Honduras es un país centroamericano fronterizo con Nicaragua y Guatemala. Su población, más del 40% rural, es algo inferior a los 8 millones de habitantes. Es una de las tres sociedades más pobres de América Latina y el Caribe. Los otros son Haití y Nicaragua. El ingreso per cápita hondureño es de 2.793 dólares, pero propiedad e ingreso están muy mal distribuidos (coeficiente de Gini de 0.568, quinto puesto entre los más inequitativos de América Latina). Casi un 60% de los habitantes está por debajo de la línea de pobreza y un 36.2% por debajo de la línea de pobreza extrema. Recientemente, en los años 2005-06, Honduras consiguió ser admitido en la iniciativa para los países pobres muy endeudados (FMI/Banco Mundial) y cumplió con los requisitos para acceder a los beneficios de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Carga de la Deuda. Forman también parte de este grupo, de los países latinoamericanos, Nicaragua y Bolivia. Acceder a los beneficios de la Iniciativa implica quedar sujecionado a las políticas económicas de las instituciones internacionales que la administran.

 

Las diversas formas de poder social en Honduras tienen su eje interno en unas 13 familias opulentas en relación con las cuales se mueven, con diferentes matices, las instituciones del Estado, los ‘poderes’ judicial y legislativo, los principales medios masivos, la jerarquía clerical y hoy, de nuevo, las Fuerzas Armadas. Se trata de un régimen señorial, oligárquico y ‘cristiano’ (cuyo otro eje es la inversión extranjera y el flujo económico internacional) que se presenta como un Estado de derecho y realiza periódicamente, desde inicios de la década de los ochenta (legislativas en 1980, presidenciales en 1981), elecciones que se valoran, y su población saluda, “democráticas”. 

 

Honduras es una de las ‘democracias’ implantadas por Estados Unidos en América Central en la década de los ochenta en su esfuerzo por aislar y debilitar los impactos de la revolución popular sandinista en Nicaragua y el progreso de la lucha revolucionaria armada en El Salvador. Por supuesto su vida social y política nada tiene que con igualdad ante la ley (Estado de derecho), igualdad de participación e igualdad de riqueza que, como tendencias, podrían considerarse básicas para un régimen de gobierno democrático o para una sociedad democrática.

 

Con independencia de su carácter oligárquico, ‘cristiano’ y su tradición dictatorial, aunque vinculada a estos factores, la sensibilidad política de los grupos dominantes en Honduras sería cómica si no fuese por sus efectos sociales dramáticos. En los años 80 del siglo recién pasado se cultivó la idea de pasar a ser un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, tal como Puerto Rico. Como la ocurrencia no prosperó en el país que debía aceptar el regalo (administración Reagan), en los noventa se abrazó, por los “partidos” Nacional y Liberal (son solo nombres para apetitos) el modelo neoliberal, lo que inevitablemente concentró aun más la riqueza y aumentó el empobrecimiento de los sectores vulnerables al mismo tiempo que enflaquecía a sectores medios. 

 

El esquema ‘tecnócrata’ (es solo otro nombre) tuvo sin embargo un logro: abolió, hacia la mitad de la década de los noventa, el servicio militar obligatorio y buscó reestructurar las Fuerzas Armadas para que dejaran de ser un sector relativamente autónomo de clase y se refuncionalizaran como el “brazo armado” del poder oligárquico. Por supuesto, esto no las hace más profesionales, pero les quita capacidad para disputar los buenos negocios o apoderarse de ellos. Las reformas en la institucionalidad militar culminaron en 1998 con una cláusula constitucional que hace que el Presidente hondureño sea el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Los militares que el 28 de junio asaltaron y capturaron al Presidente en ejercicio de su país, para luego expulsarlo de Honduras, “no podían hacerlo” (en términos normativos) porque éste era, en una institución de mando vertical, su máximo jefe. Solo podrían haber actuado así si él (el Presidente Zelaya) se los hubiese ordenado. O si deseaban romper la institucionalidad. Situación que, en efecto, produjeron.

 

La economía hondureña es una economía muy abierta centrada en la exportación de productos agrícolas y manufacturas. Esto la torna extraordinariamente vulnerable no solo a una crisis recesiva global (o estadounidense), sino a presiones económicas determinadas por razones políticas, como la suspensión de giros que ya ha resuelto el Banco Mundial debido al golpe militar y empresarial. De hecho, si los países centroamericanos, Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, resolvieran cortar todo tráfico con Honduras, excepto ayuda humanitaria, tanto la economía como los aparatos militares hondureños se desquiciarían aceleradamente. Honduras es extraordinariamente sensible a su entorno internacional y carece de la capacidad para crear escenarios alternativos si éste se torna abiertamente hostil. El capital extranjero (Zonas Francas) aposentado en su territorio sería incluso un potencial aliado de un bloqueo (o huiría) debido a la disparidad de fuerzas en pugna.

 

 

Pese a su historia de dominio oligárquico y transnacional, y también en parte a causa de él, la población hondureña ha resistido la explotación y la exclusión con organización social y movilizaciones de lucha. Desde 1964, y pese a que la organización sindical ha sido considerada “subversiva”, existe una Confederación de Trabajadores de Honduras, afiliada a la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT), que coexiste con una Central General de Trabajadores, la Federación Unitaria de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras y la Federación Independiente de Trabajadores. También existen organizaciones en el trabajo agrario: el Frente Nacional de Campesinos de Honduras, el Sindicato de Trabajadores de la “Tela Railroad Company” (alias hondureño de la United Brands) y el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula que, con los trabajadores organizados de la Tela Railroad, enfrentan los vaivenes de la producción bananera. El Movimiento Cooperativo (jurídica y constitucionalmente forjado entre 1921 y 1987) se ha dado una Confederación Hondureña de Cooperativas (1971) que se orienta actualmente a entregar respuestas locales a los desafíos globales.

 

Los grupos sindicalistas (Bloque Popular), activistas de Derechos Humanos, periodistas, taxistas, escritores y artistas, maestros y profesores, el Frente Nacional de Resistencia Popular y Vía Campesina Honduras, han destacado en la resistencia inicial interna al gobierno empresarial/militar encabezado por Roberto Micheletti. Las organizaciones campesinas han preparado, además, marchas hacia las ciudades para reforzar esta protesta. Lo hacen, como muchos otros ciudadanos y trabajadores, no por ser “gente del presidente Zelaya o partidarios liberales”, sino, como enfatiza un dirigente de la Vía Campesina hondureña, porque ven en su presidencia un factor que les permitiría derrotar el modelo neoliberal. Señalan que Zelaya ha detenido el proceso de privatización de activos públicos hondureños, como la energía eléctrica, los puertos y el sistema de salud y, más importante, se ha pronunciado a favor de un régimen democrático que potencie la participación ciudadana y social de la población en las determinaciones políticas. El último punto contiene potencialmente una profunda transformación de la institucionalidad oligárquica del país.

 

 

Sobre esta situación, el insospechable Banco Mundial, reseñando favorablemente el programa original del presidente Zelaya, lo puntualizó de la siguiente forma: crecimiento económico con equidad; gobernabilidad vía la modernización del Estado y la participación ciudadana; protección ambiental y gestión de riesgos (Honduras es un país boscoso y por su territorio pasan huracanes), y desarrollo del capital humano (educación, salud). A la reseña del Banco Mundial habría que agregar que, poniéndose a tono con la sensibilidad gestada principalmente por el proceso venezolano en este siglo, a la participación ciudadana se la articuló con la participación social. El gran “defecto” de Zelaya para los diversos grupos tradicionales (nacionales, liberales, jerarquías clericales, magistrados, aparatos armados, medios masivos, parlamentarios, y, probablemente la embajada de Estados Unidos en Honduras, que, en este caso, no representa a la administración Obama) es que asume que el necesario proceso de “modernización” del país debe incluir la participación social y ciudadana de la mayoría de su población. Inclusión social y ciudadana universales. Los posicionamientos respecto de este punto antioligárquico (que no es ni socialista, ni anticonstitucional, ni una chifladura, ni un intento de entronizar una dictadura) condujeron al enfrentamiento que culminó con un golpe de Estado. El punto de la “cuarta urna”, en la que la ciudadanía podría pronunciarse sobre la necesidad de convocar a una eventual nueva Constitución es, visto aisladamente, un detalle en procesos más amplios.

 

No se trata, por tanto, de la opción “bolivariana” o “chavista” de Zelaya, o de la amistad y admiración que manifiesta hacia el proceso cubano por su carácter nacional/inclusivo, sino que su propuesta desafía el eje local del statu quo hondureño: la dominación oligárquica, por definición excluyente, aderezada en este último período con ‘tecnocráticas’ prácticas neoliberales en las que ‘el’ mercado determina ‘ganadores’ y ‘perdedores’. Zelaya estima que bajo este modelo Honduras no llegará nunca a ser competitivo. Y tal vez valora que estar en la presidencia le permitirá ocupar un lugar preferencial en el nuevo modelo. Esto abre, sin duda, un crispado frente (de intereses y personalidades) al interior de la oligarquía.

 

El problema que enfrenta el presidente Zelaya es que no ha realizado el trabajo sociopolítico que le permitiría avanzar en su idea modernizadora. Por eso los trabajadores organizados, probablemente una minoría, lo defienden, pero no le tienen especial confianza ni estima. Algo parecido ocurre con otros sectores populares que “huelen” que una dictadura empresarial-militar encabezada por Micheletti u otro es mucho peor para sus intereses que el gobierno ‘democrático’ de Zelaya. Un sector de la población hondureña está asimismo contra los golpistas porque defiende ‘la’ democracia. Pero si, mágicamente, los golpistas mejoraran las condiciones de existencia, esta ciudadanía respaldaría con entusiasmo su mandato. Esta tibia y ambigua relación entre sectores sociales populares, el presidente Zelaya y las instituciones democráticas puede tener alcances negativos para la resolución de la actual pugna. Sin embargo la violenta represión contra los opositores y manifestantes, y la directa arremetida contra derechos fundamentales (tránsito, expresión, derecho a la información, por ejemplo) podría acercar y fortalecer el carácter de movimiento social popular de estos actores. Por supuesto, los golpistas carecen de todo interés (y, por sus intereses inmediatos, también de factibilidad) para realizar las acciones que podrían al menos paliar, si no mejorar, las actuales condiciones de existencia de los hondureños.

 

- Helio Gallardo es filósofo chileno y catedrático de la Universidad de Costa Rica.