¿Proceso de cambio?
Gobierno indígena divide a organizaciones indígenas
12/07/2012
- Opinión
La Paz, 13 julio 2012. Los gobiernos militares no pudieron controlar la emergencia originaria, los regímenes neoliberales intentaron imponer la división. Fracasaron. Contradictoriamente, en el denominado “proceso de cambio” cuando los movimientos sociales deberían ser fortalecidos, el gobierno indígena empezó a destruir las organizaciones indígenas en Bolivia.
La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) se fundó formalmente en octubre de 1982, en la ciudad de Santa Cruz. Pero, ya desde 1979, los pueblos indígenas guaraní, chiquitano, guarayo y ayoreo, iniciaron el proceso de unificación y organización de los pueblos indígenas del oriente con el objetivo de construir una sola institución.
La CIDOB nace como producto de los constantes avasallamientos a los territorios indígenas por parte de hacendados, empresarios y colonizadores, los abusos a los derechos de los pueblos originarios, la discriminación y la explotación irracional a los recursos naturales.
Desde la creación de la organización matriz de los indígenas, sus representantes fueron perseguidos, detenidos, golpeados y humillados. En los gobiernos neoliberales y populares la situación no cambió radicalmente porque los indígenas aún siguen soportando todo tipo de abusos y deben marchar –caminar durante largos días y noches- en busca de mejores días, en busca del “vivir bien”.
La CIDOB que aglutina a los pueblos guaraníes, chimanes, mosetenes, guarayos, sirionós, baures, moxeños, yuracarés, cavineños, matacos, esse ejas, trinitarios, itonamas, ignacianos, yukis, lecos, chiquitanos, canichanas, movimas, pacahuaras, toromonas, wenhayek, tacanas y otros, tiene entre sus preceptos luchar por el reconocimiento jurídico y político de sus comunidades, la defensa intransigente del territorio, respeto al ejercicio pleno de los derechos y legítimas aspiraciones históricas y culturales expresados en el Convenio 169 de la OIT, tales como el territorio, derechos consuetudinarios y desarrollo integral y autónomo y cumplimiento de la nueva Constitución Política del Estado.
A más de 30 años de su fundación, el gobierno indígena –contradictoriamente- busca dividir a las organizaciones indígenas.
Cuando la CIDOB tiene una directiva electa democráticamente hasta 2015, los intentos oficialistas –en las últimas horas- financiaron una asamblea con muy pocas organizaciones indígenas afines al gobierno no sólo para tratar de desconocer a sus verdaderos dirigentes sino para intentar dividir a las organizaciones. El objetivo: contar con dirigentes sumisos que acepten las políticas desarrollistas y extractivistas del actual gobierno en territorios indígenas y parques nacionales.
“No vamos a permitir que algunos hermanos que fueron comprados por el gobierno vengan a nuestra Casa Grande. La institucionalidad indígena nos ha costado años de trabajo y de lucha, nuestros antepasados derramaron sangre y, por eso, no podemos permitir que ahora el gobierno y algunos comprados traten de destruir nuestras organizaciones”, aseguró el presidente de la Asamblea Continental Guaraní, Celso Padilla.
Victoria moral
Después de marchar 62 días desde Trinidad hasta La Paz y permanecer 14 días en la sede de gobierno, más de 1.500 indígenas entre niños, mujeres, ancianos y hombres empezaron a retornar a sus comunidades.
El gobierno indígena se negó a dialogar con la verdadera dirigencia respecto a la construcción de una polémica carretera que debería atravesar por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que es parte de la Iniciativa de Integración Sudamericana (IIRSA) y, por tanto, los indígenas retornaron a la selva con nuevas estrategias de autodefensa.
“Las autoridades que dicen ser indígenas no quieren dialogar con los dirigentes indígenas y hasta nos ha prohibido ingresar al centro de la sede de gobierno; por eso, hoy estamos retornando a nuestras comunidades donde tampoco vamos a permitir el ingreso de ninguna autoridad que quiera imponernos la construcción de una carretera que no la necesitamos”, dijo la presidenta de la Novena Marcha Indígena, Bertha Bejarano.
Según los marchistas indígenas, con su última movilización, lograron una victoria moral frente al gobierno porque ante la negativa al diálogo, consiguieron el apoyo y la solidaridad de una infinidad de pobladores paceños y bolivianos.
Los marchistas compararon su situación con los tiempos de la colonia cuando se les prohibía acceder a algunos lugares que son públicos.
Recordaron, por ejemplo, al líder guaraní Apiaguaiki Tumpa que fue torturado antes de ser fusilado en una plaza y también al líder aymara Tupaj Katari que fue descuartizado cuando sus brazos y piernas fueron amarrados a la fuerza de caballos.
Los indígenas marchistas, en la sede de gobierno, fueron reprimidos brutalmente por efectivos policiales: niños y mujeres fueron los más afectados por los gases lacrimógenos y los golpes cuando sus pertenencias y las carpas donde permanecieron fueron destruidas.
Las autoridades de gobierno que trataron de justificar la violencia aduciendo la incursión de grupos radicales en el movimiento indígena, señalaron que la única vía de solución es la concertación para realizar una consulta al interior de los pueblos indígenas.
“Estamos trasladando nuestra lucha a nuestros territorios. El gobierno se escapó del diálogo y echó al basurero su discurso de gobernar obedeciendo al pueblo. En esta oportunidad no escuchó el clamor popular y solo se dedicó a comprar la conciencia de algunos dirigentes”, señaló el presidente de la Sub Central del TIPNIS, Fernando Vargas.
En la marcha no sólo participaron representantes afiliados a la CIDOB que viven en el oriente, chaco y amazonia; sino también al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) que representan a las zonas altas.
Estas dos organizaciones eran pilares fundamentales del Pacto de Unidad que estaba conformado por cinco organizaciones que construyeron este “proceso de cambio”; ahora sólo quedan tres, afines y funcionales al gobierno.
Futuro incierto
El gobierno está empeñado en llevar adelante la construcción de una carretera por el corazón de un territorio indígena; los pueblos originarios anuncian resistencia en sus pueblos.
Mientras tanto, en el país se desató un arduo debate en torno al “proceso de cambio” por todo lo que está ocurriendo en Bolivia.
Veamos solo algunos ejemplos sucedidos en la última semana.
En inmediaciones de la comunidad Mallku Khota, en el norte de Potosí, el campesino José Mamani murió producto de un impacto de arma de fuego, 13 personas resultaron heridas, entre policías y comunarios. Seis personas que estaban secuestradas ya obtuvieron su libertad.
El problema estaba centrado en la demanda campesina de revertir a la empresa canadiense South American Silver los predios de exploración de oro, plata e indio de la zona minera. Sólo después del enfrentamiento, el gobierno aceptó la reversión de la empresa.
Eso no es todo, en las últimas horas, se conoció el escándalo de corrupción en la empresa nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Se trata de la adjudicación por 630 millones de dólares de las plantas separadoras de líquidos Gran Chaco, en Yacuiba, y Río Grande, en Santa Cruz.
Aunque la instrucción de la investigación “es caiga quien caiga” se investiga a por lo menos 20 altos funcionarios de la empresa estatal y dos ya están detenidos.
“En el último tiempo, los bolivianos y bolivianas nos preguntamos si este es el proceso de cambio por el cual hemos luchado. Narcotráfico, corrupción, contrabando, muertos, heridos, parece que estuviéramos viviendo en un gobierno fascista o neoliberal. Los indígenas tenemos fe que cambien las cosas; caso contario, se debe reconducir el proceso”, aseveró el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez.
En el documento de despedida de los pueblos indígenas, se expresa que “fruto de las políticas gubernamentales y los compromisos con las grandes corporaciones transnacionales y grupos sociales como cocaleros y campesinos se va a profundizar en un corto plazo el modelo de desarrollo extractivista y capitalista en Bolivia, lo que supondría la eliminación de los territorios indígenas, la ampliación de la frontera agrícola, el aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales y la contaminación socioambiental”.
Los indígenas advierten, además, que el gobierno distorsionará el derecho de la consulta previa “con el objetivo de aprobar y viabilizar las medidas, proyectos, actividades y obras de gran escala, envergadura y extractivos en todos los territorios indígenas originarios, para beneficio de las transnacionales y los grupos que ahora detentan el poder político: campesinos, cocaleros, empresarios y liberales”.
Solicitan a los bolivianos y bolivianas que no bajen los brazos y les ayuden en su batalla a emprender en sus territorios que está siendo invadida por militares y funcionarios del gobierno, “quienes quieren chupar la sangre de nuestra Madre Tierra…”
Alex Contreras Baspineiro
Periodista boliviano, ex vocero de gobierno
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