Colombia

Cambios notorios en la confrontación armada y en los referentes hacia la paz

Álvaro Villarraga Sarmiento

02/10/2010

Opinión

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A la posibilidad de restablecer diálogos de paz con las guerrillas, considerada por el Gobierno y propuesta por voces de la sociedad civil y la comunidad internacional, se impone la dinámica de la guerra con las FARC siendo débil la movilización por la paz e incipientes aún las necesarias reformulaciones que se requieren sobre política, agenda y estrategias para la paz. Pero ahora puede preverse que el epicentro del proceso no será el protagonismo guerrillero sino la conjugación de esfuerzos en ámbitos políticos, sociales e institucionales. Buscar un entendimiento con las FARC y el ELN enfrenta altas resistencias; conlleva perentorias exigencias humanitarias; demanda coherencia con compromisos de verdad, justicia, reparación de las víctimas y garantías de no repetición y conlleva una agenda acota en conformidad con las actuales circunstancias. Si bien las FARC tras el debilitamiento y el repliegue consiguieron adaptarse y retomaron cierta iniciativa, el duro golpe que les infringió recientemente la fuerza pública ratifica que cambió la relación de fuerzas a favor del Estado y que es inviable un intento de recuperación estratégica de la insurgencia.

Por tanto, un compromiso coherente con la construcción de la paz exige ahora retomar una política que ataque las causas y consecuencias del conflicto armado y de los contextos de violencia e ilegalidad existentes. Con base en compromisos gubernamentales, legislativos y de entes estatales; relacionadas con asuntos como la restitución de tierras, el retorno con garantías de los desplazados, la atención debida a las víctimas, la superación de la crisis en derechos humanos, la equidad social, las alternativas socioeconómicas para los sectores vulnerables, la superación del narcotráfico y la vigencia efectiva del Estado constitucional. Tal enfoque permite avanzar a través de múltiples acciones, de forma que se reafirmen las premisas de la solución política con las guerrillas y de la superación del entorno de violencia recrudecido en los espacios de ilegalidad generados por las expresiones de narco-paramilitarismo persistentes.

Por consiguiente, los posibles pactos de paz con las guerrillas podrían contar con un positivo marco de referencia pero, a la vez, unas posibilidades más discretas, a tono con la escasa representatividad, reducida capacidad militar y alta pérdida de legitimidad política derivada de sus actuaciones arbitrarias. De forma paralela, se puede considerar la revisión de la política ante el narcotráfico y el narco-paramilitarismo, en búsqueda de un marco de soluciones que podría conllevar arreglos de entrega de tierras y de bienes, contribución con los derechos de las víctimas, depuración eficaz del Estado y fórmulas de sometimiento a la justicia.

Las FARC si bien propusieron el diálogo, Alfonso Cano esbozó un marco temático más viable y planteó un diálogo sin condiciones, pretendieron replicar la ofensiva militar usual al inicio de los gobiernos en busca de posicionamiento político y militar, sobrevino el contra-ataque oficial, primero en Putumayo ocasionado numerosas bajas guerrilleras y luego con la Operación Sodoma en Meta, donde se impuso la línea de continuación de la ofensiva gubernamental contrainsurgente. Así, en menos de dos meses de Gobierno, las FARC y el ELN han sufrido golpes más contundentes que los sucedidos durante las dos administraciones del presidente Uribe.

En estas circunstancias, la pérdida de Jorge Briceño -principal comandante militar- conllevó un éxito político y militar para el gobierno Santos de importante repercusión interna e internacional. Golpeó la posición de quienes consideran imprescindible el liderazgo de Álvaro Uribe en la guerra interna lo que conduce a pretender justificar así el autoritarismo, militarismo, corrupción, connivencia con el delito y alianza con reconocidos representantes del narco-paramilitarismo de sus dos administraciones. Por tanto, si bien el presidente Santos tiene un programa y una política de continuidad con líneas centrales de la anterior administración, incluyendo la prioridad en la guerra contra las FARC, es preciso reconocer que asume valiosas rupturas, entre ellas con tales expresiones, de manera que nombra un equipo de gobierno en lo fundamental ajeno a tales sectores y prácticas, cesa el ataque contra la justicia, busca entendimiento con la oposición, promete atenerse a la Constitución Política y defender los derechos humanos y supera los graves conflictos y rupturas que existían con los países de frontera.

Este panorama permite inferir la posibilidad de incidir para avanzar hacia un consenso nacional que haga posible un acuerdo nacional para la paz. Proponer el cumplimiento de los parámetros constitucionales y legales existentes para el efecto. Con ellos el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz de manera que se suspenda el incumplimiento a la Ley 434 y la actuación en desacato al fallo del Consejo de Estado. Conseguir que las leyes y demás medidas referidas al Plan de Desarrollo, el Presupuesto Nacional, la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras obren en tal sentido. Recuperar una política de paz que deseche la reedición de la llamada “Política de Defensa y Seguridad Democrática” que en muchos de sus aspectos centrales ha hecho crisis. Conseguir con dinámica, discreción en lo requerido y visión de mediano plazo los entes estatales, gubernamentales a todo nivel, las expresiones de la sociedad y la comunidad internacional retornen a la actuación en beneficio expreso de la paz, asociada a temáticas centrales como la seguridad humana, la democracia, el despliegue efectivo de políticas sociales y el retorno a un ambiente de tolerancia y garantías políticas.

No obstante, también merece discutirse en esta perspectiva que la situación nacional en materia de conflicto armado y de contextos de violencia e ilegalidad sigue siendo compleja y agravada; siendo altos los retos para la nueva administración sin que aún existan políticas, estrategias y medidas claras para enfrentarlos. Es evidente el fracaso en término de las metas que habían sido propuestas y los efectos perversos sucedidos con la llamada “seguridad democrática”. Álvaro Uribe desmovilizó la mayoría de las estructuras de las AUC, en medio de total impunidad, lo cual desencadenó una positiva reacción de la justicia que impuso especialmente por la labor de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia dinámicas favorables a la exigencia de los derechos de las víctimas. Además, asistimos a un grave fenómeno de rearme de grupos procedentes del paramilitarismo y de redes mafiosas en medio de una violenta pugna por la herencia de poderes locales, regionales y ligados al control del narcotráfico y otras economías ilegales.

Por tanto, en términos de conflicto armado podemos decir que el presidente Uribe había heredado una guerra intensa entre el Estado y la insurgencia, pero dejó al presidente Santos una serie de guerras más complejas, diversas, degradadas y no resueltas. Esto porque a pesar de niveles importantes de recuperación territorial y el referido debilitamiento de las guerrillas, dejó sin resolver las hostilidades con ellas; dejó una guerra a medias y ambigua del Estado con las expresiones paramilitares y las redes delincuenciales emergentes; dejó así mismo varias guerras locales y regionales de disputa y reacomodo entre éstos dos anteriores tipos de grupos –en ámbitos rurales y urbanos-; pero a la vez, también dejó amagues de confrontación militar con varios países de frontera y el fortalecimiento de la intervención militar de EEUU con apoyo en las siete bases militares que habían sido concedidas para actuar con franquicia de impunidad.

En consecuencia, en el nuevo contexto cobra fuerza la idea desde los ámbitos políticos y sociales de que las dinámicas y las agendas para la paz deben cambiar de manera importante, en medio de un debate entre posiciones disímiles. Algunos sectores son partidarios ahora de conseguir la paz por medio de la guerra, ante la ilusión de una pronta derrota definitiva de las guerrillas, incluso sin importar sus altos costos y a sabiendas de que su prolongación ha conllevado factores de crisis social, crisis humanitaria, alta violencia, criminalidad y desinstitucionalización. Pero a la vez, obran los sectores partidarios de la paz por la vía política y pacífica con el entendido de conseguirla ante todo a partir de un proceso de construcción política, social y ciudadana, fundado en reformas, estrategias, medidas y logros diversos que superen la multiplicidad de factores y causas de conflictividad y violencia, con apoyo en distintos escenarios gubernamentales, legislativos, institucionales y del empoderamiento político y social de la ciudadanía.

De manera que la opción del entendimiento con las guerrillas desde esta posición tiene vigencia pero en función de tal contexto y de forma que la sociedad y los diversos movimientos políticos y sociales no le delegan su representación a los alzados en armas sino que los conminan a facilitar la solución política, a cumplir irrestrictamente con las demandas humanitarias y reconociéndolos en su debilitado y restringido nivel de representación. Pero así mismo, al igual que al Estado, la disposición para la paz le exige a las autoridades a todo nivel la observancia perentoria del derecho humanitario y el cese definitivo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han mantenido, como condición necesaria para poder asumir de manera fiable el entendimiento en aras de la paz. En tal escenario pero con renovadas circunstancias y posturas podrán actuar todas las expresiones políticas y sociales, pero desde luego en clara y absoluta ruptura con la violencia y el delito.

En resumen, bajo el nuevo Gobierno se evidencia de manera dramática la persistencia e intensificación del conflicto armado con las guerrillas; el escenario de la violencia se hizo más complejo con la irrupción de grupos emergentes de las desmovilizaciones paramilitares y las fuertes disputas asociadas al narcotráfico y otras herencias del fenómeno paramilitar. Pero al tiempo afloran síntomas positivos de retorno de las autoridades nacionales a la legalidad y el constitucionalismo, de manera que existe la esperanza en recuperar un marco de garantías, de ejercicio de los derechos humanos y de búsqueda de nuevas políticas y estrategias orientadas hacia la paz. Ello alienta los múltiples esfuerzos, las políticas y estrategias empeñadas en la superación del conflicto armado y los contextos de violencia. Propósitos que requieren ante todo de amplias dinámicas políticas, sociales e institucionales para propiciar las circunstancias que le den fundamento, sin desconocer que así mismo resulta conveniente conseguir una solución política al conflicto armado aún existente con las guerrillas activas de las FARC y el ELN, en un escenario más discreto, con una agenda más acotada y a pesar de su debilitamiento y alto grado de ilegitimidad.

Bogotá, DC, septiembre de 2010

- Álvaro Villarraga Sarmiento es Presidente de la Fundación Cultura Democrática e integrante del Consejo Nacional de Paz y de la Asamblea Permanente por la Paz.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 226, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/articulo/144586