Colombia

Impunidad acecha a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales

12/02/2010

Opinión

^-A ⁺A

Juan José Giraldo ya comenzó a perder su fe en la justicia colombiana. No es para menos. Lleva poco más de dos años y seis meses esperando que la Fiscalía General de la Nación produzca algún avance en el caso de su hija, Carmen Julia Giraldo, asesinada presuntamente por miembros del Ejército Nacional en confusos hechos ocurridos en agosto de 2007.

Su caso es una más de las 1.238 investigaciones por homicidios atribuibles a efectivos de la Fuerza Pública, mal llamados “falsos positivos”, que se encuentran represadas en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Lo preocupante es que, mientras no se corrijan las fallas estructurales en la administración de justicia y no se inyecten recursos humanos y económicos al Ente Investigador, tal como lo afirman analistas consultados por la Agencia de Prensa IPC, estas investigaciones corren el riesgo de quedar en la impunidad.

Don Juan José, por ejemplo, ha padecido en carne propia las paradojas y contradicciones del sistema judicial colombiano. Su búsqueda de la verdad inició el 22 de agosto de 2007 en el municipio de Cisneros, Nordeste antioqueño. Ese día debió identificar el cadáver de una mujer enterrada como N.N en el cementerio de esta localidad, quien terminó siendo Carmen Julia.

Días antes, efectivos del Ejército Nacionalhabían trasladado el cuerpo sin vida de la mujer hasta este poblado argumentando que se trataba de una guerrillera del Eln que se enfrentó con los militares el día 9 de agosto de ese año en zona rural del municipio de San Roque.

El enfrentamiento, reportaron los militares, permitió dar de baja a dos subversivos, entre ellos Carmen, a quien se le halló en su poder una pistola que sostenía en su mano izquierda. Este particular detalle terminó por convencer a don Juan José de que la muerte de su hija debía ser investigada hasta las últimas consecuencias.

“Ella no era zurda, era derecha. Como me van a decir a mí que mi niña era guerrillera si ella se dedicaba a las ventas callejeras. Estaba trabajando en la Feria de las Flores y un conocido de ella le ofreció trabajo, dizque en Caracolí”, expresó el padre de la mujer quien, como coincidencia trágica, se enteró por el informe forense que su hija tenía dos meses de embarazo.

Ese mismo 22 de agosto, don Juan José instauró denuncia ante la Personería de Cisneros y luego ante la Fiscalía en la misma localidad. Pero entre agosto de 2007 y los primeros meses de 2008 no se produjo pronunciamiento alguno, por lo que decidió denunciar nuevamente su caso, esta vez en la ciudad de Medellín.

“Pedí asesoría para ver que podía hacer. Me dijeron que unos abogados de una ONG llamada Corporación Jurídica Libertad (CJL) me podían ayudar. Yo no entiendo mucho de leyes y esas cosas, así que le pedí a ellos que se encargaran de mi caso”, recuerda.

Desde entonces, este hombre y su familia se han enfrentado a diversos obstáculos que han dado al traste con sus anhelos de justicia. Vacíos jurídicos en la normatividad, falta de voluntad política, fallas estructurales del sistema judicial y hasta presiones de amigos y familiares para que desista en su empeño de ver a los culpables tras las rejas, aparecen en la lista de circunstancias desfavorables.

“A mi me duele mi hija y no quiero que esto quede en la impunidad. Pero uno va perdiendo las esperanzas, sobre todo cuando no hay avances y la gente comienza a decirme que me estoy arriesgando mucho, que mi vida corre peligro. Pero pienso seguir hasta donde aguante”, enfatiza.

Fallas del sistema

Según Byron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), organización que representa a un grupo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia, la amenaza de que muchos de estos casos queden en la impunidad no obedece a la inoperancia de los jueces, como lo ha señalado el Ejecutivo en múltiples oportunidades, sino a una falla estructural del sistema judicial colombiano.

“En Colombia se implementó un sistema judicial, pero no se generaron las condiciones para su óptima aplicación. No se asignan fiscales suficientes para liderar las investigaciones; es un problema de recursos. Hoy, un fiscal de Derechos Humanos puede tener bajo su responsabilidad más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales. Bajo esas condiciones, no hay justicia que avance”, advierte Góngora.

A eso se suma que existe una gran sobresaturación en los despachos judiciales toda vez que aún quedan procesos del antiguo sistema de juzgamiento (Ley 600) que, sumados a los del nuevo sistema, escasamente da tiempo para tramitar los abundantes casos que a diario llegan por capturas en flagrancia.

Pero también existen otros atenuantes que hacen pensar a Góngora que no hay verdadera voluntad política para esclarecer este tipo de crímenes que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas. El caso de don Juan José es el mejor ejemplo de ello.

El primer obstáculo que debió enfrentar el padre de Carmen Julia en su búsqueda de justicia fue la colisión de competencias. “El caso de don Juan José lo tenía la Justicia Penal Militar y nos tocó señalarle a la Fiscalía que esa investigación debían asumirla directamente ellos”, comenta el jurista.

Como se recordará, la primera lucha que dieron las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que se avanzara en el esclarecimiento de estos hechos fue que las investigaciones las asumiera directamente la justicia ordinaria y no la penal militar.

La presión llevó a que en 2006, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación suscribieran, mediante acto administrativo, un acuerdo de cooperación en el que el Ente Acusador asumía directamente las investigaciones de muertes de civiles en presuntos combates.

No obstante, esto tampoco significó un avance significativo en los procesos. “¿Qué sucedió en el caso de don Juan José? El caso efectivamente fue asumido por la Fiscalía, pero no nombró fiscal para adelantar las investigaciones; es decir, quedó como en el limbo”, añade Góngora.

Ante esta situación, La CJL decidió instaurar en el 2008 una Acción de tutela para exigir el nombramiento de un fiscal en propiedad para el caso de don Juan José. La Acción fue fallada a favor de la CJL y el Ente Acusador nombró a Edna Margarita Borja, fiscal 50 especializada de la Unidad de Derechos Humanos, para que liderada las investigaciones.

Pero sólo hasta el 18 de junio de 2009, don Juan José tuvo contacto directo con la Fiscal 50. “Me llamó y me citó en las instalaciones de la Fiscalía aquí en Medellín. Yo le conté de nuevo todo el caso. Al otro día unos agentes del CTI estuvieron en mi casa recogiendo unos documentos. Me puse muy contento porque pensé que ahora sí iba a ver justicia. Pero yo no sé que pasó con eso. No me han vuelto a llamar y yo no sé si el proceso está caminando o no”, expresa el padre de Carmen Julia.

Riesgo de impunidad

Ante la lentitud de los procesos penales, la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-EE.UU, instancia que agrupa a más de 150 organizaciones defensoras de derechos humanos del país, presentó en noviembre de 2009 15 casos de los más emblemáticos de este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Para comprender un poco la angustia de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el grave riesgo de impunidad que los amenaza, basta detenerse un poco en las estadísticas que manejan las organizaciones defensoras de derechos humanos. De acuerdo a la CJL, desde 2002 se han documentado, sólo en Antioquia, más de 450 casos de muertes atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, principalmente en el Oriente antioqueño.

La CJL asumió la representación de las víctimas en 68 casos. De ellos, 19 se circunscriben bajo el nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio y ninguno ha iniciado proceso. De los otros 49, apenas 6 están en etapa de juicio y en ninguno se ha producido condena. “Hay casos en Sistema Penal Oral desde el 2007 donde los fiscales no han ido donde los jueces para iniciar proceso”, declara Góngora.

Lo preocupante es que por cuenta de la congestión en los despachos judiciales y la falta de personal idóneo y suficiente, se atenta no sólo contra los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia y contra las garantías procesales de los imputados; también se afecta algo que en derecho penal es fundamental: la prueba.

“Por cada día que pase sin avanzar una investigación se corren riesgos como que: las condiciones del terreno donde se cometieron los hechos cambien abruptamente, los militares implicados sean trasladados de batallón en batallón hasta que sea casi imposible saber donde se ubican; se pierde el rastro de los testigos, se deteriora la prueba en sí”, manifiesta el abogado.

Si a eso se suma la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el acto administrativo suscrito entre el Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la Nación, el panorama no se ve para nada alentador.

“Ahí se dio un retroceso muy grave. De nuevo, tendremos que luchar de nuevo contra la colisión de competencias: que si la justicia penal militar o la ordinaria”, añade el jurista, quien agrega que, de hecho, se han presentado casos donde el Consejo Superior de la Judicatura ha resuelto el conflicto de competencias a favor de la justicia penal militar.

“Desafortunadamente, la estructura del sistema judicial colombiano esta diseñada para que los casos de ejecuciones extrajudiciales no avancen; es decir, aquí se favorece la impunidad”, conceptúa el integrante de la CJL.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa

https://www.alainet.org/es/active/36117