El Salvador

La partidocracia: perversión de la democracia

Carlos Ayala Ramírez

20/06/2011

Opinión

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Teóricamente hablando la democracia es la forma de gobierno o régimen en el cual el pueblo es el soberano. Algunos de sus principios doctrinarios más importante son: elecciones regulares y libres, la separación y balance de poderes, libertad de información y de culto, la rendición de cuentas de los gobernantes y el derecho a exigirla, y la existencia de una sociedad civil activa, capaz de ejercer funciones de contraloría social sobre el gobierno y los grupos de interés. La democracia admite y presupone una visión crítica de la misma, por ejemplo, se habla de dos modelos de democracia: la representativa y la participativa. La primera sería el gobierno querido por el pueblo, porque el pueblo vota representantes, pero él no ejerce el poder directamente; la segunda sería el gobierno ejercido por el pueblo, a través de la participación ciudadana directa no sólo ni principalmente en los momentos y en el aparto electoral, sino, sobre todo, en los diferentes procesos y etapas del quehacer público, tanto local como nacional.

Ahora bien, uno de los instrumentos fundamentales de la democracia representativa son los partidos políticos; cuya función primordial es constituirse como uno de los vehículos que facilitan al ciudadano elector, poder escoger a sus representantes en los gobiernos nacionales o municipales. En consecuencia, podemos afirmar que a este tipo de democracia le es necesario que haya partidos políticos, a condición de que estos desarrollen una institucionalidad también democrática. La legitimidad y confianza que la ciudadanía pueda dar a los partidos políticos dependerá, en gran medida, de la capacidad y disponibilidad de estos para cambiar sus prácticas tradicionales de hacer política, especialmente, la práctica de acumular y concentrar los espacios políticos excluyendo a la sociedad civil, esto es, lo que se ha dado en llamar el mal de la partidocracia. Esta se puede definir como una perversión del papel que corresponde a los partidos políticos en la democracia representativa. La teoría política distingue, al menos, cuatro rasgos principales.

En primer lugar, el monopolio partidario de la representación. En El Salvador, por ejemplo, la Constitución Política, en su artículo 85 inciso 2º, expresa que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Esta exclusividad legal, representa serias limitaciones para que los ciudadanos puedan ejercer un voto libre y directo (a la hora de votar no hay más remedio que hacerlo entre las opciones que ofrece el partido); y por lo general, estos escogen a sus candidatos para los cargos públicos entre personas que garanticen primero los intereses del partido, las necesidades de la ciudadanía no suelen ser su prioridad. Por eso en las reformas electorales recién aprobadas, ha habido una insistencia en que se mantengan la opción de marcar la bandera del partido, y las listas cerradas y bloqueadas, reforzando de esa manera el monopolio de nominaciones. Al final de cuentas, el pueblo vota, pero no elige; y las candidaturas independientes quedan sin posibilidades reales de ganar.

El segundo rasgo de la partidocracia, es el control partidario sobre los representantes electos. Los diputados, por ejemplo, deben seguir la línea del partido y no necesariamente el programa legislativo que se ofreció al electorado, con lo cual no hay en la práctica independencia del legislador y este se convierte en un vocero del partido, no en un representante del pueblo. El funcionario rinde cuentas a su partido – que es en última instancia quien lo elige como candidato – no a la población a quien, se supone, debe servir. Un claro ejemplo de lo que afirmamos lo constituye la aprobación – activa o pasiva - del decreto 743, y la negativa a derogarlo como pide buena parte de la ciudadanía. El 743 es, según lo declarado por los mismos partidos, una especie de cerrojo para evitar – entre otras cosas - se declare la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, o para frenar reformas electorales que puedan disminuir o eliminar su control y hegemonía. La línea fue detener las sentencias de inconstitucionalidad que pudieran perjudicar sus intereses, aunque eso implicara violar el principio democrático de los pesos y contrapesos del Estado.

El tercer rasgo, es el llamado patrimonialismo partidarista, que consiste en hacer uso de su posición institucional para apropiarse o repartirse recursos o partes del gobierno. Un ejemplo emblemático de esta práctica lo tenemos en la Corte de Cuentas de nuestro país. Por muchos años estuvo en manos del Partido de Conciliación Nacional (PCN), como producto de “acuerdos” entre fracciones legislativas. Se esperaba que la elección de las nuevas autoridades no fuera producto de componendas partidarias, sino una elección transparente que mantuviera los criterios de idoneidad e independencia para garantizar eficacia y eficiencia en la contraloría de los fondos públicos. Estas expectativas nuevamente fueron frustradas y la institución se convirtió, otra vez, en una especie de botín compartido; la necesidad de una Corte técnica y no partidaria quedó nuevamente como una asignatura reprobada.

El cuarto rasgo, es la partidización de la sociedad civil; es decir, los partidos buscan tener también una cierta influencia sobre las organizaciones sociales para la consecución de su propia agenda política, y estas a su vez, pueden verse necesitadas de cierta vinculación orgánica con los partidos, como condición de posibilidad para incidir en las políticas públicas. En todo caso, esta relación desigual conlleva el peligro de la pérdida de autonomía que requiere la recta politización de la sociedad civil. De ahí, la importancia de fortalecer la organización y la movilización social. Los grupos locales de indignación ciudadana suscitados a raíz del decreto 743, son un buen signo de esperanza en ese sentido.

¿Qué hacer entonces ante la partidocracia? La primera respuesta es trabajar por una democracia incluyente que valore la necesidad de promover la organización de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, la política económica orientada hacia los derechos humanos y la separación de poderes. Pero de eso hablaremos en otra ocasión.

- Carlos Ayala Ramírez, director de radio YSUCA

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