Colombia

Proceso de paz requiere de amplio apoyo, movilización ciudadana y políticas y compromisos coherentes

Álvaro Villarraga Sarmiento

21/12/2012

Opinión

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El balance del curso de las negociaciones Gobierno-FARC en general es positivo, en breve tiempo un acuerdo general para finalizar la guerra, el desarrollo de dos rondas de conversaciones sobre la agenda convenida, importante apoyo de la comunidad internacional, un necesario avance discreto de los trabajos de la mesa de negociaciones que se conjuga con la importante convocatoria reciente a la participación ciudadana para presentar propuestas sobre el primer tema considerado - la tierra y la política agraria-, la declaración unilateral de tregua temporal por las FARC y las aproximaciones –aunque lentas y aún no claras- con el ELN. No obstante, no existe suficiente conciencia del significado histórico del proceso ni el nivel de respaldo requerido del conjunto de la población al proceso de paz; existe oposición activa desde la extrema derecha liderada por el ex presidente Uribe y los círculos más guerreristas; altas desconfianzas desde muchos lugares; incoherencias de las partes ante las necesidades que impone la negociación y hasta ahora despuntan las múltiples iniciativas ciudadanas, sociales, políticas e institucionales, que habrán de concurrir para hacer factible el cese de las hostilidades y la recuperación de la paz.

Un balance de lo transcurrido deja en claro un innegable avance satisfactorio, a pesar de las debilidades y aspectos discutibles que se puedan esgrimir con justeza sobre el curso del proceso y sobre las posiciones de las partes y de otros actores políticos, sociales e institucionales al respecto. En poco tiempo se surtieron: una fase discreta de unos seis meses que permitieron llegar a un importante Acuerdo General para la terminación de las hostilidades que definió los criterios y la agenda básica de negociación, de forma que por sus términos convocó amplio respaldo interno e internacional. El cuatro de septiembre pasado el presidente Santos anunció el inicio oficial del proceso de paz, introduciendo un giro político de fondo en la coyuntura nacional. El 18 de octubre en Oslo se instaló la mesa de negociación y si bien –como era previsible- se presentaron tensiones a partir de los discursos de las partes y altas exigencias guerrilleras en determinados asuntos que contrastaron por su negación al reconocimiento de víctimas causadas, se dio lugar al inicio de las negociones. El 19 de noviembre en La Habana las FARC declararon un cese al fuego unilateral en las acciones ofensivas al inicio de la primera ronda de conversaciones. El pasado 5 de diciembre se inició la segunda ronda en La Habana y desde la mesa de negociación se promovió un importante foro sobre el tema agrario con amplia invitación a gremios, organizaciones sociales y sectores académicos organizado por la UN y la ONU. Se espera el próximo 8 de enero el reinicio de la discusión de la agenda en la mesa de negociación. Esto muestra un camino recorrido con avances, un trabajo discreto que habrá de hacer público en el momento indicado los logros y el inicio de una necesaria dinámica de convocatoria ciudadana y social, que se conjuga con otras iniciativas institucionales como las del Congreso, sociales y regionales como la del Cauca que expresa la convergencia indígena y social en propuestas hacia la paz y el tratamiento humanitario.

Aproximarnos a un acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno nacional y las FARC es un asunto de trascendencia histórica, de alta contribución hacia solucionar de manera definitiva el conflicto armado y, más aún, si converge con otro acuerdo similar con el ELN, para cerrar los entendimientos negociados con la insurgencia y poder emprender en firme una estrategia integral de construcción de paz, con el concurso del Estado y la sociedad. Sin embargo, por diversos factores no hay suficiente claridad en el conjunto de la ciudadanía sobre la dimensión de lo que está en juego, existe oposición activa al proceso y no se ha llegado a propuestas y consensos definitivos que garanticen hagan irreversibles los entendimientos. Además, son notorias la fragilidad y las deficiencias e incoherencias de las partes en torno a las demandas políticas y de actuación que les exigen las posibilidades del propio proceso. En consecuencia, resulta decisiva la incidencia desde todos los ámbitos políticos, sociales, institucionales, de opinión y de movilización social y ciudadana, para conseguir dinámicas y compromisos que hagan irreversibles las posibilidades del proceso de paz, tanto en términos de conseguir el cese negociado de las hostilidades como en la perspectiva más general de imponer en todos los ámbitos estrategias y medidas a tono con la construcción de la paz.

El gobierno tiene ventaja estratégica en lo político y lo militar, pero urgencia ante la necesidad de conseguir resultados en el tiempo perentorio de un año, de lo contrario se pone en riesgo el conjunto de su mandato y la posibilidad de su reelección. Comprende que la prolongación de las hostilidades traerá altos costos a todo nivel en el mediano plazo, no permitirá la solución definitiva de graves problemáticas persistentes en derechos humanos y derecho humanitario y que, por el contrario, conseguir pactos de paz con estas guerrillas le traerá inmensas posibilidades políticas en el orden interno e internacional. No obstante, el presidente Santos aunque ha desarrollado una clara estrategia de negociación con las FARC no ha adoptado una política de paz coherente con las posibilidades del proceso que se gesta. En realidad no se conoce cuál es su apuesta al respecto, que debía ser de necesaria apertura reformadora y democratizadora, tanto para hacer viable el cierre de la guerra como, lo más importante, retomar un sentido real de transición que haga factible consolidar la paz como proceso institucional y social.

Por el contrario, preocupa al respecto la reiterada expresión gubernamental en el sentido de afirmar que están dadas todas las condiciones para la paz, en colocar el acento en la exigencia de disposición de la insurgencia a una pronta desmovilización y en la ambivalencia que significa mantener la ofensiva militar -incluso arreciando ataques en varias regiones como respuesta a la declaratoria de tregua guerrillera-, un agresivo y guerrerista discurso del Ministro de Defensa y la promoción de medidas legislativas regresivas como la ampliación del fuero militar de manera que se extienden las posibilidades de la demostrada impunidad de la Justicia Penal Militar y la reforma tributaria que grava al trabajo y favorece al capital. Se espera, por supuesto, que el avance en el tratamiento de la agenda en la mesa de negociación, que avanza con discreción necesaria pero que puede significar dejar de establecer resultados públicos de lo conseguido, junto con los positivos ejercicios de convocatoria ciudadana y social iniciados con el concurso tanto de las Comisiones de Paz del Congreso como de la propia mesa Gobierno-FARC, desaten el ambiente necesario de propuestas y debate político que alimente tanto las negociaciones, como principalmente las políticas públicas y las medidas y acciones a todo nivel para generarle condiciones de posibilidad a la paz.

Las FARC, comprenden que se agotan sus posibilidades estratégicas a pesar de cierta recuperación de iniciativa y capacidad de actuación militar, adoptan ahora una posición y unas propuestas más realistas, hacen bien en declarar tregua unilateral y en demandar que haya consulta ciudadana, pero pagan un alto costo político en amplios sectores de la población producto de equivocadas posiciones y actuaciones, que van más allá de la sistemática acción estatal contrainsurgente desarrollada en la última década. Se equivocan cuando pretenden negar la existencia de víctimas ocasionadas en el marco de reiteradas conductas violatorias del derecho humanitario, por lo cual si bien reclaman sobre violaciones efectivamente cometidas contra varios de sus integrantes y contra población civil de su entorno social y político, ello no puede entenderse como una disputa sorda, sino que necesariamente habrá de llegar a aproximaciones de recíprocos reconocimientos de las graves afectaciones causadas contra la población civil por parte de todos los actores de la guerra. Positiva también es la propuesta, lamentablemente desatendida por el gobierno y por amplios sectores de opinión, sobre la opción de llegar a un pronto acuerdo de regularización de las hostilidades, de forma que si no se consigue pronto un cese al fuego bilateral y continúan las hostilidades, las partes asuman formalmente compromisos de observación de exigencias humanitarias.

Es de reconocer el valioso esfuerzo de las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara que consiguieron en coordinación con el PNUD realizar entre octubre y noviembre pasado nueve encuentros regionales para sistematizar propuestas que remitieron a la mesa de negociación sobre los temas de desarrollo agrario integral, participación política y sustitución de cultivos de uso ilícito. Entre ellas trascendieron, entre otras, iniciativas legales y de otro orden hacia disminuir la concentración de la propiedad de la tierra y su exagerada dedicación con dinámicas improductivas a la ganadería extensiva, el cuestionamiento a la política de estímulo a los monocultivos de exportación con detrimento a la soberanía alimentaria y la economía campesina diversa, la defensa de los resguardos indígenas, las zonas de economía campesina y los consejos comunitarios afro-descendientes, el llamado a tomar medidas para viabilizar la economía campesina y evitar la venta forzada por inviabilidad productiva o ausencia de garantías con relación a las posibilidades de la restitución de tierras y el retorno de los desplazados, el fomento de los mercados campesinos, la necesidad de resarcir los efectos del TLC, la revisión de la política minera que entrega amplios territorios a las multinacionales en detrimento social, campesino, de pueblos indígenas y del medio ambiente.

De igual manera, el reciente foro en Bogotá, promovido por la mesa de negociación Gobierno-FARC y convocado por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional y el PNUD del Sistema de las Naciones Unidas, permitió el tratamiento detallado, a fondo y con múltiple presentación de propuestas sobre el tema del agro y sus políticas así como sobre otros asuntos relacionados con la negociación, cuyos trabajos se entregarán de forma sistematizada también a la mesa Gobierno-FARC en La Habana. La ocasión sirvió de motivo para medir la expectativa y el pulso nacional hacia la paz, de forma que pronto articulista y voces contrarias a la paz se apresuraron a alertar, en términos de llamar a no aceptar la interlocución “con narco-terroristas” y a oponerse a que los diálogos de paz asuman una agenda política que convoque un necesario debate nacional. De igual manera, en contraste con los demás gremios, Fedegan a través de su presidente José Félix Lafouri, se negó a asistir al foro y lo descalificó ante el rechazo a la vía del diálogo con la insurgencia. Bien hicieron el presidente Santos y varios ministros de su despacho en criticar la actitud de Fedegan, pero ojalá ello conlleve también a la consecuente aceptación de la apertura de un debate nacional que habrá de llevar a revisar políticas públicas, el modelo de desarrollo y varios temas cruciales, que son del corazón en parte de las propias negaciones de paz, pero ante todo de las decisiones políticas a adoptar para hacer históricamente viable la posibilidad coyuntural de la paz.

Álvaro Villarraga Sarmiento

Presidente Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 334

Semana del 21al 27 de diciembre de 2012

Corporación Viva la Ciudadanía

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