Las propuestas indígenas frente al cambio climático fueron expuestas y debatidas hoy en el side event realizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) e Indian Law Resource Center, en el marco del XI Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se desarrolla en esta ciudad. Mientras Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, centró su exposición en los temas del agua, glaciares e industrias extractivas, Nancy Iza Moreno, Coordinadora de las Mujeres de la CAOI, lo hizo en la soberanía alimentaria. Ambos dirigentes enfatizaron en la propuesta del Buen Vivir.

 

Al explicar lo que es la soberanía alimentaria desde la visión de los pueblos indígenas, Nancy Iza señaló que ésta supone la revalorización de los conocimientos ancestrales para la producción de alimentos, así como la revalorización del rol de la mujer como actora principal de la producción de alimentos y de la nutrición de los hogares.

 

Con soberanía alimentaria, explicó, los pueblos pueden decidir sus propios sistemas alimentarios. Esto implica conservar y rehabilitar los alimentos tradicionales, basándose en una gestión sostenible de la tierra, del suelo, el agua, las semillas, el ganado y la biodiversidad, así como sanar la Madre Tierra, recuperando las capacidades productivas de nuestros suelos, manteniendo limpias las fuentes de agua y preservando la biodiversidad.

 

La soberanía alimentaria, insistió la Coordinadora de las Mujeres, debe ser considerada un derecho humano básico, reconocido y respetado por las comunidades, los pueblos, los Estados y las instituciones internacionales. Para ello, es necesario valorar, reconocer y respetar los conocimientos ancestrales. Y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación de los pueblos indígenas.

 

En cuanto al rol de las mujeres, planteó:

 

·         Eliminar cualquier restricción legal, social y prácticas patriarcales que impidan a las mujeres acceder a la tierra y a los recursos productivos en igualdad de condiciones, por conllevar a limitaciones a su actividad productiva, y por ende, a la seguridad alimentaria y de sus familias.

 

·         Garantizar a las mujeres el ejercicio de los derechos de acceso al agua, acceso y control del crédito, a los servicios e insumos agrícolas, a la tecnología, a la educación e investigación, al trabajo, a la participación y a la toma de decisiones en los ámbitos agroambiental y urbano.

 

·         Promover activamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la equidad de género y poner en práctica la soberanía alimentaria como política pública.

 

·          Reconocer a las mujeres como sujetas claves para la preservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y su rol fundamental como protagonistas en la concreción de la soberanía alimentaria.

 

·          Lograr la valorización del trabajo de las mujeres como productoras de alimentos y agentes nutricionales fundamentales en las familias.

 

 

Por su parte, Miguel Palacín subrayó la importancia de los glaciares andinos para el suministro del agua, denunciando su alarmante retroceso en los últimos años y los impactos de esta desglaciación en los pueblos indígenas y la sociedad en general. Recordó que la región andina concentra el 95% de los glaciares tropicales del mundo. El 71% de ellos están en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y el 3% en Colombia. En todos se observa un franco retroceso producto del calentamiento global. En 25 años los glaciares andinos han retrocedido en 24% y los desastres naturales se han triplicado.

 

Frente a ello, presentó las siguientes propuestas concretas:

 

 

 

 

 

 

·      Zonificación territorial económica y ecológica.

 

·      Declarar la intangibilidad a las cabeceras de los glaciares, las cuencas, ecosistemas frágiles y valles productivos, y la exclusión de actividades contaminantes y destructivas.

 

·      Toda actividad económica debe proteger el ambiente, el hábitat y los derechos de los pueblos indígenas.

 

·      Promover una cultura ecológica de conservación y recuperación de los territorios afectados para las presentes y futuras generaciones.

 

·      Los Estados tienen la obligación de defender, hacer cumplir y vigilar los derechos sociales y ambientales de nuestros pueblos, en consulta permanente con nuestras organizaciones representativas.

El Coordinador General de la CAOI reiteró que las actividades extractivas como la minería son insostenibles. Generan destrucción en los territorios indígenas, los glaciares, las fuentes de agua; contaminan los recursos naturales, la salud y la vida de las comunidades y poblaciones, no generan empleo masivo y solo benefician a pequeños grupos de poder económico, no pagan impuestos ni aportan al desarrollo comunal ni nacional.

 

“No son solo dos modelos económicos los que se enfrentaron y siguen enfrentándose: son dos cosmovisiones, dos maneras de concebir el universo y al ser humano como parte de él. Para el Occidente, la tierra es depósito de recursos, el hombre es el ‘rey de la creación’ y su función es dominar la naturaleza. Para los pueblos indígenas, en cambio, los seres humanos somos parte de la naturaleza, somos sus hijos. Y todo lo que nos rodea tiene vida: el agua, las plantas, los animales, los cerros, los bosques. Nuestra espiritualidad no es religiosa, no rendimos culto a ‘divinidades sobrenaturales’; es nuestra manera de expresar el vínculo de todos los seres vivos, el respeto y el agradecimiento a la Pachamama”, finalizó.