Colombia 2010: procesos electorales sin garantías
13/12/2009
- Opinión
El inicio del próximo año traerá consigo el desarrollo de un proceso electoral de vital importancia para el futuro del país. No sólo sabremos si nos dirigimos hacia un excesivo presidencialismo, con la posibilidad de una nueva reelección, también sabremos cómo se recomponen los liderazgos políticos en las regiones del país que fueron azotadas por los vínculos entre grupos ilegales y sectores políticos.
La importancia de los procesos electorales que se desarrollarán en el primer semestre del año 2010 es evidente. Por ello, tal vez como en ningún proceso electoral anterior, las garantías con las que se desarrollan.
El debate al respecto ha empezado y durará hasta que se desarrollen los comicios presidenciales el próximo 30 de mayo. De una parte, tal vez obligado por su condición, el Ministro del Interior afirmó tajantemente que las garantías de las elecciones están completamente dadas. Por otra parte, el Registrador hizo saber a la opinión pública que requiere de una suma millonaria para poder garantizar que en las elecciones no se comentan fraudes y el Procurador afirmó que las campañas de candidatos pueden ser infiltradas por grupos armados ilegales, reeditándose así el fenómeno de la parapolítica.
Han empezado las declaraciones encontradas. Las citadas son particularmente preocupantes porque se dan entre las autoridades nacionales. Este tipo de situaciones no auguran un buen desarrollo del proceso electoral ya que generan confusión entre la ciudadanía. Si a esta controversia entre autoridades fuese poco, también se debe tener en cuenta que la incertidumbre sobre la posible reelección presidencial no ayuda a aliviar la zozobra al respecto.
En dicho sentido no son acciones que ayuden a aliviar la falta de garantías las constantes propuestas irreales y jurídicamente irrealizables que pretenden viabilizar la realización del referendo. Ejemplo de ello sería aplazar la fecha de la realización de las elecciones presidenciales o solicitarle a la Corte que produzca un fallo modulado sobre el referendo.
Aunado a la terquedad de los sectores que apoyan al Gobierno que muestran estas propuestas, por como se encuentra el espectro político hasta el momento, ningún candidato que pretenda retomar las banderas de la coalición de Gobierno estará en verdadera libertad de desarrollar su campaña sino después de un eventual, pero aún posible, rechazo del referendo.
Más allá de la conveniencia o inconveniencia de una nueva reelección, que obviamente es un tema que merece y necesita una profunda reflexión, este proceso electoral se ha caracterizado por girar entorno a sólo un interrogante: ¿podrá el Presidente de la República aspirar a un nuevo período? Poco se sabe de las demás propuestas de los candidatos presidenciales. Esta situación afecta negativamente el debate para el cargo más importante en el país.
Sin embargo, el otro proceso electoral también acusa falta de garantías. Esta vez no para los candidatos sino, más preocupante aún, para los ciudadanos.
Es indignante que el país no haya aprendido de los errores del pasado. Nos dirigimos hacia un proceso electoral con básicamente las mismas reglas con las que se produjeron en las últimas dos elecciones (2002 y 2006) que fueron incapaces de evitar los fraudes electorales, declarados por el Consejo de Estado, y que no fueron suficientes para sancionar las conductas de aquellos que se aliaron con grupos armados ilegales.
Las campañas electorales para el Congreso de la República que empezarán a buscar el apoyo ciudadano tan pronto empiece el próximo año, estarán marcadas por el pasado que busca reeditarse. Sería ingenuo pensar que aquellos que conquistaron el poder político regional con el apoyo de los grupos armados ilegales han perdido su influencia. Por eso, ya han designado a las personas que se erigirán como sus herederos políticos. Si bien es legítimo que estas personas aspiren a los cargos públicos, toda vez que los delincuentes son sus jefes políticos y la responsabilidad penal es individual, es importante estar pendientes a cómo desarrollan las campañas, para determinar si es una renovación política o sí, por el contrario, es la misma historia sólo que con diferentes protagonistas.
Algunos sectores dirán que con la aprobación de la Reforma Política avanzó en dicho sentido, ya que introdujo al ordenamiento las medidas de responsabilidad política. Sin embargo, las “grandes” modificaciones que introdujo la enmienda constitucional no se fijaron para aplicar en las elecciones de 2010, sino en las elecciones de 2014. Además, el Congreso incumplió una vez más la promesa de modificar las reglas electorales al no aprobar el proyecto de ley estatutaria, que ni siquiera superó el primer debate y que pretendía desarrollar la reforma constitucional.
Claro está que, al igual que sucede con el referendo, es completamente indeseable cambiar las reglas de juego en medio del proceso electoral, más si quienes las modifican están en campaña. En ese sentido, es positivo que los congresistas no hayan llegado a los acuerdos para modificar las reglas electorales. Sin embargo, algunas de las normas que se hubiesen introducido al ordenamiento de haber sido aprobado el proyecto sí habrían afectado considerablemente la forma en la que se hace política en Colombia.
Así, es lamentable que hayan naufragado en el Congreso los avances en materias de control de la financiación de las campañas electorales y en la democratización de los partidos y movimientos políticos.
En definitiva, los procesos electorales de 2010, vitales para el futuro del país, se desarrollarán sin que se le preste mayor atención a las garantías electorales. Los resultados se anunciarán y nada pasará. Esto se debe a que seguiremos viviendo de aquel mito que dice que Colombia es la democracia más estable del continente y que nuestro proceso democrático se lleva a cabo con el pleno de garantías. Estamos muy alejados de la realidad.
- M. Nicolás Montoya Céspedes es Abogado e Investigador de la Misión de Observación Electoral –MOE-. Las posturas del autor no comprometen en ninguna manera las posturas de la MOE.
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 188, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org
https://www.alainet.org/es/active/35080
Del mismo autor
- La incertidumbre normativa del proceso electoral del 2011 02/05/2011
- Colombia 2010: procesos electorales sin garantías 13/12/2009
- La ciudadanía se expresa y los congresistas no escuchan 06/09/2009
- Más plata y menos responsabilidad: El desarrollo legislativo de la Reforma Política 06/08/2009
- Elección del Fiscal: nuevo pulso entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno 18/06/2009
- Todos contra la Reforma Política 21/05/2009
- Qué esconde la reforma política? 14/05/2009
- Tres temas accesorios para el debate de la eventual reforma política 21/08/2008
- El tiempo se agota 17/04/2008
Clasificado en
Clasificado en:
