El legado de paz y guerra de Alfonso Cano

10/11/2011
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A diferencia de las voces gubernamentales y de otras que manifestaron felicidad ante la muerte en combate de Alfonso Cano, comandante general de las FARC, expreso pesar por la pérdida de su vida así como por la de todos los servidores del Estado, insurgentes y, en especial, de las personas de la población civil víctimas atacadas por los actores de la confrontación militar. Con la muerte de Alfonso Cano el país perdió la oportunidad de que una persona de su talla política, capacidad de interlocución y protagonismo en conversaciones de paz hubiera sido cogestor de la transición definitiva a una paz democrática sostenible. Es el costo de la incapacidad estatal, gubernamental y de las FARC para conseguir un pacto de paz. Así mismo, evidencia el declive insurgente ante la inviabilidad histórica del proyecto insurreccional, el resentimiento de la opinión ante los líderes de una guerrilla comprometida con actos de degradación y carente de sintonía con la dinámica política, social y ciudadana empeñada en las transformaciones que podrán dar fundamento a la reconciliación.
 
Alfonso Cano fue expresión de la juventud que en los sesentas y setentas se reveló ante el autoritarismo y la ausencia de derechos y luchó para cambiar el régimen político, conseguir reformas sociales y posibilitar el desarrollo en condiciones de soberanía. Ello alentó el avance de las FARC, el ELN, el EPL y el M19 en los ochenta. Década en la cual también afloró la posibilidad de conseguir la paz por vía negociada cuando precisamente el gobierno Betancur suscribió con las FARC el primer acuerdo de paz, en Uribe, y paralelamente una tregua con el EPL que exigía la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y con el M19 que propuso un Diálogo Nacional. Por su parte el ELN proponía un convenio de humanización de la guerra. Desafortunadamente ese pacto de paz con las FARC, liderado por Jacobo Arenas y Alfonso Cano, no tuvo éxito ante el plan de extermino emprendido contra la Unión Patriótica, a lo que se sumó la inconsecuencia del Estado, los gobiernos, los sectores del poder y, en cierto grado, de las propias FARC, para hacer realizables los compromisos establecidos.
 
Vendría luego una nueva oportunidad para la paz al final de los ochenta e inicio del noventa cuando todas las guerrillas agrupadas en la CNGSB propusieron una negociación conjunta, lo cual no se consiguió por distintos factores, dando lugar a esfuerzos fraccionados. El M19 optó por negociar un pacto político de paz con apoyo en mesas de concertación ciudadana. El EPL al conseguirse la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente entró en negociaciones definitivas junto con el PRT y el MAQL, a partir de incorporarse y participar en sus trabajos que posibilitaron la expedición de la Constitución Política de 1991, dotando al país de los fundamentos de un régimen garantista. Así mismo, el M19 consolidó su
proceso de paz con importante participación en la Constituyente tras elegir un grupo significativo de sus integrantes en coalición con otras fuerzas políticas. Sin embargo, el conflicto armado no cesó con las FARC y el ELN, dado que hubo coincidencia lamentable entre el gobierno Gaviria y estas guerrillas, al privilegiar las estrategias de guerra sobre la posibilidad de recuperar la paz de manera integral en la coyuntura histórica definitiva que configuró el proceso constituyente. No obstante, se dieron entendimientos propiciados por esta corporación pública que conllevaron a los diálogos en Caracas y en Tlaxcala entre estas guerrillas y el gobierno, los cuales por la polarización de posiciones no consiguieron acuerdos. Alfonso Cano sobresalió entonces como principal vocero de las FARC y de las demás guerrillas que a pesar de la transición democrática posibilitada por la Constitución Política de 1991 prosiguieron en el alzamiento. A partir de los noventa el país vive la dicotomía entre un desarrollo constitucional democrático, soportado en el precepto del Estado Social de Derecho, que ha arrojado dividendos, y dinámicas de autoritarismo, guerra, violencia, empobrecimiento y crisis humanitaria. Se expandieron en tal contexto las FARC, en menor grado el ELN, pero de forma que las guerrillas se vieron implicadas en graves y frecuentes violaciones al derecho humanitario, a la vez que sobrevino la actuación de los paramilitares, agrupados en las AUC, dirigida principalmente al castigo contra sectores de la población señalados de colaborar con la insurgencia, ocasionando graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, por lo regular con cooperación o anuencia de la fuerza pública. Alfonso Cano en estos años dejó de lado su rol político y consolidó su papel como uno de los comandantes de las FARC.
 
Transcurrirán, entre tanto, numerosas y masivas manifestaciones en demanda de la paz, la solución política y el respeto a las normas humanitarias, configurando el llamado movimiento ciudadano por la paz. Afloraron hechos plebiscitarios que presionan la reglamentación del Artículo 22 de la CP sobre el derecho a la paz hasta conseguir la conformación legal del Consejo Nacional de Paz. Surgieron desde comunidades y localidades afectadas por las hostilidades y las violaciones manifestaciones de resistencia que se expresaron como Asambleas Municipales Constituyentes, Comunidades de Paz, Territorios de Paz, Zonas Humanitarias y desde los pueblos indígenas –fuertemente afectados - demandas de respeto a su autonomía territorial, gobierno, organización social y cultura propias.
 
En tal contexto, el gobierno Pastrana inició conversaciones de paz con las FARC y de manera más eventual con el ELN, entre 1999 y 2002, convinieron agendas, mecanismos y acuerdos parciales hacia soluciones humanitarias y el tratamiento de algunos de los temas definidos, pero finalmente el proceso fracasó en medio de las incoherencias de las partes, tanto en lo relativo a actuaciones y propuestas que allanaran la posibilidad de un acuerdo definitivo como ante la persistencia de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Alfonso Cano no participó en las comisiones de diálogo y negociación emprendidas, al parecer dado que no se llegó en firme a la fase de negociación de acuerdos sustanciales, aunque fue encargado de promover desde las FARC el Partido Comunista Colombiano (Clandestino) y el Movimiento Bolivariano, que en medio de las hostilidades no pasaron de ser redes de apoyo a esta guerrilla.
 
Bajo las administraciones del presidente Uribe se profundizó la estrategia de guerra oficial con mayores recursos técnicos y económicos conseguidos por el presidente Pastrana con el Plan Colombia acordado con Estados Unidos. Así fue refrenado el avance guerrillero, golpeadas las FARC de forma que adoptó un marcado repliegue militar y sólo recientemente recuperó cierta iniciativa, mediante actuación más fluida y eventual, reiniciada precisamente en el suroccidente del país, bajo la comandancia de Alfonso Cano, quien tras la muerte del comandante histórico Manuel Marulanda, ocupó la comandancia general. Pero surgió a la vez un rechazo masivo a las FARC por la toma de rehenes y la prolongación injustificada del cautiverio y los maltratos contra integrantes de la fuerza pública, de forma que aunque los familiares de las víctimas demandaban un acuerdo de intercambio humanitario entre el Gobierno y las FARC y la comunidad internacional prestaba sus oficios, la masacre de casi la totalidad de los diputados del Valle -en poder de las FARC- dejó sin piso tal opción y acrecentó la presión interna e internacional para que todas las personas en poder de ésta guerrilla sean liberadas de manera unilateral, hecho solo parcialmente logrado.
 
El actual gobierno del presidente Santos declaró que es posible un nuevo diálogo de paz con las guerrillas, a condición de que cesen hechos como el secuestro, el reclutamiento de menores, el uso de terrorismo y los ataques a la población civil, lo que corresponde al cumplimiento de obligaciones humanitarias. Si bien este gobierno no ha adoptado una política de paz y prioriza la estrategia de guerra, no puede desconocerse que se configura una situación política distinta, de ruptura con el autoritarismo, la corrupción y la negación de derechos que caracterizó al anterior mandato, lo cual alienta esperanzas en la retoma de posibilidades hacia la paz. Es preciso reconocer que Alfonso Cano a nombre de las FARC en este nuevo contexto planteó disposición a conversar con el gobierno, flexibilizó términos hacia los mecanismos de un posible diálogo y una nueva agenda y calificó como medidas que podían contribuir a la paz las iniciativas legislativas del presidente sobre reparación de las víctimas y restitución de tierras a los campesinos despojados y desplazados. Aunque en su último pronunciamiento, en reacción a la persistencia de los ataques militares gubernamentales, señaló al presidente de incumplir el ofrecimiento de diálogo.
 
En consecuencia, la muerte de Alfonso Cano deja un legado contradictorio por cuanto fue protagonista de esfuerzos y compromisos por la paz y hasta el final de su existencia argumentó a favor de ambientar tal posibilidad, ejerciendo un liderazgo de perfil político que se empañaba por actualizar el discurso y las propuestas ante las nuevas circunstancias políticas y del conflicto armado. Pero así mismo, simbolizó terquedad en la vida armada, subestimación de los cambios políticos sucedidos a tono con los propios procesos de paz y otras dinámicas, corresponsable de situaciones de las FARC como el fracaso en varios diálogos de paz, el nivel de degradación y arbitrariedad en su actuación y la incapacidad para retomar iniciativas políticas, decisiones y compromisos que hagan posible la solución negociada y de inmediato las obligaciones humanitarias.
 
Quienes lo conocimos personalmente y hemos seguido de cerca el pulso a todas estas circunstancias, podemos dar fe de su talante, virtudes y aportes como de las circunstancias y problemas que también lo involucraron de forma incidieron a la vez en moldear su perfil. Por tanto, nos debe pesar el alto costo de la guerra en todo sentido y con él la perdida de Alfonso Cano, en todo caso un personaje nacional, que muere combatiendo ante un operativo exitoso soportado por varias decenas de helicópteros artillados y casi un millar de soldados de fuerzas especiales que acabaron de forma implacable con su vida y con la de las guerrilleras y guerrilleros que al momento resistían. Ojalá el gobierno antes que empeñarse en proseguir tras el objetivo de aniquilar a líderes y comandantes de la insurgencia, entienda que sería de muchísimo más valor político e histórico conseguir que con ellos se lograra un reencuentro hacia la búsqueda de los pactos y compromisos que cierren el ciclo de la paz pendiente.
 
Bogotá, DC, 6 de noviembre de 2011.
 
Álvaro Villarraga Sarmiento, presidente Fundación Cultura Democrática
https://www.alainet.org/es/articulo/153940
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