Las mujeres siguen abogando por justicia, verdad y reparación
12/03/2010
- Opinión
"Yo tenía 10 meses de nacida cuando mi papá, el sargento del ejército Harvey Delgado Argote, fue secuestrado el 3 de agosto de 1998 en la toma de Miraflores, en Guaviare (provincia de Colombia). Hoy tengo 12 años y todavía no he podido conocer a mi papito".
Este testimonio es parte de la cuña televisiva en la que la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) y Asfamipaz piden al gobierno y a las guerrillas que lleguen a un Acuerdo Humanitario para la liberación de todos los secuestrados.
Cada año se habla de liberaciones e intercambios, pero las madres siguen envejeciendo con el temor de morir sin poder despedirse de sus hijos, las hijas creciendo sin el cariño y el ejemplo de sus padres, y las esposas luchando contra la soledad y por el Acuerdo Humanitario.
"Se ha politizado el tema de la entrega de secuestrados, hay muchos intereses de las personas que intervienen en las liberaciones, se ha perdido lo humanitario y el tema se ha reducido al intercambio", afirmó a SEMlac Ángela Cerón, directora de IMP.
Esta iniciativa es una alianza de 22 organizaciones de seis regiones de Colombia, que promueve el Acuerdo Humanitario, las políticas públicas con visión de género y el apoyo a las víctimas del conflicto armado.
Aunque el tema no tiene tanto interés en la sociedad civil —según opinión de Cerón— como lo tiene el tema de la paz, IMP continúa trabajando para mantenerlo en los medios, tanto a través de cuñas televisivas, como apoyando los plantones (protestas) que todos los martes frente al Parlamento realiza Asfamipaz, la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública, Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros.
En ausencia de un espacio de diálogo reconocido por la población civil, las organizaciones no gubernamentales que buscan apoyar la aplicación de la resolución 1325 de las Naciones Unidas —que insta la participación de las mujeres en las negociaciones por la paz— actualmente enfocan su labor en el acompañamiento de las víctimas del conflicto armado, entre ellas personas desplazadas y violadas, así como familiares de desaparecidas y asesinadas.
Pero aún aquellas personas que son acompañadas por ONGs resultan nuevamente perseguidas por las bandas emergentes, es decir los sucesores de los paramilitares, autodenominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante las dos administraciones de Álvaro Uribe, 40.000 miembros de las AUC se desmovilizaron y se entregaron a la justicia.
Para Gay McDougall, experta independiente de las Naciones Unidas sobre asuntos de las Minorías, que visitó Colombia en enero pasado, lo que está ocurriendo es que "los paramilitares se quitaron los uniformes y se armaron como 'Águilas Negras' u otros nombres", pero las personas saben que se trata de los mismos porque "los rostros se reconocen en la comunidad. Es difícil olvidar las caras de los verdugos de sus parientes y amigos", aseguró McDougall a la prensa local.
Precisamente mediante un correo electrónico, las "Águilas Negras" amenazaron el pasado 28 de enero a líderes y lideresas que representan a personas desplazadas y que están siendo apoyadas por la organización Sisma Mujer.
"Ha sido importante para las víctimas estar en los juicios contra los jefes paramilitares en 'versión libre', pues allí relatan los hechos, y salen empoderadas, aunque naturalmente las acompañamos con abogado y con psicóloga", afirma Cerón.
IMP apoya 417 casos de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación a través de la ley "Justicia y Paz". De estos casos, el 90 por ciento son mujeres y sólo 10 son hombres, que reclaman por sus esposas o hijas víctimas de hechos violentos perpetrados en el marco del conflicto armado.
Sin embargo, según Cerón, hay dificultades logísticas y metodológicas para que las víctimas participen en las sesiones de "legalidad de cargos", la ocasión que tienen las víctimas para interactuar y pedir reparación moral.
Independientemente del juicio, existe la reparación administrativa, una indemnización a las víctimas cuyos casos hayan sido presentados hasta el 23 de abril de 2010 ante el gobierno colombiano.
La indemnización máxima establecida por asesinato y lesiones personales y psicológicas que produzcan incapacidad permanente es de 40 salarios mínimos, unos 19 millones de pesos (10.000 dólares), según cálculos a la fecha. Y de 30 salarios (7.800 dólares) para víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual.
"Esa reparación es un paño de agua tibia, porque les da unos millones que no se comparan con la violación que sufrieron, ni con los familiares que les asesinaron", afirmó a SEMlac Teresita Gaviria, presidenta de la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de la Candelaria.
Esta organización, Premio Nacional de Paz 2006, está compuesta por familiares de personas secuestradas o desaparecidas que, siguiendo el ejemplo de las Madres de la Plaza de Mayo, empezaron a reunirse en 1999 semanalmente en el atrio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. De ahí que se les conozca por Madres de la Candelaria.
No obstante, Gaviria agregó que las víctimas van a recibir el dinero porque "les sirve para la educación de sus hijos, pero eso no va a reparar la muerte del hijo".
Para IMP, la reparación integral implica también justicia y verdad, es decir que se esclarezcan los hechos y se restaure el buen nombre de la víctima, pues muchas veces han sido desprestigiadas.
Según Cerón, "las víctimas que hemos acompañado saben que (la indemnización) no es una reparación total y han usado esa plata para su plan de vida, pues se han empoderado". Pero no es evidente que todas las personas hagan un buen uso del dinero, ya que muchas no tienen experiencia en administrar una suma semejante.
"Algunas no sabían ni firmar", explica Gaviria. Madres de la Candelaria ha dado capacitación básica primaria a un grupo de mujeres víctimas, además de atención psicosocial y apoyo legal.
Conseguir verdad, justicia y reparación en los casos de violencia sexual es más difícil, ya que en éstos sólo se cuenta con el relato de la víctima y el dictamen psicológico, explica Cerón. Sin embargo, IMP está intentando que el gobierno conceda reparación administrativa en unos casos que ya han sido reconocidos por los paramilitares.
"Nosotras seguimos haciendo campaña por la verdad, la justicia y la reparación, además de la garantía de no repetición", asegura Gaviria, "y el perdón es voluntario, al igual que la reconciliación".
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