Colombia

El papel de las Fuerzas Militares y la seguridad en la democracia

Antonio Madariaga Reales

03/11/2014

Opinión

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Las posibilidades, a nuestro juicio, cada vez mayores de que haya un acuerdo de terminación del conflicto como resultado de las conversaciones de La Habana y las que se abran, ojalá a la mayor brevedad con el ELN, han puesto sobre el tapete, aun de manera tímida, el debate sobre el futuro de las Fuerzas Militares, desnudando un muy importante déficit en la democracia colombiana.

El que corresponde a la consideración de que ese futuro, el de las Fuerzas Militares en condiciones de no-conflicto, no es una discusión de la sociedad porque la sociedad no debe intervenir en ello, toda vez que ese futuro debe ser definido solo por los militares mismos.

Esta errada y antidemocrática comprensión forma parte de una consideración general de que el asunto de la seguridad es un asunto de los militares y lo que es peor que seguridad y orden público son casi lo mismo.

Pero empecemos por el principio. El arreglo del Frente Nacional, de 1957, además de que repartió el poder entre liberales y conservadores, entregó a las Fuerzas Militares el manejo del orden público. Posteriormente las condiciones del largo conflicto armado colombiano, nos ha llevado a creer que la democracia se sostiene por el poder de las armas, y que como han declarado recientemente algunos altos funcionarios, incluidos el presidente Santos y el ministro Pinzón, y en el pasado “el innombrable”, las Fuerzas Armadas son la “columna vertebral de la democracia”[1]. Pues no, la columna vertebral de la democracia moderna son los derechos humanos.

Cuando el General Palomino, director general de la Policía, en su intervención en el Foro sobre el papel de los defensores/as de derechos humanos, organizado por la Unión Europea y otras organizaciones, se refería al rol de la policía en la defensa de los derechos humanos decía, “es que nosotros los consideramos muy importantes y lo hacemos por convicción” de nuevo considera esa actuación alrededor de la garantía de los Derechos Humanos como algo voluntario, propio de su talante. Otra vez no, General Palomino. Lo deben hacer porque es una obligación constitucional que define su misión en el artículo 218 como “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

En estos dos asuntos esta buena parte de la discusión pendiente. El primero en la noción misma de las Fuerzas Armadas, como cuerpo más o menos autónomo o más aun como estamento de la sociedad y el segundo en el carácter voluntario de su aceptación de las reglas de la democracia.

Por esas dos razones, es posible en Colombia que sin discusión de la sociedad, el ministro Pinzón declare, “las Fuerzas Militares se están preparando para enfrentar desde ya los retos de seguridad que supone el fin del conflicto armado en el país” y en declaraciones para Acore dijo, “Lo que estamos planeando es unas Fuerzas Militares y de Policía fuertes, con la capacidad para enfrentar la delincuencia y las organizaciones criminales que puedan surgir en el futuro, pero también para garantizar nuestra soberanía, proyectar a Colombia en el concierto internacional para que contribuya a la paz y a la estabilidad global, en fin... Aquí seguimos pensando en unas Fuerzas Armadas que sean fuertes en el bienestar de su personal, unas Fuerzas Armadas fuertes en equipos. Y necesitamos también unas Fuerzas Armadas con seguridad jurídica. Esa es una lucha que hay que seguir dando”.

La seguridad y el futuro de las Fuerzas Militares y de Policía deben ser asuntos de toda la sociedad. Las políticas que definan estos aspectos cruciales para la vida de la sociedad deben ser abordadas como cualquier otra política pública, con un enfoque basado en derechos y por lo tanto sometidos a los criterios de transparencia y participación.

Los recientes episodios de filtraciones de datos, las interceptaciones ilegales de comunicaciones, las infracciones a las normas del DIH, el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, son parte de un cuadro donde se muestran las múltiples formas de “militarización de la vida nacional”, que tiene expresiones en la omnipresencia de los militares en publicidad en la televisión, en que sean una fuente única para los asuntos de orden público, en la existencia de una enorme cantidad de instalaciones y batallones, de extensas zonas del territorio nacional donde la debilidad del Estado se expresa en que la única presencia del mismo es la presencia militar, en la frecuencia de los actos de gobierno en instalaciones militares ampliamente cubiertos por los medios, la realización de algunos de los más importantes anuncios del gobierno en esas ceremonias militares y lo que, paradójicamente puede ser una ventaja a futuro, en lo que significa la presencia de dos generales retirados entre los diez negociadores del cese de la confrontación armada con las FARC y en la subcomisión donde se busca iniciar la discusión de diferentes opciones y modelos para la dejación de armas, desmovilización y cese al fuego que sólo se implementarían en caso de que haya la firma de un acuerdo final.

La lista de correos en poder del CIME, parcialmente revelada esta semana, que incluye miembros de ONG, probablemente nosotros entre ellos, muestra que las actividades de sectores poderosos de las FF.MM, están desbordadas y sin control, con absoluto desprecio por la ley y la institucionalidad, y llevan a preguntarse si el presidente Santos es verdaderamente el comandante de las Fuerzas Armadas o un rehén de las mismas.

A su vez el movimiento de Derechos Humanos, exitoso, aunque con grandes sacrificios en su tarea de resistencia y denuncia en los pasados 40 años, resulta con la suficiente madurez para abordar, en una perspectiva de condiciones para la plena vigencia de los DD.HH, una actitud proactiva de construcción en lógica de políticas públicas de seguridad, porque si no será un tema de propiedad de lo más rancio de nuestra oligarquía colombiana.

Antonio José Madariaga Reales

Director Ejecutivo, Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 423

Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2014

Corporación Viva la Ciudadanía

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[1] Declaraciones del Presidente Santos, en la base militar de Tolemaida el 23/02/2014

https://www.alainet.org/es/articulo/165205?language=en