Redistribuirán los gatos despenseros?
27/12/2010
- Opinión
“Redistribuir” es la palabra política de moda el 2011 entre los postulantes a la Presidencia. La impone el malestar de millones de peruanos ante un crecimiento económico que no mejora sus condiciones de vida y trabajo, que mantiene a casi 4 de cada 10 peruanos en pobreza y ha aumentando la miseria rural, que concentra la riqueza y la propiedad en escasas manos.
Hoy, todos ofrecen “redistribuir” la riqueza que el crecimiento genera. Desde Toledo (“manejaré la economía con la derecha y redistribuiré con la izquierda”), pasando por sus ex ministros PPK y Rodríguez Cuadros, o Mercedes Aráoz, que acaba de dejar el MEF de García, hasta Keiko, portavoz e hija del impulsor de este modelo económico de desigualdades extremas combinadas con programas asistenciales y clientelares. Los que ya gobernaron juegan a la redistribución. Pero no dicen de dónde saldrán los fondos para sus programas redistributivos. Duplicarán sueldos de maestros, de policías y soldados; nombrarán empleados públicos con derechos laborales elementales; darán una educación y salud públicas de calidad, servicios públicos al alcance de todos. Pero ¿de qué cuero saldrán las correas?
¿Formalizando a los informales para aumentar la recaudación tributaria? Vieja historia. ¿Con el chorreo producto de más beneficios a los inversionistas para recaudar más? Son cuentos. Los recursos a los que puede echar mano el Estado, para atender las necesidades nacionales, son fáciles de identificar. En primer lugar, las gigantescas ganancias y renta minera, gasífera y petrolera, que hoy se va a un puñado de consorcios extranjeros, dejando migajas. Representan casi dos tercios de nuestras exportaciones, pero dejan miserias. Si hubiésemos aplicado el prometido impuesto a las sobreganancias mineras de García, gravando un 50% de las ganancias extraordinarias de las empresas mineras, el país hubiera contado con 16,000 millones de soles adicionales en los primeros años del régimen. Sólo “las 7 principales empresas mineras... pasaron (sus utilidades anuales) de US$ 2,879 millones a US$ 4,540 millones del 2005 al 2006, aumentando a US$ 4,875 millones en el 2007”, es decir, sus sobreganancias superan los US$ 2,000 millones (anuales)” dice la Red Muqui.
Pero nadie las sienta a renegociar el respeto a los pueblos, al medio ambiente y las condiciones en que operan. Sin vergüenza, García cambió el tributo por un “óbolo voluntario” que manejan las mismas empresas a su antojo. ¿Los contratos de estabilidad tributaria o jurídica de la seudoconstitución fujimorista impiden el impuesto a las sobreganancias? Pues la Constitución debe cambiar y, además, los contratos se pueden renegociar con acuerdo de las partes. Más del 50% de esos contratos ya se ha renegociado, pero a pedido empresarial y en su beneficio. Para eso tienen funcionarios y candidatos presidenciales lobbistas al gobierno y al Congreso. El FMI informa que unos 30 países han redefinido su tributación para mejorar sus ingresos y atender a su gente, desde Zambia y Tanzania, hasta Chile recientemente. Pero el Perú de los felipillos no puede: no hay voluntad y decisión política de recuperar lo que es nuestro. Un solo candidato lo ha planteado, Humala, por GanaPerú, pero nadie debate el tema y la prensa lo ignora. ¿Decidiremos el 2011?
También podemos terminar con la corrupción impune (10% por cada compra o 20% por cada obra) o cobrar miles de millones de soles en deudas tributarias impagas de empresas que el Estado no cobra.
Podemos frenar la usura de los bancos y financieras. Pagan intereses miserables a los ahorristas y cobran intereses leoninos a quienes se prestan. El Banco Azteca y Electra cobran más de 180% de interés anual a los compradores. Saga o Ripley cobran cerca del 70%. Ello encarece el consumo abusivamente. El crédito a PYMES y emprendedores que necesitan capital es también usurero. Un BCR que ponga coto a estos abusos y establezca intereses máximos sería otro cantar. Pero los candidatos lobbistas no dicen ni pío. ¿Repetiremos el plato de poner un gato de despensero?
La República, 27 de diciembre de 2010
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