La nacionalización parcial de Bankia, intervención de hecho de la entidad, llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular, es un hito importante, y no el último, en el desarrollo de la grave crisis en la que está instalado el sistema bancario.La forma en la que se ha realizado la intervención es tanto un reflejo de las contradicciones que recorren al PP, como de la falta de profesionalidad de sus dirigentes, en un tema en el que deberían tener interés en aparecer como gente capaz. Un suceso tan relevante como la nacionalización de una entidad sistémica, señalada públicamente como tal por el FMI, ha sido ejecutado con improvisación, filtraciones y titubeos. Fácilmente se podría haber disparado el pánico de los depositantes, con lo que alguna modalidad de “corralito” habría sido una realidad en nuestras tierras.

 

Las contradicciones del PP se pueden resumir en lo siguiente: “No salen las cuentas”. Los  rescates, éste y los próximos, se llevan por delante las más optimistas previsiones sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Las cifras que están en juego superan, en orden de magnitud, los bestiales recortes anunciados y aprobados. Por mucho que se empeñen en repetir que esto no va a costar nada, las cuentas no salen. La economía española está inmersa en un bucle contractivo de tal magnitud, que hace perecederas al instante cualquier cifra estimada sobre el  volumen de las pérdidas de las entidades financieras. El volumen de los activos que en los bancos no generan rendimientos, total o parcialmente, va a seguir creciendo, porque el efecto contractivo de los recortes solo se ha manifestado de forma incipiente. Es decir, la necesidad de provisiones y el reconocimiento de pérdidas van a continuar.

 

La crisis bancaria surgió de la mezcla de los errores de gestión de los directivos bancarios, junto con los intereses mutuos de enriquecimiento no sostenible de dichos directivos y de los empresarios tóxicos (no son los activos los tóxicos, sino los empresarios y los banqueros), pero, posteriormente, las denominadas políticas de austeridad agravaron la crisis bancaria inicial y la convierten en irresoluble. La crisis de las subprime en Estados Unidos aceleró la explosión de la burbuja financiera en España, porque los bancos y las cajas de ahorro se financiaban mediante las titulizaciones de los préstamos hipotecarios, titulizaciones que colocaban en Europa y la financiación interbancaria de bancos no españoles. Ambas vías de financiación colapsaron en agosto de 2007, por lo que  bancos y cajas adoptaron duras restricciones a la concesión de créditos, y la actividad económica se paralizó bruscamente con la inmediata subida del paro. En esos momentos algunas cajas de ahorro ya exhibían una situación patrimonial cercana a la necesidad de intervención. Era el caso especialmente, de Caja Madrid, Bancaja y CAM. Pero la falta de una política de fuerte estímulo de la economía, por parte de los gobiernos europeos y, posteriormente, las políticas neoliberales de brutales recortes, han exacerbado la crisis económica, convirtiéndola en gran recesión, lo que ha amplificado y extendido la crisis bancaria al conjunto del sector. Por otra parte, la denominada crisis de la deuda soberana ha sido la consecuencia de la crisis económica, provocando la enorme caída de los ingresos fiscales, y el deterioro de los bancos y cajas, dado que, como ha ocurrido, el gobierno terminaría rescatando a las entidades con problemas

 

 

Desde el inicio del euro el crédito concedido, en España,  por los bancos y cajas de ahorro, pasó de representar el 88% del PIB, en el año 2000, al 171% en el año 2008. Además, la cartera que más creció fue la de construcción y vivienda. El parque de viviendas nuevas, en el año 2000, ascendió a 334.000 unidades, mientras que en 2007 alcanzó las 734.000 unidades. El precio medio de la vivienda se duplicó en el mismo período. Además, el inicio del crecimiento de la construcción de viviendas se inició unos años antes de la creación del euro como divisa.

 

El resultado de estas cifras es que en 2007 la exposición al riesgo de impago de promotores y compradores de vivienda era descomunal. El crédito también se dirigió a grandes y medianas empresas industriales y de servicios. Pero existen diferencias significativas con el riesgo inmobiliario.

 

La mayoría de los promotores inmobiliarios arriesgan muy poco capital en sus negocios. La práctica habitual, consentida por los bancos y cajas de ahorro, es la concesión de un alto porcentaje de  financiación sobre el total del proyecto, con el argumento de que habitualmente los préstamos serán subrogados a los compradores finales de las viviendas. Pero hay otras razones, especialmente en las cajas de ahorro, y son los vínculos políticos y económicos que se establecen entre el núcleo directivo, el consejo de administración, formado por políticos, y los empresarios, promotores inmobiliarios.

 

En el caso de que la promoción fracase, total o parcialmente, es prácticamente imposible recuperar la inversión, o en cualquier caso, las pérdidas serán cuantiosas. Además, las entidades financieras financiaron la compra de suelo, incluso no urbanizado, basándose en precios determinados por los precios de los inmuebles que en muchos casos no se llegaron a construir.

 

Los productos no vendidos no son exportables y solo pueden deteriorarse. El parque actual de viviendas en manos de las cajas de ahorro y bancos los han convertido en las mayores inmobiliarias. Pero con la particularidad de que son activos que solo generan costes.

 

La formación de la burbuja era ya bastante evidente en 2002. El Banco de España, con Caruana nombrado por el PP, como gobernador,  no acometió ninguna labor preventiva, y la supervisión prudencial brilló por su ausencia, Miguel Angel Fernández Ordoñez (MAFO), nombrado por el PSOE también se abstuvo de intervenir, y la burbuja explotó.

 

¿Se podía haber abortado la burbuja inmobiliaria? Greenspan declaró que no era posible utilizando los tipos de interés, y ese argumento se ha repetido por nuestros lares, teniendo en cuenta además, que el Banco de España no tenía ya el control de los tipos de interés. Sin embargo, la forma de impedir la formación de la burbuja, o frenarla en sus comienzos, habría sido mediante la exigencia de provisiones específicas adicionales, tanto por incremento de la cartera de promotores, como por exceso de concentración del crédito promotor. Dictar esas medidas sí estaba al alcance del Banco de España, pero no lo hizo. La provisión estadística o anticíclica, algo tenía en cuenta el crecimiento del crédito, pero era muy favorable al crédito hipotecario, por el efecto de las garantías. En definitiva, el Banco de España falló en la regulación prudencial, sea por razones de falta de voluntad política y responsabilizarse de abortar el crecimiento, o bien sea por incomprensión de la situación, o por ambas cosas.

 

En la crisis de Bankia confluyen dos cajas de ahorro, Caja Madrid y Bancaja, pero en el análisis también podemos incluir a la CAM, cuya crisis estalló antes. Entre las tres han acumulado un terrorífico volumen de créditos ligados al negocio inmobiliario. Comparten ciertas características comunes, que les confiere cierta singularidad dentro del sistema bancario español. Estas tres cajas han estado gobernadas por el Partido Popular en el período en el que se incuba la burbuja inmobiliaria. La cartera de préstamos de las tres entidades ha acumulado una gran concentración de préstamos a promotores inmobiliarios, con los que los miembros de los consejos de administración tenían fuertes vínculos, o incluso se llegaban a sentar en los consejos como empresarios independientes. En el caso de la Comunidad Valenciana, Bancaja y CAM financiaron todo tipo de proyectos faraónicos, que resultaron, en gran parte, inversiones fallidas. Las tres cajas tomaron grandes participaciones industriales, con el fin de sentar en los consejos de administración de las grandes empresas españolas a los presidentes y otros destacados miembros de las cajas. El principal mérito de Miguel Blesa, catorce años presidente de Caja Madrid, fue el ser amigo de Aznar, y en el caso de José Luis Oliva, el haber sido presidente de la Generalitat Valenciana, le convertía en un reputado banquero. Los sueldos conocidos de los presidentes de las cajas se igualaron con los de los bancos privados, al mismo tiempo que las remuneraciones de los consejeros también alcanzaban cifras escandalosas. Así se conseguía el gobierno corporativo “perfecto”, en el que los intereses de los consejeros estaban adecuadamente alineados con los intereses de los presidentes: enriquecerse todos. El núcleo directivo no podía estar al margen de la bonanza y, además de retribuciones y fondos de pensiones millonarias, se les premiaba con puestos en consejos de administración de empresas participadas, muchas de ellas compartidas con promotores inmobiliarios. Así se cocinaron las condiciones ideales para la tormenta perfecta. Todos los implicados tenían intereses en el negocio, y éste estaba basado en aumentar el balance, generar beneficios a corto plazo, porque si la situación cambiaba, ya tenían sus cláusulas de protección, en forma de fondos de pensiones y salida de la entidad con indemnizaciones millonarias.

 

 

El Banco de España no tuvo voluntad en poner fin a la burbuja inmobiliaria, y una vez desatada la crisis financiera, actuó con criterios nacionalistas y corporativistas, defendiendo las maravillas de la regulación anticíclica y la solvencia de las entidades españolas.  Es cierto que en Europa los bancos centrales actuaron con criterios similares al Banco de España, lo que dio lugar a una serie de pruebas de estrés condicionadas por los intereses de cada ente regulador, y consiguiendo más desconfianza que otra cosa, cuando una vez pasadas la pruebas seguían manifestándose graves problemas de liquidez y solvencia, sin necesidad de que se dieran las condiciones extremas planteadas en las pruebas de estrés. También es cierto que la regulación anticíclica era una medida positiva, pero muy parcial e incompleta, y no la medicina adecuada ante una crisis sistémica.

 

Con la llegada de MAFO el gobernador intentó paliar sus carencias de conocimiento de los problemas de los bancos, con los ataques cotidianos contra los intereses de los trabajadores. Mientras tanto, el Banco de España dedicó grandes recursos a validar, y a convalidar,  modelos de riesgo de crédito construidos por las entidades, en el marco de Basilea II, para cumplir con los requerimientos de recursos propios, modelos que han sido barridos por la eclosión de la crisis bancaria. Es difícil encontrar una prueba empírica más contundente, para testificar el fracaso. Mientras los técnicos del Banco de España, han dedicado ingentes recursos públicos para comprobar la supuesta validez de las bases de datos, los sistemas de rating y las estimaciones de probabilidades de default , la solvencia de las entidades se disolvía como un azucarillo en el café para todos de Basilea II.  Sin embargo, todavía no hemos visto ninguna reflexión crítica, emanada desde el Banco de España, sobre las causas de la crisis bancaria y el fracaso de la regulación tecnocrática y favorable a las entidades que son las reglas de Basilea.

 

 

El BCE es uno de lo grandes problemas de la crisis. El poder político y económico, favorable a los intereses de los empresarios y banqueros, han dotado al BCE de un estatuto de independencia de los gobiernos, mientras que los gobiernos resultan dependientes del BCE. Esta situación insólita, que invalida los más elementales principios de la democracia formal, ha convertido al BCE en el tirano  de Europa. Derribar esta tiranía es uno de los principales objetivos para poder avanzar en una salida de la crisis. Draghi, igual que Trichet, impone condiciones a los gobiernos. Modula las inyecciones de liquidez, para que el sistema no se hunda, pero utiliza su inmenso poder como arma de chantaje.  Las dos últimas inyecciones de más de un billón de euros, no han sido gratis. Sin esas inyecciones muchos bancos no podían hacer frente a sus necesidades de liquidez ante los vencimientos de deuda emitida, ni tampoco podrán haber seguido acudiendo a las subastas de deuda pública en España e Italia. Pero el BCE impone condiciones de forma autoritaria y exige más sacrificios, más recortes y más austeridad. Su ideología fundamentalista, y su estatuto de independencia, en línea con las fuerzas conservadoras, es uno de los principales obstáculos para una salida de la crisis.

 

 

Los gobiernos de derecha son enemigos de lo público salvo cuando tienen que utilizar los recursos públicos a favor de los intereses privados. Esto se vuelve a repetir con la nacionalización de Bankia y los apoyos públicos ya concedidos, más los próximos que están por venir. Por más que el ministro Luis de Guindos repita que lo que está haciendo es un magnífico negocio para los contribuyentes, las terribles consecuencias de la crisis y de las políticas de recortes son irreversibles (Los costes de la reforma financiera).

 

Con la creación de los  “bancos malos” el gobierno ha abierto otra vía de necesidad de apoyos de recursos públicos. Después de tanto “esquema de protección de activos”, FROB, cocos, el problema elemental es que las cajas y los bancos han sufrido, y van a sufrir, enormes pérdidas, y “alguien” tiene que hacerse cargo de ellas. Hay que reponer capital a las entidades o dejarlas caer y, en ambos casos, las pérdidas se socializan, porque el capital solo procede de los recursos públicos, sea en forma de emisiones de deuda pública, emisiones del FROB, o futuros rescates procedentes de Bruselas, que también habrá que pagar. Pero esto son los costes directos, porque los costes indirectos del estancamiento y retroceso económico, por muchos años, es inconmensurable.

 

 

Con la intervención de Bankia se ha producido una escalada en la evolución de la crisis bancaria, que se acelera por momentos. Desde todos los ámbitos se reclama saber cual es el “verdadero valor de los activos tóxicos”, para lo cuál el gobierno ha exigido la actuación de expertos independientes que valorarán no solo las carteras dañadas, sino todos los activos bancarios. La petición de expertos independientes deja por los suelos al Banco de España que es el responsable directo de evaluar la salud de las entidades bancarias. Pero, en cualquier caso, se trata de un esfuerzo inútil. El resultado del trabajo de los evaluadores independientes será más zozobra. Es una muestra de que los más elementales principios económicos se desconocen. Realizarán estimaciones que a los pocos meses quedarán obsoletas, porque en un escenario tan abierto como el actual las variables fundamentales están en la política. Solo un cambio de rumbo profundo en las políticas de recortes puede salvar la situación. El efecto de los recortes anunciados por el gobierno sobre la morosidad, debido al aumento del paro y el deterioro del tejido empresarial, elevará las cifras de morosidad a niveles insostenibles. La posible salida del Grecia del euro tendrá consecuencias y los costes de la deuda pública pueden alcanzar niveles imposibles de financiar. Valorar los activos bancarios en estas circunstancias es un ejercicio inútil.  Los bancos solo tienen solución si se crea un escenario en el que los créditos solventes crezcan más deprisa que la morosidad, porque además, en ese escenario, muchos deudores recuperarían la capacidad de pago. Todo lo que no sea eso, es avanzar hacia el desastre.