Tras uno de los períodos legislativos más cuestionados de la historia de Colombia, donde el Congreso fue el ojo del huracán por escándalos como la Yidis-política, la para-política, la narco- Valencia Cossio política, la Cuello-política (o feria de las notarías) y de una sumisa actitud del bloque mayoritario en el Parlamento frente al Ejecutivo, que rayó en la complicidad frente a escándalos de corrupción como el de Agro Ingreso Seguro, la zona franca de los hijos del Presidente, las chuzadas de la Policía de Presidencia, DAS (a la oposición, la prensa, los sindicatos, las ONG, la justicia y hasta a consulados y embajadas) y el irregular trámite parlamentario de un referendo corroído por todos los vicios posibles, nuevamente se disponen los colombianos, el próximo 14 de marzo, a elegir 102 Senadores, 166 Representantes a la Cámara y, por primera vez, 5 Parlamentarios Andinos bajo las promesas de renovación, cambio y honestidad que se repiten cada que hay elecciones.

Cuadro. 1. Número de listas y candidatos inscritos

Pero, ¿qué tan renovadas están las listas inscritas al Congreso para corregir el torcido y hasta criminal rumbo que tomó el Parlamento colombiano en los últimos dos períodos?

La respuesta parece no ser muy alentadora; ya que, varias voces, entre ellas la de la Misión de Observación Electoral, MOE, y la revista Semana se han levantado para advertir que de renovación poco se ve y que por el contrario las mismas fuerzas mafiosas, armadas y corruptas que se tomaron contemporáneamente la política, los partidos, el parlamento y parte del Estado siguen integrando las listas al Congreso; o, que sus representantes por encontrarse inhabilitados, encarcelados o por evadir un debate público, han recurrido al testaferrato electoral, colocando como candidatos a familiares, cónyuges o personas cercanas a sus causas pseudo-políticas, mafiosas o armadas.

¿Qué está en juego en estas elecciones parlamentarias?

El 14 de marzo no sólo asistiremos a una elección más de congresistas, sino que tendremos la oportunidad de remediar, vía la composición del próximo parlamento electo, la patología política que tiene su punto más álgido en la representación de sectores de la mafia, el narcotráfico y de grupos armados en el Congreso de la República; de paso, también podremos reversar el proceso de captación de instituciones estatales, nacionales y regionales, que hoy se encuentran al servicio del crimen organizado[2] y en detrimento de los derechos de la ciudadanía, y que en la mayoría de los casos, llegaron a las manos del hampa gracias a las cuotas parlamentarias de quienes los representan e hicieron coalición con el Gobierno.

También se definirá en estas elecciones si se consolida o no el proyecto político de concentración de poderes del presidente Uribe, quien sin poderse re-reelegir en el 2010, si puede tener un margen de poder nunca antes visto en ningún ex presidente. Uribe aspira a controlar, desde afuera: la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, gran parte del Banco de la República, una porción importante de la rama judicial y de las fuerzas armadas y para esto, necesita la elección de un Congreso mayoritariamente uribista que pondría en graves aprietos a cualquier presidente electo de la oposición, el centro o del mismo uribismo; ya que, con la posibilidad de volver en el 2014, Uribe tratará de torpedear a toda costa un posible gobierno de Rafael Pardo o con mayor razón de Gustavo Petro; intentará controlar a como de lugar a Noemí Sanín o a Germán Vargas Lleras; querrá chantajear al outsider Sergio Fajardo quien en medio de su candidatura lucha por formar un nuevo partido jugándolo en las parlamentarias; y exigirá un Gobierno sumiso a sus intereses en caso de tener como ganador a Juan Manuel Santos o, con mayor razón, si llegare a suceder el estropicio político de que subiera al poder Andrés Felipe Arias.

Por está razón, y ante la inminente caída del referendo re-reelecionista, Uribe ya ordenó mantener la coalición, sentó a Santos y a Arias, le dio un guiño a Vargas Lleras para que vuelva a su diestra, le mantiene cuota y protección a los para-políticos y comenzó a fraguar como sacar del camino a Noemí para seguir teniendo bajo su mando burocrático al Partido Conservador.

Y todo esto, porque sabe que controlar el Congreso es garantizar un marco jurídico afecto a sus intereses: empresariales (beneficios y exenciones tributarias a grandes empresarios -entre ellos sus hijos- y transnacionales), sociales (negación de reparación a las víctimas, ausencia de lucha contra la pobreza y pauperización del campesinado en beneficio de la gran agroindustria) y políticos (legitimar su poder de facto, sostener su futura reelección para el 2014 -que un Congreso independiente podría tumbar en esta legislatura- y protegerse de un lejano, pero posible, pedido de extradición por delitos de lesa humanidad). Por esto su afán, su desespero y su llamado a reelegir la seguridad democrática a como de lugar.

Los Partidos políticos frente al Senado de la República

Como vimos, al Senado de la República se presentaron 21 listas, de las cuales 5 se inscribieron por la jurisdicción especial indígena. Estas listas corresponden a los partidos y grupos ciudadanos que, por un lado, deberán primero pasar el umbral, que con toda seguridad superará los doscientos mil (200.000) votos, para continuar con su personería jurídica o aspirar a tenerla a partir de esta elección; y por el otro, luchar por obtener la mayoría de curules en el Congreso bajo la modalidad de la cifra repartidora, que se calcula en más de noventa mil (90.000) votos.

Cuadro. 2. Cifras elecciones al Senado 2006

Estando el censo electoral de 2010 en veintinueve millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y siete posibles votantes (29.882.147), tres millones doscientos ochenta y seis mil novecientos setenta y seis (3.286.976) más que en 2006, lo lógico es que aumente el total de votos válidos por partido; más cuando los votos nulos y los no marcados obtuvieron más votación que cualquiera de los partidos que se presentó en el 2006 y esto se debió principalmente a la falta de educación para manejar el tarjetón que se estrenó en estas elecciones. Por consiguiente, al subir los votos válidos sube el umbral y obviamente también la cifra repartidora para otorgar las curules.

Además, gran reto tienen los candidatos, los partidos y movimientos de opinión de cautivar a los ciudadanos que se abstienen de votar en las parlamentarias, que en las elecciones pasadas fueron casi el 60%.

En cuanto a los próximos resultados parlamentarios, un primer punto de partida para analizar las próximas elecciones del 14 de marzo son las elecciones pasadas, donde es interesante ver qué partidos triunfaron bajo la aplicación de la reforma política de 2003, con el contexto de auge político del uribismo, en medio de la reelección del presidente Uribe y sin estallar aún el escabroso escándalo de la parapolítica, ni el oprobioso capítulo de la Yidis-Teodolindo-política (que hizo posible precisamente la reelección presidencial).

Cuadro. 3. Análisis de resultados al Senado 2006.

Como podemos observar, en el 2006, de los diez partidos que lograron el umbral (sin contar los de la circunscripción especial indígena), siete eran de la coalición de Gobierno (U, PC, Alas-EC, CR, CC, CV, CD) dos de la oposición (PL y PDA) y uno centro-independiente (MIRA). Con esto, el presidente Uribe tomó el control del Congreso con una poderosa aplanadora parlamentaria, aceitada minuciosamente con partidas burocráticas y cuotas parlamentarias regionales, de las cuales no fueron ajenos los partidos y representantes de la mafia y el paramilitarismo.

Esto llevó al Congreso a aprobar, a pupitrazo limpio, leyes contrarias al bienestar general, y no en pocos casos, a beneficiar sectores específicos e incluso a individuos, entre los que se encontraban grandes empresarios y personajes afectos al proyecto paramilitar. Por esta vía se aprobaron desde regresivas reformas, incentivos y exenciones tributarias; saneamientos de la falsa tradición; el estatuto agrario y la ley forestal, que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. También fue con esta coalición que se hundió la reforma política, que buscaba sacar al paramilitarismo y al narcotráfico del Parlamento y fue con esta misma trinca, que se aprobó la actual viciada ley que convoca a referendo de re-reelección presidencial.

También esta aplanadora, junto al segundo período del presidente Uribe, fue el motor del proceso de concentración excesiva del poder que llevó al desequilibrio institucional actual y al rompimiento del sistema de pesos y contrapesos, que tan cuidadosamente se estipuló en la Constitución de 1991.

Ante la infiltración paramilitar, generada por la captación mafiosa de los partidos y su entrada a la coalición del Gobierno, la única institución que se levantó fue la Corte Suprema de Justicia, que en octubre de 2006 inició el proceso penal, más conocido como la parapolítica; expediente en el cual, empujando a actuar a la Fiscalía, van investigados más de 70 parlamentarios, tiene en la cárcel a más de 30 e involucrados a más de 200 funcionarios públicos en todo el país; la gran mayoría, de la coalición de Gobierno con la que ha gobernado el Presidente durante sus dos períodos presidenciales.

Para el primer semestre de 2008 el panorama político en Colombia no podía ser más desalentador. El país comprobaba que la advertencia de Mancuso, del control paramilitar del Congreso, no era un mito; y que además, existían partidos en Colombia creados o entregados al proyecto político de paramilitares y narcotraficantes.

Cuadro. 4. Parlamentarios involucrados a mayo de 2008.

Cuadro. 5. Partidos Captados por la parapolítica a mayo de 2008.

Cuadro. 6. Partidos infiltrados por la parapolítica a mayo de 2008.

¿Quiénes aspiran a llegar o mantenerse en el Congreso el próximo 14 de marzo?

Como bien lo expresa la Revista Semana en su pasada edición[3] “Ni la cárcel, ni las investigaciones, ni las sillas vacías han servido para la renovación. Las listas a Senado y Cámara demuestran que la vieja política manda.”

Unos partidos involucrados hasta los tuétanos con las mafias paramilitares, narcotraficantes y corruptas han  cambiado de nombre, pero no de practicas ni de jefes políticos; Los para-políticos, a pesar de encontrarse en la cárcel siguen mandando como verdaderos barones electorales, y lo peor, continúan en la coalición de Gobierno y se les mantienen sus cuotas burocráticas y otros, esperan hacer sus primeros pinitos de infiltración del Estado por la vía de las credenciales parlamentarias.

Cuadro. 7. Listas señaladas al Senado 2010.

-Gabriel Bustamante Peña, Equipo Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 193, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org