Guatemala

El fugitivo

Ileana Alamilla

27/01/2010

Opinión

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El 8 de octubre del 2008 Alfonso Portillo, ex presidente de Guatemala, quien estuvo en México durante cuatro años prófugo de la justicia —antes también fue fugitivo de la justicia mexicana, fue extraditado, pero en menos de dos horas lo dejaron en libertad, luego de que el juez Julio Jerónimo lo beneficiara con una fianza de un millón de quetzales.

Portillo fue devuelto a Guatemala sindicado de un desfalco al Ejército, por 120 millones de quetzales, 30 de los cuales llegaron a empresas de su amigo Armando Llort, en ese entonces presidente del Crédito Hipotecario Nacional, hoy, una pieza clave para iniciar, en serio, un juicio que rompa la impunidad que lo ha protegido. Quedó así ligado a proceso por peculado, con la prohibición de salir del país y la obligación de firmar el libro de asistencias el 5 de cada mes, fecha que se convierte en su cuenta regresiva previo a tomar la decisión de asumir la clandestinidad.

Su llegada, al filo del mediodía, a la Torre de Tribunales causó expectación y alboroto entre trabajadores, agentes de seguridad y la prensa local e internacional. El ex mandatario mostró entonces un semblante de preocupación. Barbado y sudoroso fue trasladado hasta la sala 9 de la planta 15, donde se efectuó la audiencia. El diligente juez dijo que no accedía a la petición de la Fiscalía, de enviar a Portillo a prisión, porque no se presentaron los argumentos que sustentaran tal requerimiento.

En esa ocasión ese perseverante fugitivo fue centro de la noticia, tal como hoy, con su nueva espectacular fuga, la que, por cierto, no fue por mérito propio, sino gracias a la colaboración de sus amigos, parientes, allegados y cooptados dentro del aparato de justicia. El juez de Zacapa, Édgar Chacón, se negó a conceder a los fiscales la orden de allanamiento, consecuente con su parentesco político con el señalado de diversos delitos contra la sociedad y el erario público.

La acusación contra el ex gobernante, cuando fue extraditado de México, la expuso el fiscal Patricio Rodríguez en dos minutos y medio, y tanto él como la Procuraduría General de la Nación se abstuvieron de interrogarlo. Tantas consideraciones llamaron la atención de algunos sectores de la sociedad, que creyeron que su regreso y la fianza impuesta podrían ser parte de una componenda con el Gobierno. Hasta se especuló que la fianza había sido convenida de antemano, por lo que los cheques estaban listos. Fue obvio que el fugitivo contaba con garantías para su retorno.

Mientras el encausado incursionaba de nuevo en la arena política, sus abogados hicieron uso de todos los recursos legales para obstaculizar la investigación y atrasar el proceso. El sindicado, consciente de que su impunidad corría riesgo, intentó impedir la intervención de la Cicig en su caso, pero afortunadamente no lo logró.

Pero el detonante fue el requerimiento de extradición de la justicia estadounidense, cuyas pesquisas lo vinculan con delitos de conspiración para el lavado de dinero cometidos durante su mandato.

Hoy, con su captura, sí la tiene difícil el señor Portillo. Hubiera tenido que optar por la clandestinidad para seguir disfrutando de lo que se apropió, incluyendo esos 27 millones de proyectos de refacción escolar y el desfalco en el Ministerio de la Defensa.

Sus cómplices, y todos aquellos que han saqueado el Estado, tendrán que pensar bien cómo se van a defender y dónde se van a esconder. La justicia se está despabilando.

Guatemala, 27 de enero de 2010

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA.

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