Colombia

Nuevas circunstancias y dilemas para la paz

Álvaro Villarraga Sarmiento

29/08/2010

Opinión

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Ciertos cambios planteados por el Gobierno Santos hacia el entendimiento, garantías a la oposición y restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Ecuador, el verdadero significado de un acuerdo nacional y la retoma de la posibilidad de un diálogo con las guerrillas, son elementos que pueden posibilitar un cambio político que permita retomar el tema de la paz. En consecuencia, aunque el gobierno definió dar continuidad a la prioridad de la ofensiva militar –llamada “seguridad democrática”-, se abre la opción de incidir para que se retome una política de paz, se reconozca el conflicto armado con sus actuales recomposiciones y se reconozca que tal política exige la búsqueda de un acuerdo nacional que promueva medidas que ataquen las causas, los factores y las consecuencias del conflicto. Por tanto, ahora el logro de la paz pasa por una agenda de diversos compromisos que no se centra en el diálogo con las guerrillas pero que tampoco lo descarta, puesto que a pesar de su debilitamiento y escasa representatividad social y política actual, sigue siendo una condición determinante.

El gobierno Uribe concebía que la paz vendría de una pronta derrota de la insurgencia –que no logró conseguir- y de la reinserción de desertores, marginados, encarcelados, auxiliadores y de familiares de insurgentes que mantienen relaciones con ellos, por cuanto dadas las circunstancias pueden aceptar tal opción antes que someterse a la judicialización o –en el caso de los presos- del cumplimiento total de la pena impuesta. Además, en su concepto ya no existía el paramilitarismo. Por tanto, afirmó que se consolidaba el postconflicto de forma que ahora correspondía focalizar la atención ya no en consejerías o instancias para la paz política y negociada sino desde Acción Social, para tratar simultáneamente a las víctimas y los desmovilizados “dentro de un enfoque de reconciliación”. Sin embargo, las dinámicas del conflicto armado, las voces desde la comunidad internacional y las demandas humanitarias, paradójicamente lo condujeron en las postrimerías del mandato a realizar exploraciones hacia posibles entendimientos con la insurgencia en aras de conseguir la liberación de los rehenes, secuestrados y miembros de la fuerza pública en poder de las FARC.

Así, el ex comisionado de paz, Frank Pearl buscó reabrir discretamente canales con las FARC y el ELN, presionado por la dinámica de las últimas liberaciones unilaterales de cautivos en poder de las FARC que llegó a cierta aproximación en torno a la posible liberación colectiva de los demás miembros de la fuerza pública en poder de ésta guerrilla por vía de alguna fórmula de acuerdo humanitario. Por lo mismo, expresó que las guerrillas estaban cerca de una negociación, hecho que explicó como resultado de la ofensiva militar gubernamental. Según su versión no se consiguió avance por la oposición de las FARC a dialogar en el exterior. En consecuencia, el gobierno Uribe dejó al actual presidente el mensaje de que tales acercamientos con las guerrillas son inútiles si no se reconstruye confianza, si no existe posibilidad de lograr acuerdos prontos de desarme de la insurgencia y si no se evita que “demasiadas entidades o personas pretendan sentarse en la mesa o alrededor de ella”.

Entonces, el actual gobierno se ve ante los reto de persistir en una confrontación exitosa frente a las guerrillas, conseguir la eficacia no demostrada en el combate a los grupos rearmados del paramilitarismo, salirle al paso a las nuevas dinámicas de expansión, reacomodo y disputas armadas entre sectores del narcotráfico y revisar las limitaciones, contradicciones y metas no logradas por la “política de seguridad democrática”. Panorama que puede dar lugar a un debate sobre la necesidad de retomar una política de paz, articulada a asuntos como una política de seguridad humana, una verdadera política social, la recuperación de los derechos humanos, la atención de los derechos de las víctimas, el retorno con garantías de los desplazados que conlleve la devolución de las tierras y los bienes despojados. Oportunidad para esta perspectiva optimista puede buscarse en torno a la definición en firme de sus políticas que busca hacer el presidente Santos, de su plan nacional de desarrollo, de la agenda legislativa y de la propia agenda de exigibilidad de los movimientos políticos, sociales y ciudadanos.

Panorama actual del conflicto armado

El conflicto armado interno en Colombia continúa. Aunque la Política de Defensa y Seguridad Democrática aplicada durante los dos mandatos consecutivos del Presidente Álvaro Uribe logró reducir indicadores de violencia, golpear a las guerrillas, ampliar el control territorial por parte de la fuerza pública e inducir una parcial desmovilización del paramilitarismo, el conflicto armado continúa y no parece posible ponerle fin por medios militares. A la vez, intentar la solución definitiva por la vía militar luego de ocho años de empeño sostenido sin conseguir los resultados finales esperados reabre discusiones y deja grandes preocupaciones sobre los altos costos y riesgos políticos, sociales, institucionales, materiales y humanitarios que conlleva. Además, contrasta el optimismo del gobierno saliente sobre la pronta consecución de una derrota estratégica y definitiva de las guerrillas, anunciada como el “fin del fin”, con las estadísticas oficiales que evidencian cierta recuperación de la iniciativa y las acciones de las FARC en el sur-occidente del país, el fortalecimiento y la extensión de los grupos reactivados y rearmados procedentes del paramilitarismo y el aumento notable de la violencia urbana.

Si bien entre 2003 y 2006 se desarticularon las AUC y se produjo una importante aunque parcial desmovilización de los grupos paramilitares, no se desmanteló el conjunto del fenómeno paramilitar y persisten varias de sus estructuras armadas, a la vez que sobrevinieron otros grupos rearmados, con frecuencia liderados por anteriores paramilitares, que actúan en medio de la proliferación de grupos y redes delincuenciales. Estos grupos armados disputan con verdaderas guerras de impacto regional y graves consecuencias humanitarias contra la población, en torno a las zonas de anterior presencia de los bloques paramilitares desarticulados, con el interés de mantener o recuperar sus aliados de diverso tipo, los espacios de coerción social y dominio territorial, la interferencia o cooptación de entes estatales y gubernamentales, los negocios ilegales y legalizados, incluido con importancia prioritaria en la mayoría de los casos el narcotráfico. Si bien en algunas regiones mediante ciertos esfuerzos institucionales se ha logrado superar total o parcialmente tales situaciones y actúa en beneficio de ello el rechazo ciudadano y su búsqueda de vigencia del Estado constitucional, aún mantiene vigencia tal circunstancia en numerosos lugares[1].

En contraste con lo anterior, también se encuentra una parte de los ex integrantes de las estructuras paramilitares que asumieron el desarme, la desmovilización y la vinculación a los programas de reintegración a la vida civil. Muchos de ellos fueron acogidos por sus familias y comunidades en distintas regiones y otros por distintas razones, incluida la de seguridad, se han desplazado a las principales ciudades. A la vez, parte de los jefes y numerosos ex integrantes de los grupos paramilitares están privados de la libertad y algo más de cuatro mil están vinculados a los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, de forma que en diverso grado han contribuido con las acciones de la justicia, en busca de esclarecer crímenes cometidos y de contribuir con los derechos de las víctimas. Como reacción a tal situación, ex jefes paramilitares con el concurso de los grupos armados reactivados han ocasionado la muerte a un alto número de desmovilizados para evitar sus declaraciones ante la justicia y otros han sido acallados a través de amenazas.

Persistencia de iniciativas de paz

Aunque aún no se configura un cambio importante en la agenda pública que ponga de nuevo acento en el tema de la paz, si se han presentado varios esfuerzos orientados a analizar y discutir nuevas opciones que pueden preverse para conseguir la superación del conflicto armado y la construcción de las premisas de la paz. Los Programas de Desarrollo y Paz apoyan a las comunidades campesinas locales en proyectos de cooperación orientados al desarrollo y la consecución de la paz. En el ámbito institucional se reactivaron las Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara, realizaron sesiones de trabajo y audiencias públicas y discutieron frente al Gobierno nacional la ausencia de políticas y acciones efectivas para la paz y de soluciones humanitarias. Una de tales audiencias convocó a la presentación de iniciativas de paz que existen en el ámbito nacional, la cual consiguió la presencia de numerosas delegaciones regionales y sociales. De manera particular, estas comisiones del Congreso junto con los integrantes del Consejo Nacional de Paz que son delegados de las organizaciones sociales, gremiales, de iglesias, ONG de derechos humanos, iniciativas de paz y de vocerías de los procesos de paz realizados con organizaciones guerrilleras en el pasado, exigieron al Gobierno nacional la reactivación del funcionamiento de dicho consejo, lamentablemente sin conseguirlo, de forma que la decisión oficial de cesar su funcionamiento contradice la Ley 434 de 1998 y una Sentencia del Consejo de Estado de 2008. En términos jurídicos con dicha situación el Gobierno Uribe adoptó un desacato abierto a la ley, sin que las autoridades respectivas intervinieran para evitarlo y llamarlo a cuentas.

Paralelamente, entre los esfuerzos académicos recientes con impacto internacional sobre los asuntos del conflicto y la paz en la Colombia actual, un nuevo informe de Crisis Group[2] señaló en 2009 que el país estaba polarizado entre dos posturas: la del Gobierno nacional y las posiciones que le son afines que consideran que “la política de seguridad democrática” logró desmovilizar a los paramilitares, derrotar las guerrillas y dar paso al pos-conflicto; y la de sus contradictores que afirman que no han desaparecido las expresiones del paramilitarismo, las guerrillas a pesar de los golpes se mantienen y no resultó factible ni es deseable la vía de la derrota militar puesto que sigue vigente el conflicto armado por lo cual corresponde retomar el tratamiento político con la insurgencia. A partir de tal situación, el informe referido propuso adoptar una “Estrategia de Resolución Integral del Conflicto Armado”[3].

Para tal estrategia Crisis Group argumenta la superioridad de las salidas negociadas frente a las derrotas militares, lo cual concuerda con el argumento planteado por la Escuela de Paz de Barcelona, dirigida por Vicenç Fisas, que en sus informes Anuario de Paz, de los últimos años ha argumentado que la tendencia histórica avanza hacia la resolución política de la gran mayoría de los conflictos armados en las últimas décadas y que se perciben actualmente en Colombia de nuevo distintas voces que indagan sobre la forma de conseguir respuestas para recuperar la paz. En tal sentido, éstos centros de pensamiento del ámbito internacional coinciden con las iniciativas de paz internas referidas y con la recomendación de las Naciones Unidas para Colombia, reiterada año tras año, sobre conseguir una fórmula de diálogo entre el Gobierno nacional con las guerrillas, en aras de recuperar definitivamente la paz.

La construcción de la paz

Acabar definitivamente con las expresiones de guerra interna que aún afecta a Colombia y que han ocasionado una grave tragedia humanitaria implica, en el mejor de los casos, la consecución de acuerdos de paz con las FARC y el ELN. Pero cobra fuerza el concepto de que la paz no se reduce a tal posibilidad, ni se sujeta a la voluntad particular de los actores de la guerra, sino que conlleva diversas dinámicas institucionales, políticas y sociales comprometidas con la construcción de la paz, entendido como un proceso político, social, ciudadano y cultural de carácter integral. Por consiguiente, construir la paz implica reconstruir las relaciones sociales con sentido equidad e inclusión, reparar los daños causados, atender los derechos de las víctimas, recuperar el tejido social y superar las causas y los motivos de la guerra. Es así como se hará posible sentar los pilares de la construcción en firme de una paz democrática y sostenible, sustentada necesariamente en un amplio consenso y un acuerdo nacional, que permitan sentar las premisas de la reconciliación.

En esencia, se asocia a los presupuestos de un proyecto democrático de sociedad y constituye a la vez un fenómeno cultural, de la cultura de paz y la construcción de ciudadanía soportada en el ejercicio efectivo de sus derechos. Pero construir la paz también implica esfuerzos del Estado y la sociedad para recuperar una política de paz coherente y buscar soluciones políticas al conflicto armado y soluciones socioeconómicas a las problemáticas de contexto que se asocian a los entornos de ilegalidad y violencia. Por tanto, la reconciliación no se reduce a la necesidad imperiosa de conseguir que se hagan efectivos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición de los graves crímenes sucedidos. Porque se trata ir más allá de ellos para el logro de los fundamentos de una paz estable, sustentada en un nuevo pacto por la convivencia, de forma que no sólo se consiga la superación de la violencia y la crisis humanitaria, ni sólo el entendimiento entre el Estado y los grupos alzados en armas, sino el concurso protagónico de la sociedad y la actuación correspondiente de la institucionalidad, tras los propósitos de sólida afirmación de la democracia y construcción a profundidad de la justicia social.

La solución política del conflicto armado

En el contexto de la terminación del segundo mandato consecutivo del presidente Álvaro Uribe y la campaña electoral que conllevó a la elección del nuevo presidente Juan Manuel Santos, se ventiló en el debate público de la campaña electoral por la presidencia el cuestionamiento, desde distintos sectores, de los alcances y consecuencias de la política gubernamental al encontrar discutibles sus logros en seguridad, la persistencia del conflicto armado, el rearme de nuevos grupos tras la desarticulación de las AUC y el incremento notable de la violencia urbana y del conflicto armado y la violencia en varias regiones. En particular frente a las guerrillas, como lo referimos antes, varios sectores plantearon que el gobierno debía retomar el diálogo para la paz; sin embargo, se expresaron fuertes resistencias y prevenciones al respecto, de forma que existe desconfianza ante sus posibles resultados y muy notorio rechazo político a la guerrilla. Además, dado el cambio en las circunstancias del conflicto armado y el debilitamiento de las guerrillas, distintos sectores tienen expectativas en su derrota militar o cuestionan su real nivel de representación política. Además, dentro de los partidarios de la solución negociada con la insurgencia se prevé que sería con base en una agenda más acotada en su contenido y pretensión y con ofrecimiento de real disposición a llegar a acuerdos de paz definitivos.

Desde hace tres años el Secretariado de las FARC abrió una compuerta al entendimiento con sectores de la sociedad a través del diálogo epistolar desarrollado con el grupo ciudadano Colombianas y Colombianos por la Paz e hizo propuestas y ofertas unilaterales para avanzar en fórmulas hacia la liberación de los rehenes y el personal de la fuerza pública retenido. En una comunicación de las FARC a este grupo ciudadano expresaron que no proclaman “el principio de la guerra total ni de la guerra por la guerra” sino que su propósito es “lograr cambios profundos en la estructura social” y cambiar el régimen político “excluyente e injusto”. Afirmaron entonces que la paz no podía entenderse como simple reconciliación ausente de los cambios estructurales y sin alcanzar un contexto de justicia social. A la vez se declararon partidarios de conseguir un Gran Acuerdo Nacional de Paz. Al iniciar el Gobierno Santos, Alfonso Cano expresó que las FARC están dispuestas a un diálogo de paz sin precondiciones que considere por lo menos cinco temas básicos[4]. De igual forma, el ELN ha expresado en varias ocasiones que frente a un cambio significativo desde las posiciones de gobierno frente a la paz estaría dispuesto a retomar las conversaciones en perspectiva de conseguir una ruta hacia las negociaciones y los acuerdos de paz. El Acuerdo Base podría ser retomado con el nuevo Gobierno nacional, sin condicionamientos adicionales, de forma que se podría partir de una serie de consensos viables hacia emprender un proceso de paz, con la premisa de la adopción de compromisos humanitarios y la realización de un ejercicio de consulta a la sociedad.

Propuestas y recomendaciones

Lograr una paz sostenible por medio del diálogo, la negociación y el protagonismo social y político de la ciudadanía. Reiterar la búsqueda de las soluciones del orden político y social para construir la paz y conseguir la solución negociada del conflicto armado. Conseguir en beneficio de éstos propósitos amplios consensos sociales, orientados al fortalecimiento de la democracia y de una sociedad justa e incluyente. La democracia política, la democracia social y la no discriminación son condiciones en tal empeño.

Recuperar una política de paz integral con participación estatal, gubernamental y social. El nuevo Gobierno nacional debería adoptar en consecuencia una política de paz que se armonice con los requerimientos de la seguridad, la atención de los derechos de las víctimas y la superación de los contextos de violencia e ilegalidad persistentes. Promover con el concurso de la sociedad y el apoyo de la comunidad internacional el acercamiento entre el Gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN, en aras de conseguir compromisos y soluciones humanitarias urgentes y acuerdos que contribuyan con los esfuerzos hacia una paz duradera. Ello requiere quebrar el justificado escepticismo ante los fracasos anteriores, exige disponibilidad a llegar pronto a acuerdos definitivos de paz e implica una agenda más acotada y realista en las nuevas condiciones para lograrlo.

Conseguir un acuerdo nacional por la paz, que ventile y conjugue diversas propuestas del orden nacional, sectorial, regional y local. La propuesta de Mínimos para la Paz de la Comisión de Conciliación Nacional es un punto de partida valioso al respecto. En cumplimiento con la ley debe retomarse el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz, viabilizar su funcionamiento regular y contribuir con el tema de la paz hacia la agenda política y potenciar las múltiples y diversas iniciativas que surjan al respecto desde la sociedad civil y los sectores institucionales. Estimular la creación y el funcionamiento de los consejos territoriales de paz y sus actuaciones.

La recuperación del territorio por parte del Estado debe fundamentarse en la plena vigencia del Estado social de derecho y de las garantías y derechos ciudadanos. La participación de la fuerza pública no debe extenderse a actuaciones que propendan por la militarización de la vida civil ni por formas de control y coerción sobre la población civil y las autoridades civiles. Los programas de reintegración de la población desmovilizada deben afirmar un carácter civilista, eliminar la figura del pago de recompensas y las presiones a los desmovilizados desde la fuerza pública para participar en acciones militares y de inteligencia. Excluir a los desmovilizados de participar en labores relacionadas con el uso de las armas y la seguridad pública o privada.

Dinamizar acciones propias de la diplomacia ciudadana por la paz, para conseguir incidencia política a favor de la paz de Colombia en importantes escenarios internacionales. Diplomacia que se proyecta hacia los estados, los gobiernos, las autoridades a todo nivel, los organismos intergubernamentales e internacionales y la sociedad civil en el ámbito internacional. La aspiración de la paz interna se conjuga con las de la paz en las fronteras, en la región y en el mundo. Deben imperar los presupuestos de la paz en todos estos ámbitos y rechazar los de la guerra y donde exista demandar su resolución pacífica y la salida de las potencias agresoras en los casos de invasión. Superar la incidencia lamentable conseguida por el conflicto armado interno colombiano en las fronteras y en los países de la región. Exigir de los demás países el no respaldo al militarismo, ni a los actos de agresión a terceros países, ni el apoyo a los grupos armados ilegales ni el tratamiento militar a los asuntos que corresponde resolver por la vía política, diplomática, de las agendas concertadas y de la cooperación.

Conseguir el apoyo constructivo de la comunidad internacional para las estrategias de la construcción de la paz y para el acompañamiento y apoyo a los esfuerzos por la solución política del conflicto armado interno en Colombia. Fortalecer las líneas de cooperación internacional enfocadas a priorizar los temas de la democracia, el fortalecimiento de la sociedad civil, el apoyo a los sectores que han sido históricamente discriminados, la paz, la superación de la pobreza y el desarrollo sobre presupuestos de soberanía, beneficio de la población, defensa del medio ambiente y equidad y mutuo beneficio en las relaciones internacionales. Condicionar la cooperación militar a la no instalación de bases militares extranjeras ni el estacionamiento de contingentes y equipos de ejércitos extranjeros en Colombia; ni la intervención en el conflicto armado existente en Colombia ni a propiciar ni participar en conflictos armados en otros países; la no injerencia en asuntos internos, el respeto a la institucionalidad local y a la población y la no actuación bajo fueros de impunidad en materia de las obligaciones jurídicas existentes en el derecho interno e internacional, relativas a los derechos humanos y el derecho humanitario.

Bogotá, DC, agosto de 2010.

- Álvaro Villarraga Sarmiento es Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 221, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

[1] Sobre el tema del desarme, el rearme, la reintegración y las nuevas disputas de los grupos armados que sobrevinieron tras los bloques paramilitares, ver el II Informe de la CNNR: La Reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas, Bogotá, 2010.

[2] Markus Schultze-Kraft, La estrategia de resolución integral del conflicto armado y la construcción democrática del poder y del orden en Colombia, Crisis Group, Bogotá, D.C., 2009.

[3] A partir de la articular tres elementos: (1) Una seguridad (militar y ciudadana) respetuosa de los derechos humanos; (2) Un proceso político amplio e incluyente de construcción democrática del poder y del orden; y (3) Conseguir la presencia del Estado en todo el territorio sobre presupuestos civilistas y garantistas.

[4] Los temas hacen referencia al acuerdo militar con EEUU, la reforma agraria, el régimen político, el modelo económico y los derechos humanos.

https://www.alainet.org/es/articulo/143725