El terremoto  del 27 de febrero modificó el escenario nacional en todo orden de cosas, también el económico, las prioridades deben ser otras al igual que el uso de los mecanismos de política económica.  En lo social mostró el drama de muchos chilenos.

En el corto plazo el impacto negativo en los niveles de actividad, aunque no existen los antecedentes para dimensionarlos en precisión, resultan indiscutibles.  Los efectos más dañinos se producen lógicamente en las regiones centro del cataclismo, la VII y la VIII.  La paralización de la siderúrgica de Huachipato, que según su gerente general, Jaime Charles, requerirá “no menos de tres meses” para volver a producir acero en forma normal”; de la mayor planta de celulosa del país –Celulosa Constitución-; de la industria forestal cuyo 80% de actividad se desenvuelve en las dos regiones más afectadas, principalmente en sus zonas costeras; de la producción de harina y aceite de pescado cuyas plantas de Talcahuano producen cerca de la mitad del total y un porcentaje aún superior de las conservas del mar;  la mitad de la capacidad industrial pesquera instalada de la zona centro sur quedó inutilizada, el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, Héctor Bacigalupo, considera que recuperar plenamente su capacidad demorará al menos un año;  así como de la industria vitivinícola que explica un 75% de su producción en la VI y VII regiones, son todos antecedentes elocuentes.  La participación en el producto total de las dos regiones más afectadas fue, según cifras de 2007, ascendente a un 12,6% del total.  Pero sí se considera que también hubo impactos adversos en las regiones Metropolitana y V su efecto nacional es muy grande.

Estas consecuencias se producen cuando aún no se completaba cuatro meses de que el indicador mensual de actividad económica (Imacec) del Banco Central había dejado de entregar cifras interanuales negativas, que se prolongaron ininterrumpidamente durante doce meses –desde noviembre de 2008 a octubre de 2009-  y se había entrado a un proceso de recuperación, gracias a las políticas anticíclicas y a los efectos que en la economía chilena tiene la fase de crecimiento en que se encuentras varios países emergentes de Asia, empezando por  China.  “(…) es lógico –manifestó el director ejecutivo de J.P. Morgan, Wladimir Werning- que las políticas públicas mantengan el estímulo más de lo esperado”.  Desde luego, ello significa pasar al olvido la formulación de Sebastián Piñera de “recuperar los equilibrios fiscales”.

El objetivo prioritario debe pasar a ser el de reconstrucción económica y de revertir los efectos sociales negativos del terremoto en un país con desempleo estructural y una muy mala distribución del ingreso.  La catástrofe hizo emerger el país real, diferente  al que se trata de presentar.  Los actos de saqueo son, sin duda, expresiones repudiables, pero también muestra la desesperación de un amplio sector de la población que continúa viviendo en condiciones extraordinariamente precarias.  Ratifica que las cifras oficiales de pobreza nada tienen que ver con la realidad.  Los problemas no se resuelven con manejos estadísticos.  El terremoto evidencia una realidad que trató de encubrirse  “Las fotos de la desolación –como escribió Clarín- poco tienen que ver con las últimas imágenes de Chile ante el mundo, aquellas que mostraban un país que (…) había logrado elevar sus índices de desarrollo muy por encima del umbral de la región y que exhibía sus políticas sociales como logros de un Estado que había sabido combinar bienestar con capitalismo”.

La política de contraer la tasa de crecimiento del gasto público establecida en la ley de presupuesto 2010 debe ser dejada inmediatamente de lado.  Siempre fue discutible, pero ahora debe ser rápidamente revertida.  Más aún cuando las cuentas fiscales del presente año se elaboraron con una disminución real de la inversión en relación al gasto efectuado en 2009 y la reconstrucción requiere de su fuerte aumento.

Este proceso debe vivirse con el aporte privado y el público y sumará varios miles de millones de dólares.  El mayor gasto estatal conducirá a un déficit estructural, que se produce cuando éste es superior a los ingresos definidos como permanentes.  Las formulaciones fundamentalista que se oponen a este déficit deben ser derrotadas, igual como se logró en 2009.  El año pasado fue para enfrentar la contracción económica, ahora debe serlo para empujar decididamente la reconstrucción.  “Perversamente –editorializó Financial Times-, el desastre facilitó la  tarea (…)  de elevar el crecimiento.  La reconstrucción se encarga de esto, tristemente –añadió- no faltan proyectos de construcción tras los terremotos”.

La estructura de financiamiento debe proponerla el futuro gobierno.  Pero, el país tiene condiciones favorables para hacerlo.  Al finalizar el año 2009 contaba el Fondo de Estabilización colocado en el exterior US$11.284  millones, que constituye un absurdo no recurrir a ellos cuando se enfrenta una catástrofe de proporciones.  Hay mecanismos para que su ingreso al país no presione a la revaluación del peso, por ejemplo si son adquiridos directamente por el Banco Central sin ingresar al mercado de divisas o se destinan a adquisiciones en el exterior para apoyar el proceso de reconstrucción.  De otra parte, como recordó el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, Chile es un país con muy poca deuda, sólo 6% del producto interno bruto (…)  y sólo esperábamos un déficit de presupuesto de 1,1%  del PIB en 2010”.  Además, el precio del metal rojo está nuevamente generando excedentes lo que reduce el saldo negativo de las cuentas fiscales.

La gravedad de la situación obliga a actuar de inmediato.  

 

Cenada