(Discurso que no me permitieron pronunciar sobre reformas al código minero (28 de enero de 2011) en  la  Comisión de Comercio de la  Asamblea de Diputados)

El Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá), con filiales en toda Latinoamérica y status de observador en las Naciones Unidas, bajo la presidencia honoraria del Premio Nobel  de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ha acompañado al Comité pro Cierre de Mina Petaquilla desde su fundación en 2007 y ha conocido la problemática desde cuando Cáritas Panamá bajo Héctor Endara la puso bajo su radar años antes.  Igualmente, hemos acompañado  a la Coordinadora Campesina por la Vida en sus luchas contra los embalses de cara al proyecto de ampliación del Canal y por el mejoramiento y la defensa del campesinado, específicamente de Colón, Coclé y Panamá.

Hemos acompañado a la Asociación Rey Quibián, representativa de más de mil indígenas Ngobe repartidos entre Nueva Lucha, Nuevo Sinaí, Río Palmilla y Chicheme,   que viven en el distrito de Donoso, dentro y alrededor de la concesión minera en Petaquilla.     Hemos realizado cientos de reuniones con todas las comunidades campesinas e indígenas de Petaquilla, reuniones que nos han acarreado amenazas y atentados en carretera  a nuestra integridad física por parte de elementos asociados a las mineras en distintas  ocasiones.

Por razones expuestas en esta Comisión y por otras cuya elucidación no cabe en el corto tiempo asignado, tanto el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, la Coordinadora Campesina por la Vida, la Asociación Rey Quibián, cuyo presidente Martín Rodríguez nos ha facultado para hablar en nombre  de las cuatro comunidades indígenas, y la Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada, bajo Rubén Bernal,  aunadas a Serpaj-Panamá, rechazamos rotundamente el proyecto de reformas al código minero y exigimos una moratoria lo suficientemente amplia que nos permita no solamente examinar algunos aspectos parciales de la minería como la cuestión de las regalías, tasas y aspectos administrativos, que se tocan en el proyecto de ley y  que son importantes, pero no suficientes.

 Necesitamos una moratoria  que nos permita, sobre todo, aclarar integralmente la responsabilidad que le cabe a la minería a cielo abierto en los efectos negativos del cambio climático mundial; el impacto real de dicha minería cuando se asienta en zonas tropicales como Panamá – de intensas precipitaciones pluviales, extraordinaria biodiversidad y riqueza hídrica; la tendencia mundial a prohibir la minería a cielo abierto; la prohibición creciente en la Unión Europea al uso del cianuro, especialmente en la explotación de oro; el incumplimiento masivo de normas y obligaciones ambientales a nivel mundial; el irrespeto bárbaro y salvaje a la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas proclamada por las Naciones Unidas, de quienes (me refiero a los indígenas) los proyectos mineros en Panamá han hecho tabla rasa y han declarado en Canadá, por ejemplo, que dentro de sus concesiones no viven indígenas porque son áreas despobladas, mintiéndoles y ocultándoles al gobierno canadiense sobre cómo se comportan sus empresas en Panamá.

Necesitamos una moratoria que nos permita examinar los efectos de la minería a cielo abierto en Panamá, particularmente en Petaquilla; que nos permita analizar las decisiones de los distritos de Tonosí, Macaracas, Guararé, Soná, La Palma y otros de prohibir la minería a cielo abierto; que nos dé tiempo para conocer por qué el  resto de los municipios de la República, que suman decenas y que desconocen todo acerca de la minería a cielo abierto y están expuestos a ella, especialmente en Chiriquí, Bocas, Darién y la Comarca Ngobe-Buglé,  aún no se han pronunciado sobre este tema que les concierne de manera tan  íntima y vital.  

Necesitamos saber por qué, pese a ingentes esfuerzos de nuestra parte, de las asociaciones que hemos acompañado, no ha sido  posible que el tema de Petaquilla sea analizado en ninguna reunión provincial de coordinación, en total irrespeto a solicitud pertinente por parte de casi todos los representantes de corregimiento en Coclé.

Necesitamos una moratoria lo suficientemente amplia para aclarar por qué Petaquilla Gold ha continuado ilegalmente sus operaciones si, desde 2004 por lo menos, carecía de Estudio de Impacto Ambiental; por qué han apelado con total éxito todas las medidas dictadas en su contra por la ANAM, entidad que los ha multado con un millón de Balboas  y condenado a pagar gastos mínimos de mitigación; que les ha anulado su presunta consulta pública de diciembre de 2007; que les ha permitido continuar a condición de que Petaquilla Gold cumpliese con 30 requerimientos de los cuales no ha cumplido ni uno solo. 

Necesitamos saber por qué no han progresado en las instancias judiciales ninguna de las demandas y querellas promovidas por Serpaj-Panamá en nombre de las comunidades.  Necesitamos saber por qué tienen amenazados a maestros y profesores en Coclesito de realizar actos en contra de las mineras y si es cierto, como se rumorea, que la escuela del lugar es financiada parcialmente por Petaquilla Gold, de la misma forma que se dice, algunos funcionarios de la provincia de Colón recibían o reciben prebendas de dicha empresa.

Necesitamos una moratoria que nos permita conocer en qué condiciones Petaquilla Gold les expropió, compró o usurpó  tierra y fincas a campesinos e indígenas de Petaquilla, engañándolos acerca de las facultades que les otorga la concesión de 1997, amenazándolos de que les iría peor con el gobierno si no se retiraban ya  de sus predios porque les iban a echar  de ñapa a la policía, tal como había ocurrido con los Nasos, a quienes el gobierno desalojó a favor de Ganadera Bocas. 

Es importante averiguar a quiénes se traspasaron las tierras usurpadas, arrancadas a los campesinos e indígenas de Petaquilla.

Desde hace cuatro años el indígena Merardo Morales y el propio Martín Rodríguez esperan que Petaquilla Gold  nos explique por qué les incendiaron sus ranchos en Agua Colorá y por qué quemaron y destruyeron otros ranchos a indígenas que huyeron aterrorizados, abandonando sus viviendas, que en total fueron como diez, luego de lo cual los jefes y empleados de Petaquilla Gold consumieron gallinas, cerdos, y productos agrícolas de los indígenas.

Y necesitamos una moratoria, señores diputados, porque fueron muchos los desmanes de los mineros contra las comunidades sin que ni la ANAM ni el gobierno hayan hecho absolutamente nada por interesarse, mucho menos para defender a las comunidades.

Necesitamos saber por qué, antes de que se implantara la minera, en Coclesito y regiones y aledañas no había problemas de drogas, alcoholismo, desintegración familiar, madres solteras, violaciones a menores y mayores de edad,  y Sida, y ahora todo eso se ha presentado.  Necesitamos saber por qué la Universidad de Panamá no cumplió con la decisión unánime del Consejo General Universitario de ayudar a las comunidades de Petaquilla.

 Necesitamos una moratoria para que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos investigue si Petaquilla Gold y Minera Panamá cumplieron con los requisitos legales que exige la Constitución Política para sus operaciones en nuestro país; para que averigüemos si es cierto o no que las tinas no se construyeron en el sitio más adecuado y si su construcción adolece de defectos congénitos que expliquen la  continua y permanente contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Al sol de hoy, ni el gobierno ni nadie ha realizado una gira médica a Petaquilla, a pesar de las inundaciones, derrames de las tinas de lixiviación y otras tragedias que han padecido sus moradores y que afectan gravemente su salud.

Señores diputados: Necesitamos una moratoria que nos permita conocer si Inmet Mining, la compañía canadiense madre de Minera Panamá, ha sido objeto de  sanciones, multas y decisiones ambientales y judiciales en países de la Comunidad Europea, el Medio Oriente, Canadá, Estados Unidos  o Latinoamérica, de manera que nos permita a los panameños saber si la empresa merece ser autorizada para operar en Panamá.

En fin, necesitamos una moratoria para cotejar el proyecto de reformas al código minero con nuestra Constitución Nacional, con el Derecho Internacional Ambiental, y con el sistema internacional de protección a los derechos humanos.

Y una última cuestión, señores diputados: 

Uds. tienen la obligación de hacer cumplir nuestras leyes tanto a empresas como a gobiernos; de que nuestras leyes sirvan para nuestras necesidades y no para resolverles problemas financieros a las empresas.  Nuestras necesidades de inversión no están por encima de nuestros intereses nacionales ni nuestra soberanía.  Yo no acepto que un gobierno del Lejano Oriente que no es China Popular, haya lanzado un  ultimátum al gobierno del presidente Martinelli para que reforme el código minero antes de tal fecha  o “aténganse a las consecuencias”.

A principios de siglo XX, algunos países europeos bloquearon con barcos de guerra  a Venezuela para hacer efectivo el cobro de una deuda que este país se negaba a pagar.  A raíz de este incidente, se aprobó la Doctrina Drago, que prohibía el uso de la fuerza para cobrar deudas.

Si los panameños no hemos sido capaces de poner orden siquiera en Petaquilla Gold o en Minera Panamá, ¿qué le hace pensar al gobierno que puede enfrentar a las cañoneras de Singapur, Corea del Sur, Vietnam y Canadá  cuando  vengan a reclamar sus derechos conculcados conforme al derecho internacional; o sea, cuando sean Estados y no simples empresas las que entren en conflicto sobre temas mineros  con Panamá, pues exactamente eso persiguen las reformas al código minero?

Los dejo con esta reflexión.

Muchas gracias.

Julio Yao, Presidente del Servicio Paz  y  Justicia en Panamá