segunda de tres partes

El neoliberalismo está asfixiando la democracia liberal

Alberto Rabilotta

25/09/2010

Opinión

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La profunda crisis económica, social y política en un creciente número de países de Europa, en Estados Unidos y otros continentes está alimentando el populismo de extrema derecha como opción política para una importante franja de la población. Este fenómeno político refleja la ola de descontento de los trabajadores y la clase media ante la impotencia de los aparatos legislativos y gobiernos para dar solución a los acuciantes problemas sociales y económicos que sufren, como el desempleo y la fuerte baja del nivel de vida. A este estado de cosas también contribuye la claudicación de los partidos políticos tradicionales –la derecha moderada, el centro liberal y los socialdemócratas- frente a las políticas neoliberales, lo que además explica la creciente apatía política y el ausentismo electoral de un fuerte porcentaje de la población en casi todos los países industriales.

Es en este contexto de una pérdida de terreno de los defensores de la “democracia liberal” que la mayoría de los gobiernos profundizan “contra viento y marea” las reformas que hacen retroceder o vacían de contenido los programas sociales, como parte de las políticas de austeridad que –dicen- son necesarias para reducir una deuda pública que –no dicen- se multiplicó desde el 2008 por los rescates del insolvente sector financiero privado.

Mediante decisiones ejecutivas –tanto en Europa como en Canadá y Estados Unidos- los gobiernos también aumentan el gasto de seguridad y espionaje interno y externo, promueven la delación social, se embarcan en mayores gastos militares y en guerras declaradas o encubiertas en lejanos países. En suma, un creciente número de gobiernos supuestamente democráticos han abandonado todo vestigio del supuesto respeto a la democracia liberal y actúan de forma cada vez más autoritaria y antidemocrática, como denuncian muchos analistas desde Canadá hasta Francia.

Este extraordinario estado de cosas es resultado de la radical transformación de la finanza y de la economía global en las últimas cuatro décadas, el retorno a las políticas económicas conservadoras neoclásicas del siglo 19, al “libre mercado” definido hoy como “neoliberalismo”, un sistema en todo el sentido de la palabra que fue diseñado en Estados Unidos a comienzos de los años 70 y que abarca desde el control de la economía y las finanzas hasta la política, pasando por la educación, la cultura y los medios de difusión. Como escribe el profesor Henry A. Giroux en su artículo The Powell Memo and the Teaching Machines of Right-Wing Extremists (truhtout.org), la “durable calidad de la capacidad destructiva” de las políticas neoliberales en Estados Unidos puede ser localizada en “la combinación letal de dinero, poder y educación” que los derechistas estadunidenses han aplicado desde comienzos de los 70, y en el uso de su influencia para desarrollar una infraestructura institucional y un aparato ideológico destinado a producir sus propios intelectuales, diseminar ideas y eventualmente controlar la mayor parte de los puestos de comando y las instituciones donde se produce, circula y legitima el conocimiento.

El Manifiesto Powell de 1971 (The Powell Memo, reclaimdemocracy.org ; ¿El acta de nacimiento del neoliberalismo?, primera parte en “Fin de Semana” de Milenio) resume cabalmente los elementos básicos de la doctrina neoliberal que estaba en marcha y lista para ser aplicada cuando Ronald Reagan llegó al gobierno estadunidense en 1980 (Lewis H. Lapham, Tentacles of Rage, Harper Magazine, septiembre de 2004), y que a partir de la década de los 80 fue expandida rápidamente a todo el mundo a través de las instituciones multilaterales dominadas por Washington, como el FMI, el Banco Mundial, el GATT y su heredera, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OCDE, y por las cientos de “fabricas de ideologías”- los llamados “think tanks”– creadas y financiadas por los más ricos capitalistas de Estados Unidos (Alan Jones, “Conecting the Dots”, 2006)

La contrarreforma que eliminó las políticas del New Deal y permitió el retorno al libre mercado fue consolidada en casi todo el mundo por los acuerdos multilaterales o bilaterales de libre comercio y de protección a las inversiones, por la imposición a los países en desarrollo del modelo basado en la producción de materias primas y el maquilado para la exportación, por las prácticas de empresas y bancos transnacionales en esos países y la eliminación de los controles de circulación monetaria y de la tasa de cambio fija, todo esto garantizado a nivel mundial desde mediados de los años 90 por la independencia de los bancos centrales respecto a los gobiernos nacionales en materia de políticas monetarias, que tuvo como consecuencia que los bancos centrales nacionales quedaran subordinarlos a los dictados del sector financiero privado y de las instituciones financieras internacionales, las IFI, significando el abandono de las políticas monetarias para estimular el empleo y la adopción de rígidas políticas monetarias para contener la inflación a niveles muy bajos, en beneficio de los rentistas y del sistema financiero.

En suma, el neoliberalismo es un sistema que tiende al universalismo y su objetivo es no dejar espacios ni siquiera para políticas capitalistas alternativas.

La contrarreforma en marcha.

Cuando aun reinaba el optimismo sobre el indiscutible éxito de la “mano invisible” del mercado, desde mediados de los 90, en los corredores de las múltiples reuniones de la OMC, de la OCDE y del FMI, los ministros del comercio internacional o de la finanza de países como Canadá, Estados Unidos o Francia enfatizaban a este periodista las “ventajas” que obtendrían todos los países –ricos, pobres y en desarrollo- de la imposición global de un “derecho y reglas comunes”, que decían era el objetivo central de esas instituciones: un “orden universal” para que se respetase al pie de la letra los acuerdos de libre comercio y de protección a las inversiones, y las reglas de la libre circulación de los capitales.

En otras palabras, en nombre de los potenciales beneficios de la “libre empresa” y a veces forzados por las presiones de Estados Unidos y otros países capitalistas en el caso de los países en desarrollo, los gobiernos nacionales fueron cediendo a instancias multilaterales que nada tienen de democráticas –la OMC y las IFI- varias palancas de su soberanía política, es decir de la capacidad de tomar decisiones en materia de políticas industriales y de desarrollo socioeconómico, de comercio interno y externo, de cambiar la política monetaria y ejercer mayores controles sobre las finanzas, entre otras acciones posibles.

Cuando el presidente Barack Obama utilizó el “Buy American Act” para reactivar la economía durante la Gran Recesión, esta medida fue denunciada en todo el mundo como “proteccionista” y una grave transgresión al libre comercio que solo Estados Unidos, el centro del poder neoliberal, podía permitirse.

La cesión de poder alcanzó el plano político y el jurídico, porque las leyes fueron cambiadas para subordinarse a instancias multilaterales supranacionales, como los tribunales de la OMC, del TLCAN o de las instancias jurídicas de la Comunidad Europea que defienden los intereses de las empresas privadas y no el interés publico, y están formados por abogados de negocios, ex funcionarios y políticos reciclados.

Limitados por el “chaleco de fuerza” del sistema neoliberal que les impide defender los legítimos intereses nacionales en la esfera económica, social y política, los gobiernos de un creciente número de países, incluyendo los países ricos, están manifestando una creciente incapacidad de gobernar, de responder efectivamente a graves problemas socioeconómicos que afectan a las poblaciones, de hacer valer y respetar los principios básicos de la democracia liberal que dicen representar. Los representantes políticos pueden constatar la gravedad de la situación, por ejemplo el desempleo crónico por la deslocalización de empresas o por las importaciones que destruyeron importantes sectores productivos, pero no pueden tomar medidas positivas a menos de salirse del marco neoliberal, un precio que ningún gobierno o partido de gobierno parece dispuesto a aceptar en estos momentos.

Al mismo tiempo es evidente que bajo el régimen neoliberal viene acentuándose en un creciente número de países la deriva autoritaria de parte de los poderes ejecutivos, que han ido usurpando los espacios de los aparatos legislativos. Esta usurpación corresponde a la lógica de evitar a toda costa el debate y la toma de decisiones democráticas en temas que puedan afectar a los intereses de los grandes capitalistas y financieros. Los acuerdos de libre comercio y de inversiones que determinan las políticas económicas y monetarias de los Estados son negociados “con menos conflictos y discusiones” por funcionarios y miembros de los aparatos ejecutivos para evitar, como me confiaba hace una década el ministro canadiense de Comercio Internacional, Pierre Pettigrew, los “bloqueos” de las fuerzas opositoras, fuera en el marco de las naciones o de las legislaturas.

Es así que las discusiones sobre temas cruciales de la economía, el comercio y las finanzas fueron parcialmente sacadas de los marcos legislativos y de la Organización de Naciones Unidas, la más democrática instancia mundial, y llevadas a foros informales como el G-7, G-8 o G-20, donde el poder de decisión está bajo el control de unas pocas voces. Y en el plano nacional el poder de decisión ha venido concentrándose en las manos de los poderes ejecutivos que consultan con el sector privado y son apoyados por los medios de comunicación que en muchos países cumplen la función de aparatos de difusión y propaganda, de caja de resonancia del sistema de libre mercado.

Esta forma de autoritarismo facilita la toma de decisiones arbitrarias e impopulares, como otorgar bajas de impuestos a los ricos y alargar la edad de retiro para los trabajadores, o la adopción de políticas de austeridad de fuerte impacto económico y social. Algo similar explicaba a comienzos de los 70 Jeane Kirkpatrick, ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, cuando afirmó que las necesarias reformas para hacer funcionar el capitalismo –que comenzaba incursionar dentro del sistema neoliberal- eran más fáciles de realizar dentro de un régimen autoritario como el del general Augusto Pinochet que en una democracia. Y cabe recordar que el Chile de Pinochet se convirtió en el primer laboratorio “exitoso” de experimentación del sistema de libre comercio.

Como señala el columnista canadiense Thomas Walkom (The Toronto Star), para los defensores del sistema actual “un moderadamente alto desempleo es útil” porque “mantiene bajos los salarios e incentiva a los empleados a trabajar más por menos”, porque pone a los sindicatos en difícil situación y reduce la recaudación fiscal, lo que aumenta los déficits fiscales “y provee una excusa para bajar aun más los salarios del sector público y eliminar los programas” estatales, o sea que esta grave situación permite profundizar la contrarreforma neoliberal: aumentar la concentración de la riqueza en unas pocas manos, reducir aun más el papel y los poderes de los Estados y minar definitivamente lo que resta de democracia liberal.

Tal escenario no es nuevo. En los años 30 del siglo pasado el derrumbe del sistema de libre mercado tuvo consecuencias políticas similares que abrieron el camino, en varios países, al totalitarismo, que será el motivo del tercer y último artículo.

- Alberto Rabilotta, Toulon.

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