El conflicto socio ambiental en el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec
22/06/2011
- Opinión
La creciente preocupación por la intensificación de los impactos negativos del cambio climático global como consecuencia del modelo energético basado en el consumo excesivo de combustibles fósiles ha generado un relativo impulso a las energías renovables (ER), incluyendo la energía eólica[i], bajo el argumento de que su uso contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático global.
Sin embargo, aún persisten muchas limitaciones para que las ER puedan hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático global. Una de las limitaciones es el predominio de los intereses del capital privado en las iniciativas nacionales e internacionales de promoción a las ER. Este es el caso del reciente desarrollo de la energía eólica en México.
En México, en la región del Istmo de Tehuantepec que corresponde al estado de Oaxaca, existe uno de los mayores recursos eólicos en todo el mundo que está siendo explotado por empresas trasnacionales del sector eléctrico como Iberdrola, Acciona, Endesa y Gamesa. Estas empresas mediante el apoyo del gobierno mexicano y el financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo construyen los parques eólicos que integran el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en tierras que pertenecen a comunidades indígenas y campesinas.
El Corredor Eólico es un proyecto diseñado en función de los intereses del capital privado que tiene como objetivo profundizar la integración energética en Mesoamérica mediante el suminsitro de energía eléctrica a las actividades productivas de tipo maquilador y a los corredores de desarrollo; y por otro lado, vender electricidad “verde” a empresas privadas bajo esquemas de comercio de emisiones de CO2.
Considerando lo anterior, la construcción de parques eólicos viola la soberanía nacional de México porque implica que las ganancias (incluidas las generadas por el comercio de emisiones de CO2) se transfieran al país de origen de la inversión; el nulo desarrollo tecnológico debido a que los parques eólicos emplean aerogeneradores que son propiedad de los países centrales; el incremento de la deuda externa como consequencia de los préstamos otorgados por organismos internacionales financieros; y la penetración del capital privado en el sector eléctrico.
Por otro lado, el Corredor Eólico provoca afectaciones sociales y ambientales que han generado un conflicto entre las comunidades, las empresas eólicas trasnacionales y el gobierno mexicano. El principal impacto social ha sido el despojo de tierrasa las comunidades a través de la firma de contratos de arrendamiento que privatizan los derechos de propiedad de la tierra y generan amplias ganancias para las empresas eólicas.
Ante esta situación, diversos grupos del Istmo de Tehuantepec como la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, entre muchos otros, se han organizado para demandar la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento, la suspensión de los proyectos eólicos, y la construcción de un proyecto comunitario de energía. No obstante, el gobierno mexicano y las empresas eólicas han ignorado sus demandas e incluso han utilizando la intimidación, la violencia y la cooptación de comisarios ejidales y representantes de comunidades para desarticular y desalentar la formación de una resistencia social.
Respecto a los impactos ambientales, los parques eólicos ocasionan la muerte de avifauna por colisión con aerogeneradores debido a que se localizan en una de las rutas migratorias de aves más importantes de Mesoamérica. Por otro lado, su construcción afecta la tierra donde se siembran los cultivos agrícolas de los que dependen las comunidades; la calidad escénica del paisaje debido a la expansión y acumulación de instalaciones eólicas; y posiblemente, la salud de las personas y otros seres vivos como consecuencia del ruido mecánico y electromagnético producido por los aerogeneradores.
El principal problema es que las afectaciones ambientales son ignoradas debido a que la implementación del Corredor Eólico está guiada más por la lógica de acumulación de capital que por un real interés en contribuir a mitigar los efectos negativos del cambio climático. En este sentido, los criterios que orientan la construcción de centrales eólicos como son: la potencial reducción de GEI y la cantidad de energía eléctrica generada, son insuficientes para determinar qué tan viables y deseables son los parques eólicos en términos sociales y ambientales. Esto es así, porque no permiten realizar una valoración integral de los beneficios, riesgos e implicaciones de la producción de energía eólica; y no están respaldados por una base de legitimidad social, ya que las decisiones sobre los proyectos eólicos ya están diseñadas de antemano y en términos que no reconocen las formas de organización de las comunidades.
Ante este panorama, el Estado debe diseñar un proyecto eólico nacional que impulse la fabricación de aerogeneradores; limite la participación del capital privado; y garantice el acceso equitativo de la población al suministro de electricidad. Por esto, la ejecución de proyectos eólicos requiere de un consenso social que permita a las comunidades influir significativamente en la toma de decisiones relacionadas con la implementación de parques eólicos. Esto implica la posibilidad de desarrollar esquemas de propiedad colectiva de la energía eólica y de sistemas descentralizados de generación de energía eólica con el propósito de evitar daños irreversibles e inaceptables para las comunidades y los ecosistemas.
- Emiliano Castillo Jara es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto:changonutria@gmail.com
[i] Existen dos formas de aprovechar la energía eólica: terrestre y marina. Los parques eólicos , centrales eólicas o eoloeléctricas o granjas eólicas son la infraestructura que se utiliza para aprovechar el recurso eólico.
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