Colombia

Un tributo a la paz

Gabriel Bustamante Peña

30/09/2012

Opinión

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Los impuestos, en un Estado Social de Derecho, cumplen esencialmente tres objetivos: primero, financiar el gasto público; segundo, redistribuir la riqueza; y tercero, inyectar recursos a sectores estratégicos de la producción, como los que nos garanticen la seguridad alimentaria, por ejemplo.

El gasto público, por otro lado, se define y prioriza en virtud del proyecto político dominante, en constante tensión con los sectores objetivos de poder que imperan en determinada sociedad. Para nadie es un secreto que, hace muchos años, el proyecto político determinante en Colombia está signado por la guerra; y de ahí, el desproporcionado gasto en rubros como defensa y seguridad, que se invierten en: fúsiles, municiones, granadas, helicópteros, tanques de guerra, red de informantes, batallones, y los demás gastos que demanda una fuerza armada de cerca de 500.000 hombres (entre ejército y policía), fuerza, en su inmensa mayoría integrados por campesinos, para matarse con otros campesinos, que integran los grupos guerrilleros, y que se financian a su vez, de impuestos ilegales en el marco de la guerra y el narcotráfico.

Tan sólo en los dos gobiernos de Uribe, cálculos conservadores hablan de una inversión en la guerra de 120 billones de pesos, que salieron en su gran mayoría del dinero de nuestros impuestos, para que la seguridad democrática gastara en un solo programa bélico, el Plan Patriota, la suma de un millón de dólares diario. Mejor dicho, con un mes de Plan Patriota hubiera bastado para que recuperáramos muchos hospitales públicos a lo largo y ancho de Colombia. Además, cabe anotar que, con el gasto público se aumentaron en el gobierno de Uribe, y en el de Santos, los sueldos de los sufridos diplomáticos y los pobres empleados del Congreso.

En cuanto a la distribución de la riqueza, que se realiza principalmente a través de reformas tributarias de justicia social y generadoras de bienestar general, se tuvo una visión bastante peculiar en el gobierno del “corazón grande” y los agro ingresos seguros, que el Gobierno Santos no ha podido, o no ha querido acabar del todo. Contrario a la lógica de redistribuir ingresos para que, de los sectores ricos, se financien gastos económicos y sociales, por medio de impuestos, y así, generar empleo y una mejor cobertura social para la gran mayoría, especialmente los más pobres; en Colombia, uno de los países con mayor concentración de capitales del mundo (según el Banco Mundial) y que ocupa el oprobioso onceavo puesto en iniquidad en el mundo, esta función tributaria se hizo intencionalmente al revés.

Aquí, los impuestos sirven para generar más exclusión y marginamiento a inmensas franjas de la población. Uribe concentró la carga tributaria en la clase media y media pobre de la sociedad, y por otro lado, creó más de 12 exenciones nuevas para los sectores más pudientes del país y las transnacionales, entregándoles por esta vía, más de tres billones de pesos cada año; además, relajó la protección laboral para que los empresarios pudieran violar los derechos al trabajo de la gente, y se enriquecieran a costillas de la pauperización laboral y social. Y encima de todo, no contentos con los subsidios, las exenciones tributarias y la flexibilización laboral, los empresarios usaron la plata que dejaron de pagar a los trabajadores, que dejaron de tributar, o que recibieron en subsidios, y los utilizaron en comprar máquinas que remplazaron a miles de personas, que pasaron a aumentar las cifras del desempleo en el marco de la confianza inversionista.

Por esto, con Uribe Colombia volvió a recibir a cientos de inversionistas extranjeros, no porque la imagen del país mejorará (realmente empeoró por la percepción de violencia y corrupción), sino porque pasó a ser considerada como paraíso fiscal y laboral, donde los empresarios podían desarrollar sus negocios sin pagar impuestos, sin cumplir las normas internacionales del derecho al trabajo, y sin organismos serios que los hicieran cumplir las normas ambientales o de derechos humanos.

La redistribución de la riqueza no es un discurso comunista (como muchos creen) es una regla fundamental para que el capitalismo funcione, y es una agenda liberal de ciudadanía económica. Ahora, en un país donde el 1% de la población posee el 60% de la tierra cultivable, donde el sector bancario posee una de las tasas de interés más altas del planeta, donde el 10% de los hogares más ricos percibe ingresos 30 veces superiores al 10% de hogares más pobres, en un país de diez millones de personas en la miseria, con más de cuatro millones de desplazados, tener una política tributaria pro-ricos, deja de ser injusto y se evidencia como un criminal atentado contra la dignidad de la sociedad colombiana.

Y por último, la función de protección a los sectores estratégicos de la producción, es la principal función que debería tener un gasto público en un país como Colombia, cuya vocación es irremediablemente agrícola, y cuyo foco de conflicto se encuentra principalmente en el campo. El sector rural del país concentra los niveles de abandono, miseria y subdesarrollo más grandes de toda la población, es por esto que, en nuestras zonas rurales, se desenvuelve lo más cruento de la guerra. Son los campesinos la carne de cañón de guerrillas, paramilitares y ejércitos regulares. Campesinos que bajo otra mirada del Estado, serían factores de paz, progreso y desarrollo.

Colombia sólo podrá superar su ciclo escalonado de violencia a través de una apertura hacia modelos de democracia económica, que implican, por supuesto, nuevas relaciones de inclusión sobre la propiedad, y en especial, sobre el derecho a la tierra, donde se incluyan a las víctimas bajo perspectivas reparadoras y transformadoras.

Por eso, necesitamos una reforma tributaria para la paz, que garantice una sociedad más justa y equitativa, que rescate el sector rural, facilite la entrega masiva de tierra a los campesinos y genere una infraestructura al servicio del campesinado y no de los agroindustriales, las mineras, o el narcotráfico.

Gabriel Bustamante Peña

Asesor Jurídico – Político, Corporación Viva la Ciudadanía

@bustamantep

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 322

Semana del 28 de Septiembre al 4 de Octubre de 2012

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