El Salvador

Elecciones 2012: el triunfo de la abstención y de la polarización

Sonja Wolf

03/04/2012

Opinión

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El 11 de marzo de 2012 El Salvador celebró elecciones legislativas y municipales. Más de 4.5 millones de votantes estaban llamados a las urnas para elegir a los 84 diputados y a los 262 alcaldes con sus respectivos consejos municipales. Debido a irregularidades de voto, los comicios habían sido suspendidos en tres municipios, San Lorenzo y San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán, y San Miguel Tepezontes, La Paz. La votación se repitió el 18 de marzo, pero los resultados obtenidos aquel día no cambiaron la distribución de escaños legislativos que quedó plasmada la semana anterior. Los nuevos funcionarios tomarán posesión de sus cargos el 1 de mayo de 2012 por un periodo de tres años. Los comicios fueron los primeros desde que en junio de 2009 entró en poder la administración de Mauricio Funes y de la antigua guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), terminando así 20 años de gobierno de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Las elecciones cobraron importancia, porque constituyeron una evaluación de la primera mitad del mandato presidencial y la nueva configuración de la Asamblea Legislativa pudiera facilitar u obstaculizar la gobernanza en lo que queda del primer ejecutivo progresista de la posguerra.

El gobierno Funes-FMLN

Funes, un periodista televisivo respetado por su profesionalismo y su postura crítica, había abrigado ambiciones políticas desde hace algún tiempo, aunque nunca fue militante partidario. En 2008 formó un matrimonio de conveniencia con el FMLN que, ansioso por llegar al poder, le ofreció una plataforma para su candidatura. A través del movimiento “Amigos de Mauricio” Funes reunió un amplio apoyo, atrayendo a votantes que tradicionalmente no habían optado por el principal partido de izquierda, y le permitió al FMLN su primera victoria presidencial. La derrota electoral de ARENA significó el triunfo del pueblo sobre el miedo, un miedo cebado por la derecha política y económica que solía relacionar la llegada del FMLN con la instauración de un régimen comunista y el fin de las codiciadas remesas.

La alternancia en el poder formal fue un paso importante para la consolidación de la democracia salvadoreña. Al mismo tiempo debió haberle permitido a la ex guerrilla de demostrar que sabe conducir las riendas del país, pero el papel del FMLN se ha reducido más bien al de un espectador. La administración que tomó posesión en junio de 2009 no resultó ser un gobierno de izquierda, sino el primer gobierno apoyado por un partido de izquierda. Quienes definen las políticas y programas, a menudo para consternación del FMLN, son un Presidente con fuerte personalidad y sus personas de confianza. Lo que se vislumbra, entonces, no es el tan cacareado cambio, sino la posibilidad de iniciar la construcción de alternativas.

En los últimos tres años Funes y su partido se han ido distanciando, sobre todo a partir de la destitución del ex comandante guerrillero Manuel Melgar como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y la posterior designación a ese cargo del general retirado David Munguía Payés. Mientras algunos culpan de este distanciamiento a los dirigentes del FMLN por no manifestar un mayor apoyo al Presidente, otros atribuyen el divorcio de facto a Funes y el incumplimiento de las promesas hechas durante la campaña. Quienes votaron por la izquierda en 2009 esperaron un giro en las políticas sociales y económicas, un mejor cumplimiento de los derechos humano así como el fin de la corrupción y la falta de transparencia. Sin embargo, la ilusión inicial cedió al desencanto cuando las expectativas del cambio no se realizaron tal como se había anticipado. De hecho, en su Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 la administración Funes ofrece un buen diagnóstico de los problemas que enfrentan al país, y en el área de seguridad pública plantea una estrategia integral, basada en la prevención social, la investigación científica del delito, la atención a las víctimas, el fortalecimiento institucional, y la rehabilitación. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo prometido, ya que la política social es de corte asistencialista y la política de seguridad pública se hace eco del enfoque de mano dura que caracterizó a las administraciones de ARENA.

La persistencia del estatus quo se explica en parte por la aparente reticencia de Funes de ofender a los sectores poderosos de El Salvador, en parte por la falta de recursos debido a que la galopante corrupción durante las administraciones anteriores había vaciado las arcas del Estado. Más importante aún, el gobierno Funes-FMLN es un gobierno sin poder. El poder económico, militar, jurídico, mediático e institucional se ha quedado en manos de la elite. Maniatada, la actual administración está aplicando políticas que muestran más continuidad que ruptura con el pasado.

Los programas neoliberales implementados durante los últimos 20 años produjeron un crecimiento económico estéril e insuficiente, una enorme desigualdad social y un alto empobrecimiento (aliviado por la migración y las remesas), la precarización del mercado laboral, una crisis agro-alimentaria y energética así como desequilibrios fiscales y una deuda pública creciente. El modelo neoliberal sigue con el gobierno Funes-FMLN el cual ha destacado por sus programas de transferencias condicionadas y la entrega de becas y uniformes escolares. Además, las autoridades están aplicando una estrategia de seguridad cada vez más represiva, dejando a un lado las respuestas estructurales al crimen. Estas darían resultados a largo plazo y por lo tanto no coinciden con los ciclos electorales. Tanto en las áreas de la economía y la seguridad como en la política exterior, la administración Funes está estrechamente ligada a Estados Unidos. La sociedad salvadoreña no será más justa e inclusiva a menos que se emprenda un desarrollo humano sostenible. Pero los resultados de las elecciones de 2012 sugieren que en el futuro cercano no se dará un cambio de paradigma.

Los cambios en el proceso electoral

El recién concluido proceso electoral experimentó una variación en tres aspectos claves. Primero, se dio una ampliación del voto residencial, el cual permite que los electores emitan su voto en los centros de votación cercanos a su domicilio y no basado en su apellido. La medida es una antigua recomendación de los observadores internacionales y una petición del FMLN para que aumente el acceso al proceso de votación y se reduzcan las posibilidades de fraude a través del traslado de votos de un lugar a otro. El plan de voto residencial se viene programando desde 1999, pero no fue hasta 2006 cuando se realizó el primer proyecto piloto en siete municipios. En 2009 se sumaron 16 localidades más, y en 2012 esta modalidad abarcó 185 municipalidades en nueve de los 14 departamentos del país y en varias de las principales ciudades, incluido San Salvador. Con tal incremento se llegó a cubrir el 70% del territorio nacional y el 40% de la población. En años anteriores los municipios que contaron con voto residencial presenciaron una mayor asistencia a las urnas, superando incluso el promedio nacional, y la correlación de fuerzas se inclinó de ARENA, aunque no necesariamente a favor del FMLN. Puesto que el voto residencial había estimulado la afluencia de votantes, en 2012 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esperó que la participación sobrepasara el 60%, un nivel que suele alcanzarse en las elecciones presidenciales, pero generalmente no en los comicios municipales y legislativos.

Segundo, por primera vez se postularon candidatos independientes o no partidarios a diputados. En 2010 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que todo ciudadano mayor de edad tiene derecho a optar por cargos sin vinculación a un partido, habilitando así las candidaturas independientes. El dictamen creó mucha expectativa, pero la participación individual resultó ser muy escasa debido a que la Asamblea Legislativa -en su afán por contrarrestar el fallo de la Corte- creó obstáculos sumamente difíciles para los aspirantes sin partido político. El hecho de tener que revelar sus fuentes de financiamiento, recoger miles de firmas en poco tiempo, y no tener derecho a financiamiento estatal, constituyó una cuesta demasiado empinada para la mayoría de los candidatos. Inicialmente 19 personas pretendieron registrarse, pero al final sólo cinco de ellas cumplieron con los requisitos a tiempo para postularse en sus respectivos departamentos: San Salvador (2), Ahuachapán (1), Chalatenango (1), y La Unión (1). Aunque las candidaturas independientes se limitaron al nivel de diputados, mientras en Honduras se permitan también a nivel municipal, su creación fue un avance para la democracia salvadoreña. La pregunta inevitable era si uno de estos aspirantes iba a ganar una curul cuando en Honduras, donde las candidaturas no partidarias han existido durante diez años, ninguna ha sido exitosa.

Tercero, en 2012 El Salvador estrenó un sistema de votación que por primera vez permitió al ciudadano emitir voto directo por candidato. En 2011 una sentencia de la CSJ determinó que el esquema de la lista bloqueada (el voto por banderas) constriñe al elector a votar únicamente por los candidatos a diputados que el criterio de la cúpula partidista ha pretendido con antelación, lo cual desnaturaliza el carácter libre del voto. Algunas organizaciones de la sociedad civil habían esperado la creación de listas abiertas, las cuales prevén el voto por diputados de diferentes institutos políticos. Sin embargo, los partidos -sin excepción- no estuvieron conformes con el fallo e inicialmente se rehusaron a adecuar las normas. Finalmente se decidieron por listas cerradas y desbloqueadas, es decir, el elector puede votar por un solo partido, pero tiene libertad de seleccionar a los candidatos de su preferencia.

Las nuevas reglas rindieron cuatro diferentes maneras de votar: marcando una bandera; marcando una bandera y a la vez uno o varios candidatos partidarios; macando sólo una varias candidaturas del mismo partido; o marcando una sola candidatura independiente. Por consiguiente, se dio también un cambio en el escrutinio. En el primer conteo (el conteo legislativo general), se establece a cuántos escaños tiene derecho un partido; en el segundo conteo (el conteo legislativo preferencial), se define quiénes ocuparán esos cargos; y en el tercer conteo (el conteo municipal), se determina cuántas alcaldías ganó un partido.

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