Perú

Reforma educativa y reforma tributaria

Javier Diez Canseco

08/05/2011

Opinión

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Estamos penúltimos en calidad educativa en A. Latina. Gran parte de nuestros alumnos no comprende lo que lee, no maneja habilidades matemáticas ni científicas elementales. Nuestro presupuesto educativo es de los más bajos del continente: bordeamos el 3% del PBI. El AN, firmado por los partidos y las principales instituciones, establece que debemos invertir el 6% del PBI, pero es imposible en un país cuyo gobierno central apenas recauda entre 14-15% del PBI.

Brasil recauda el 34.5% de su PBI, Argentina 32% y Bolivia un 22%, muy por encima del Perú. Imposible pensar que con una recaudación del 14% del PBI podamos dedicarle 6% a educación y dejarle al resto del Estado apenas un 8%. No habrá más presupuesto educativo sin más recaudación tributaria.

Es evidente que un aparato educativo con resultados tan desastrosos requiere de más recursos y de una gestión más eficiente. La desigualdad marca la educación peruana. Así, sobre 26,334 centros educativos rurales del Estado, 20,990 son, según el CNE, escuelas unidocentes o multigrado: tienen un maestro o dos para todos los alumnos. Carecen de maestros por especialidad, de instalaciones adecuadas, de bibliotecas y servicios como Internet. El futuro de esos alumnos no es prometedor. Ello no ha cambiado en esta década de crecimiento estrella de la economía. Sumemos a ello los bajos sueldos de los profesores, su necesidad de tener dos o tres empleos, la ausencia de incentivos reales para actualizar sus conocimientos y procedimientos pedagógicos, y el pésimo manejo que hace la ley de carrera magisterial con mecanismos de evaluación unilaterales y antitécnicos.

Otro rubro fundamental a atender para mejorar la educación.

Además, los alumnos requieren una alimentación básica para permitirles un adecuado rendimiento. Un 30% de nuestra infancia está mal nutrida o desnutrida, lo que limita su rendimiento. Y si sumamos la ausencia de una política de salud preventiva y de mecanismos de diagnostico temprano de dificultades o discapacidades entre los alumnos, el panorama es más sombrío. Cambiar estas circunstancias exige recursos: más recaudación y una reforma tributaria.

Ni qué decir de los extremos de la estructura educativa. La educación inicial es insuficiente. El 2009, en zonas rurales, no eran atendidos más de 516,000 niños de 3 a 5 años. Y los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) eran de muy baja calidad y solo atendían a 252,000 niños. En el otro extremo, la educación técnica está casi abandonada y la educación universitaria pública ha deteriorado su calidad y enfrenta la desleal competencia de instituciones privadas, que –muchas veces– carecen de certificación de calidad, brindan deplorable formación pero generan ingentes ganancias apoyándose en la esperanza de un supuesto futuro mejor.

Las universidades, en general, desarrollan escasa o nula investigación. Carecen de centros de aplicación práctica para que los alumnos contrasten la teoría con la práctica y desarrollen apoyo científico y técnico a los requerimientos y necesidades de su entorno, de la sociedad en la que viven.

Duplicar el presupuesto en educación es un compromiso consensual incumplido. Una falsedad por falta de voluntad política. Hoy se abre esta posibilidad con la propuesta de Gana Perú de una revolución educativa y una reforma tributaria que le dé recursos. Que el Estado tenga un mayor porcentaje de la enorme renta minera que hoy se llevan grandes transnacionales. Que paguen las regalías que hoy no pagan. Terminar con los privilegios tributarios que les regaló Fujimori. Que el Estado cobre las deudas tributarias a la SUNAT, cuyo principal deudor es Telefónica del Perú, con casi dos mil millones de soles. Y, si sumáramos el combate a la corrupción que se apropia, según el Contralor, de más de 13,000 millones de soles del presupuesto anual… financiaríamos la revolución educativa para dar igualdad de oportunidades a millones de peruanos, elevar el rendimiento y la productividad del trabajo y hacer una sociedad más equitativa y justa.

La República, 09 de mayo de 2011

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