Deuda si ¿Buitres no?
02/12/2012
- Opinión
La acción de los fondos buitres a través de la justicia norteamericana puso en el tapete del debate político y mediático el casi desaparecido problema de la deuda argentina. La cronología que detallamos muestra que, más allá de los discursos, la deuda siempre se paga.
Seis escenas resumen los acontecimientos de los últimos dos meses:
Escena 1: el 2 de octubre, a raíz de un juicio iniciado por el fondo especulativo NML (uno de los tenedores de bonos que quedaron fuera del canje del 2005), el gobierno de Ghana acató la decisión de la justicia norteamericana y ordenó el embargo de la Fragata Libertad.
Escena 2: “No vamos a aflojar” dijo la presidenta Cristina Fernández al asegurar que no se le pagaría al fondo buitre que embargó la nave insignia.
Escena 3: La presidenta rechaza de plano la posibilidad de reabrir el canje de deuda para negociar con los "fondos buitres".
Escena 4: por la acción NML, el mismo de la escena 1, el juez norteamericano Thomas Griesa ordenó que Argentina le pague a los holdouts la suma de 1.333 millones de dólares más sus intereses. Si no lo hace se abriría el riesgo de entrar default técnico.
Escena 5: Ante esta situación, el ministro de Economía, a pesar de la contundente negativa inicial por parte del gobierno, dijo que podría reabrirse el canje para negociar con los holdouts.
Escena 6: Luego de estas declaraciones, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio un respiro de tres meses y aceptó suspender hasta fines de febrero la sentencia que obligaba al Gobierno argentino a pagar la deuda a una parte de los bonistas que no entraron en su momento a los canjes 2005 y 2010.
Para aclarar, los holdouts son bonistas particulares y grupos que hacen negocios con el toma y daca de estos bonos (fondos buitres). El conflicto actual solo abarca a una parte de ellos (la deuda total estimada de estos holdouts se calcula en 11.200 millones de dólares: 6.500 millones de capital y cerca de 4.700 de intereses)
Para poder negociar con los holdouts hace falta una ley del Congreso que deje sin efecto la Ley cerrojo, norma aprobada en 2010, que clausuró la posibilidad de canjear, de ahí en más, los bonos de quienes se quedaron voluntariamente fuera de la negociación.
Hasta aquí los acontecimientos de los que se ha hablado y escrito suficiente durante estos días.
Nos interesa hacer un breve recorrido hacia el pasado y aportar algunas reflexiones de cómo llegamos hasta aquí.
En el año 2002, el presidente más que interino Rodríguez Saa declaró, en medio de la crisis, que Argentina suspendería el pago de la deuda. Esta decisión nos colocó en cesación de pagos (default). La deuda pública de la Nación ascendía entonces a 144.500 millones de dólares
Pasaron tres años sin que pagáramos deuda. Mientras, se reconstituía la gobernabilidad del sistema y la economía se reactivaba. No pagar no nos trajo consecuencias de embargos ni de bloqueos, tampoco nos echaron del primer mundo - occidental y cristiano - que en ese momento no pasaba por la crisis actual.
A finales del 2003, el primer año de la presidencia de Néstor Kirchner, la deuda ascendía a casi 179.000 millones de dólares.
En marzo de 2005 se realizó la apertura del primer canje de deuda (Kirchner-Lavagna). Un 75 por ciento de los acreedores aceptó cambiar sus títulos en default por otros nuevos. Los que se llaman Cupón PBI fueron dando una rentabilidad que les ha permitido recuperar a estos bonistas gran parte de la quita que en su momento aceptaron (buen negocio).
A fines del mismo año el gobierno pagó el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Fueron 9.810 millones de dólares en un solo pago utilizando reservas del Banco Central. Entonces, el presidente afirmó que dicho pago serviría para “ganar grados de libertad para la decisión nacional” y le permitiría al país no estar obligado a atender los reclamos y exigencias del Fondo.
En el año 2006, el presidente Néstor Kirchner tocó la campanita de Wall Street , dando comienzo oficialmente a la rueda bursátil más grande del mundo. “Volvimos al lugar del que nunca debimos haber salido”, dijo exultante como un claro mensaje de la voluntad de volver el mercado internacional de capitales, “honrando la deuda”. En buen criollo: se pagaría todo, no importa si el origen de endeudamiento es probadamente ilegítimo (por las maniobras durante la dictadura y por los negociados durante el neoliberalismo con el Plan Brady a la cabeza y por el megacanje 2001 con De la Rúa-Cavallo)
En 2010 llegó el segundo canje del kirchnerismo acompañado por la sanción de la llamada Ley Cerrojo. Esta norma garantizaría la imposibilidad futura de canjear títulos en default para los que no aceptaran esta segunda oportunidad. Pero no se aclaró sobre la existencia de la Cláusula del Acreedor más Favorecido (incorporada en el canje 2005). Por la misma, se estableció que, de reabrirse eventualmente el canje para los que se quedaron voluntariamente afuera, y si se les da a estos últimos mejores condiciones que a los anteriores, los beneficios se hacen extensivos a los que ya habían aceptado cambiar los títulos en el 2005 y 2010. Con este segundo canje quedaron fuera 3 por ciento de los acreedores (el reclamo actual ante la justicia norteamericana proviene de parte de ellos).
De allí en más todo fue viento en popa…para los bonistas, porque cobraron puntualmente una deuda de origen ilegítimo que adquirió legalidad con los canjes.
También la deuda pública siguió creciendo producto de nuevas emisiones de títulos para obtener el dinero necesario que cubriese déficits presupuestarios originados justamente en el pago de deuda.
Los fondos para comprar estas nuevas obligaciones a futuro salen en su mayoría de la ANSeS, el Banco Nación y el Banco Central. Se estima que casi 60 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional está prestado al Fisco y casi un tercio de la cartera de créditos del Banco Nación está concedida al Estado, además del uso del dinero de la AFIP (organismo recaudador de impuestos nacionales) y el PAMI (obra social de los jubilados y pensionados) para cubrir vencimientos de deuda.
El Estado se compromete a devolver esos préstamos en varios años, si es que en ese tiempo se generan recursos genuinos para rescatar los títulos. En el “mientras tanto”, se afectan fondos que deberían destinarse, por ejemplo, a mejorar el magro haber jubilatorio de casi 80 por ciento de nuestros ancianos.
¿No es justo que el Estado proteja a sectores vulnerables otorgando planes de vivienda, asignaciones por hijo, computadoras para todos, fútbol para todos?
Sí, lo es. Pero los recursos para financiarlos están en los poderes económicos concentrados. Están en las exenciones a las mineras, en las ganancias en las operaciones bursátiles, en las utilidades que arrojan los plazos fijos. Están en la sangría del giro de dividendos al exterior.
Hace algunos meses se pudo ver en la página del ministerio de Economía un contador que nos fue marcando cuántos días faltaban para volver a ser libres…..de la deuda. Llegó ese día. Y luego vinieron los fondos “buitres”. Pero también está el Club de Paris a quien le adeudamos 9.000 millones de dólares (más los intereses)
El fallo del juez Thomas Griesa puso el tema de la deuda nuevamente en los medios. Los nuevos enemigos de la soberanía pasan a ser ahora los jueces norteamericanos ¿Ellos son los responsables de que nuestro país siga aceptando a los tribunales del norte para decidir qué es legal y que no?
Queda claro que se negociará con los bonistas rebeldes. De todos modos si el árbol nos tapa el bosque no nos daremos cuenta que, mas allá de estos bonistas, la deuda se pagó siempre y se seguirá pagando. En diez años de gobierno kirchnerista se han abonado un promedio de 9000 millones de dólares anuales solo en concepto de intereses. Se han capitalizado intereses que no se llegan a poder pagar, motivo de parte del crecimiento de la deuda. Se han refinanciado deudas de capital.
El objetivo del gobierno es pagar para poder regresar al llamado “Mercado de Capitales”. A como está el primer mundo, no queda demasiado claro cómo podrán invertir en un país “sudaca” otros países cuyas economías están en crisis.
El gobierno, según lo presupuestado en el 2012, está pagando 5 millones de dólares por hora, 90 mil dólares por minuto, 1.388 dólares por segundo. Entonces nos preguntamos por qué se discute pagar o no pagar a los bonistas rebeldes si la realidad es que, más allá de ellos, lo estamos haciendo.
¿Qué pasaría si no pagamos? ¿Qué sucedió cuando no lo hicimos durante los tres primeros años de este gobierno? ¿Por qué, antes de pagar, no realizar la auditoría de una deuda que tiene en curso cuatro investigaciones en la justicia por su “ilegitimidad”? (Causa Olmos I con sentencia firme, causa Olmos II, Megacanje y Denuncia contra altos funcionarios responsables del endeudamiento argentino) ¿Por qué no suspender los pagos de las obligaciones externas, hasta que la Auditoría no se expida y determine la parte de deuda legítima? ¿Por qué no denunciar los tratados bilaterales de inversión, que nos someten a la jurisdicción extranjera y dictar una Ley, estableciendo la prohibición de la renuncia a la soberanía argentina?
Según datos oficiales la deuda pública al 30 de junio de este año es de 182.000 millones de dólares, más de lo que se debía a fines de 2003 y a pesar del pago al FMI y de los dos canjes.
Esta deuda no incluye los bonos que no se presentaron al canje. Luego de lo de Griesa queda más claro que nunca, que serán abonados. Esta deuda crece a un ritmo 10.000 millones de dólares por año. El presupuesto 2013 prevé casi 11.000 millones de dólares solo para cancelar intereses.
El 2 de diciembre próximo Argentina debe pagar unos 45 millones de dólares del Global 2017, un título emitido en 2010. El siguiente pago es del 15 de diciembre, el mayor vencimiento del 2012: 3.500 millones de dólares del cupón PBI, y la última obligación del año serán 617 millones del bono con Descuento.
Por si queda alguna duda, esta semana la presidenta Cristina Kirchner prometió que la Argentina seguirá "pagando puntualmente las deudas para hacer honor a los compromisos" en su discurso de clausura de la 18º Conferencia Industrial de la UIA, horas antes de que se conociera que la Corte de Apelaciones de Nueva York había hecho lugar a la petición de Argentina.
"No permitiremos que los fondos buitres vuelvan a colocar sus garras, nunca más", afirmó la presidenta el 5 de mayo pasado al inaugurar la ampliación de una planta frigorífica avícola de una cadena de supermercados, en Esteban Echeverría.
Los fondos buitres son los enemigos hoy. Pero como ya es sabido, los buitres buscan comerse a los muertos.
Fabiana Arencibia (Red Eco- Argentina)
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