Bolivia

La Niña otra vez en Bolivia

Fundación Solón

27/02/2012

Opinión

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Las últimas lluvias están generando en el país muchos problemas, inundaciones, y deslizamientos. Según las autoridades del Viceministerio de Desarrollo Rural, estos eventos extremos, ocasionados por el fenómeno de La Niña, dejaron 10.422 familias y 8.856 hectáreas afectadas en 123 municipios de los nueve departamentos del país, sin embargo, reiteraron que esto no debe afectar al alza de precios de los productos en los mercados porque se trata de un porcentaje mínimo en comparación a las 2.9 millones de hectáreas con que cuenta el país. De los municipios afectados 3 corresponden a Pando, 17 a Chuquisaca, 10 a Potosí, 16 a La Paz, 7 a Oruro, 5 a Cochabamba, 4 a Tarija, 1 a Santa Cruz, y Beni continúa todavía en proceso de evaluación.

El 22 de febrero el gobierno nacional emitió un decreto supremo declarando la emergencia nacional con la finalidad de disponer de recursos económicos para atender los requerimientos y las necesidades de los damnificados. La población de San Pedro de Bolpebra del departamento de Pando fue arrasada por el desborde del río Acre, cuyo caudal creció 14 metros por encima de lo normal, por lo que sus autoridades iniciaron la búsqueda para una nueva ubicación geográfica. Se trata de al menos 1.400 familias en esta localidad y la ciudad capital de Cobija.

El fenómeno de La Niña y el cambio climático

El cambio climático se constituye en una problemática que año tras año empeora las condiciones de vida de miles de personas en todo el mundo. Esta científicamente comprobado que este fenómeno es causado por la excesiva contaminación del planeta y que una de sus consecuencias principales es justamente la exacerbación de los fenómenos climáticos en frecuencia y magnitud. Según el Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA) de Bolivia, tanto el fenómeno de El Niño como La Niña se han intensificado en los últimos años debido al cambio climático y que las pérdidas acumuladas en el sector agropecuario suman 825 millones de dólares en los últimos cinco años. Según varios reportes, los costos económicos directos e indirectos que el Estado Plurinacional realiza cada año están entre el 3 y 4 por ciento del PIB, sin considerar los gastos que se hacen a nivel de las gobernaciones y los municipios.

Recordemos que en el marco de las Naciones Unidas, las negociaciones no están respondiendo de acuerdo a la necesidad y urgencia que la crisis climática lo demanda. En la última Conferencia de Partes (COP) en Durban el año pasado, igual que en Cancún y Copenhague, se asumieron acuerdos que solo beneficiarán al 1% de la población frente al 99% que sufrirá sus consecuencias, por lo que se denunció la instalación de un nuevo tipo de Apartheid global. Se firmó una ampliación ficticia del segundo periodo del Protocolo de Kyoto que no cuenta con metas claras de reducción ni con compromisos vinculantes para los países desarrollados, más al contrario, traspasa las obligaciones de mitigación los países “economías emergentes” desconociendo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”; y siguiendo a EEUU, se retiraron del Protocolo de Kioto, Australia, Japón, Canadá, Rusia y Nueva Zelanda. La próxima COP 18 se realizará a finales de este año en Qatar, uno de los principales exportadores de energía del mundo y uno de los países que enfrenta serios trastornos ambientales en sus costas a raíz de las altas temperaturas marinas.

A un año del “megadeslizamiento” en la ciudad de La Paz

Este evento climático es el ejemplo más cercano que tenemos en La Paz para recordarnos los irreparables daños sociales y económicos que causan este tipo de fenómenos. A un año del llamado “megadeslizamiento”, ocurrido febrero del año pasado, que afectó a 11 barrios de la ladera este paceña y de los que dos desaparecieron, actualmente 715 familias afectadas continúan en campamentos y refugios temporales, o sea 2881 personas. Si bien no hubo pérdidas humanas, el daño económico fue valuado en 93 millones de dólares; más de 300.000 personas de 41 barrios de las zonas sureste y sur de la ciudad pasaron un mes y medio sin acceso a agua potable debido a la rotura de una tubería de alta presión; y el municipio invirtió alrededor de 114 millones de bolivianos en la atención de esta emergencia.

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