http://bit.ly/1xRPONJ).

Esas medidas insinuadas son las siguientes:

- Establecer una precisa distinción entre combatientes y no combatientes, entre combatientes y población civil, un compromiso de salvaguarda de la vida y los bienes de la población civil, la vida y la integridad de los combatientes que en medio de la confrontación queden en condiciones de indefensión, la no ejecución, ni practica de tortura y el reconocimiento pleno de sus derechos en las mejores condiciones posibles. No incurrir bajo ninguna circunstancia en prácticas de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

- Hacer uso de la fuerza teniendo como criterios absoluta necesidad y proporcionalidad.

- Disminuir en los territorios y poblaciones el uso desproporcionado de las armas convencionales (Bombardeos y ametrallamientos) y no convencionales (Cilindros, bombas o tatucos, minas) y no emplear métodos o medios de combate cuyos efectos no es posible limitar de conformidad con lo prescrito o que están proscritos de los usos y costumbres de la guerra. No emplear métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto. Ni emplear métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar.

- No realizar ataques indiscriminados, como parte de una estrategia de sembrar terror en la población civil. No hacer padecer hambre a las personas civiles como método de combate. Ni Atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Ni utilizar el bloqueo o el asedio como método de combate contra la población civil. No atacar las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber: las presas, los diques, torres de energía eléctrica, gaseoductos.

- Acordar procesos de desminado que afectan a la población civil y del uso de todo tipo de artefactos explosivos que pueden ocasionar muertes, lesiones físicas, mutilaciones o afectaciones de tipo mental, psicosocial y económicas a la población civil.

- Suspender el ataque a la infraestructura estratégica del país. Frenar la toma violenta de poblaciones.

- No ocupar escuelas, ni iglesias, ni hacer uso indebido de la misión médica. Ni incurrir en ocupación, destrucción, inutilización, o cualquier otra forma de causar daño a instituciones educativas, religiosas o de salud para destruir parcial o totalmente los lugares, causar muertes o daño a la población civil y a funcionarios, o sembrar temor entre ellos. Igualmente no interferir en el normal funcionamiento de las instalaciones ni utilizarlas como albergue o para hacer campañas y distribuir propaganda.

- No incurrir en ejecuciones extrajudiciales, ni en detenciones-secuestro, desapariciones, ni retenciones o capturas. No utilizar a retenidos como rehenes. Liberar a secuestrados sin condiciones y de manera inmediata, a prisioneros de guerra y a presos políticos que se encuentren en condiciones críticas de salud y que no representen ningún peligro para la sociedad.

- Garantizar a presos políticos y a prisioneros de guerra el ejercicio de sus derechos. No mantenerlos incomunicados, aislados y en riesgo, ni incurrir en tratos crueles, inhumanos y degradantes.

- Ofrecer todas las condiciones para que se garantice el debido proceso tomando en consideración aspectos como: Informar al acusado de los detalles de la infracción que se le atribuye. Garantizar al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios. Condenarlo por una infracción con fundamentos distintos a los de la responsabilidad penal individual. Condenar a una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho. Imponer al condenado una pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracción y con premeditación por su condición política o ideológica; Impedir que el condenado se beneficie de una pena más leve sí, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley la dispusiera. No presumir la inocencia de una persona acusada o presumir su culpabilidad sin pruebas recaudadas conforme a la ley. Impedir que la persona acusada se halle presente al momento de ser juzgada. Obligar a la persona acusada a declarar contra sí misma o a confesarse culpable.

- No incurrir en prácticas de reclutamiento forzado de la población, ni de niños ni niñas y adolescentes (NNA). Sacar a los menores de las acciones militares. No utilizar NNA como combatientes, cocineros, vigías, mensajeros, espías o informantes o para propósitos sexuales. Esta violación incluye la participación de NNA en actividades puntuales, como labores de inteligencia, independientemente de que hagan parte regular o no de un grupo armado o de las fuerzas armadas.

- No involucrar a la población en la guerra (informantes), ni hostigarla para sacarle información sobre el enemigo.

- No propiciar desplazamiento forzado de personas o grupos de personas, no apropiarse de sus pertenencias, ni generar actos de violencia generalizados. Oponerse a las formas del despojo y el desarraigo de pobladores. No instalar retenes, ni ejercer control sobre el abastecimiento. Permitir la libre circulación de los pobladores. No destruir casas, cosechas, ni semovientes.

- No incurrir en prácticas de agresión sexual contra las mujeres, lo que incluye violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

- Evitar las prácticas de discriminación racial contra combatientes y población civil que conducen al ejercicio de la violencia y a la violación de derechos fundamentales.

- Respetar los territorios, las poblaciones indígenas y afrocolombianas, su cultura, su organización social y política, el ejercicio de su autonomía sobre sus territorios. Además de considerar la categoría de grupos étnicos, es necesario incluir otros grupos como partidos políticos, población LGBTI, periodistas, sindicalistas, entre otros.

- Respetar el derecho a la movilización y a la protesta pacífica de los pobladores de las regiones, así como de los campesinos, trabajadores, ambientalistas, mujeres, defensores de derechos humanos, jóvenes, indígenas, comunidades afro- descendientes, estudiantes y en general de todas las formas organizadas de la sociedad civil.

- Hacer un mapa de desescalamiento dando prioridad a las regiones más azotadas por la guerra y la violencia, involucrar a los gobiernos locales y departamentales, utilizar el acompañamiento internacional, presencia de organismos como Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, redes y veedurías ciudadanas de paz, entre otras posibles instituciones y formas de organización ciudadana (http://bit.ly/1xRPONJ) .

Es igualmente necesario que el gobierno y las FARC-EP, piensen conjuntamente qué medidas se pueden implementar en las regiones para combatir el paramilitarismo y las proliferantes Bandas Criminales.

Es mentira, como lo afirma la ultraderecha uribista para manipular a la ciudadanía, que un desescalamiento del conflicto y un cese bilateral implique que el Estado deje de cumplir sus funciones constitucionales. Las Fuerzas Militares deben seguir cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, sobre todo de defender las fronteras y la soberanía, sin agredir violentamente los territorios y sus poblaciones como lo están haciendo hoy algunos militares irresponsables en ciertos lugares del Meta (Macarena y la Uribe), Antioquia (Nudo del Paramillo), Cauca (Toribio), Nariño, Choco, Caquetá, Putumayo, Bolívar y el Catatumbo

Otro aspecto que es necesario considerar en este debate sobre el desescalamiento es el tema del paramilitarismo. Lo cierto es que el neoparamilitarismo anda como Pedro por su casa y las Bandas criminales administran territorios con el visto bueno de la policía y las brigadas militares. En Bogotá, el paramilitarismo se mueve muy holgadamente en las Localidades de Bosa, Soacha, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme. En Cúcuta los Usugas son los dueños de la ciudad y la Frontera contando con la complicidad oficial.

Nota. El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro y su círculo de áulicos, está utilizando el tema de la paz para oxigenarse políticamente. Es la muestra de su acostumbrado cinismo y oportunismo político, después de que a lo largo de los gobiernos de Uribe y Santos presiono la extradición de los líderes de la guerrilla a las cárceles norteamericanas y que celebro a rabiar los casos infames de Simón Trinidad y Sonia, hoy condenados a largas penas en prisiones gringas.

https://www.alainet.org/es/articulo/166613?language=es