El vía crucis de los refugiados colombianos
10/12/2009
- Opinión
Caracas.- En Venezuela, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), existen aproximadamente 200,000 personas con necesidad de protección internacional que no se han registrado ante los organismos competentes para buscar esa protección.
Después de Sudán, Colombia vive la segunda crisis humanitaria más importante del mundo y la mayor en su historia. La Consultoría para los Derechos Humanos de los Desplazados (CODHES), estima que en los últimos 20 años 70,000 personas han muerto a causa del conflicto, la gran mayoría de ellas civiles que no tomaban parte en las hostilidades. Más de 4 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse internamente, muchas se encuentran desaparecidas y no se conoce el número exacto de refugiados colombianos que ha dejado su país a causa de esta guerra.
Colombianos que no tomaron las decisiones de un conflicto ni dieron las órdenes, que vieron cómo su vida corría peligro en sus tierras, o que simplemente fueron amenazados por alguno de los actores armados, tuvieron que partir en busca de paz. Según el ACNUR, se trata en su mayoría de trabajadores de la tierra, campesinos que normalmente han estado excluidos de las políticas públicas y vulnerados en sus derechos por los grupos armados, ya sean las Fuerzas Armadas, paramilitares o la guerrilla. Obligados a huir por sus vidas.
"Una mañana, un niño me entregó un papel escrito que unos señores le habían dado, yo abrí el papel que decía: ´Tiene 24 horas para salir del pueblo, de lo contrario aténgase a las consecuencias, usted ha demostrado estar en contra de nuestro proyecto revolucionario´. Ese mismo día salí, en horas mi vida cambió para siempre", dice una colombiana de 32 años que está solicitando refugio y que prefiere mantenerse en el anonimato.
Refugiados en Venezuela
Existe la idea errada que simplemente por cruzar una frontera se tiene la condición de refugiado. Sin embargo, es necesario solicitar formalmente ante el Estado receptor, el estatuto de persona refugiada a través de procedimientos legales comprendidos en las leyes de cada país.
Venezuela es uno de los pocos países de América Latina en que la categoría de refugiado está comprendida en la Constitución Nacional y existe un marco jurídico para estas personas: la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA), promulgada en el año 2001.
Esta ley ordenó la creación de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), constituida en el 2003, que es el órgano competente para reconocer y otorgar la condición de refugiado en Venezuela. A su vez, la CONARE creó en el año 2005 las Secretarías Técnicas Regionales (STR) en los estados de Zulia, Táchira y Apure, como oficinas descentralizadas para la recepción de casos.
La ley establece un plazo de tres meses para que la CONARE decida si una persona clasifica o no para obtener la condición de refugiado.
"Yo fui a la Secretaria Técnica para pedir mi papel de refugiada en el año 2004 y todavía no lo tengo (...) sin los papeles no puedo trabajar", dice la misma mujer solicitante de refugio.
Desde el año 2003 y hasta octubre del 2009, según la CONARE, 14,946 personas presentaron la solicitud de refugio ante el Estado venezolano; solamente 2,500 refugiados han sido reconocidos en Venezuela con este estatuto; 2,146 fueron rechazados y 10,300 casos están siendo discutidos por la Comisión. El 95 % de estas solicitudes son de personas colombianas, que dejaron sus lugares de origen a causa del conflicto armado interno que atraviesa su nación hace más de cinco décadas.
Al ser consultado telefónicamente, Ricardo Rincón, presidente de la CONARE, sobre el visible retraso en la revisión de las solicitudes, respondió que es normal este retraso, tomando en cuenta la reducción de presupuesto por la crisis mundial y lo exhaustivo de las discusiones de cada caso.
"No queremos que maleantes entren a nuestro territorio a buscar problemas", dijo. "Tenemos que cuidar la soberanía nacional".
Sin embargo, para diferentes organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de los refugiados, instaladas en la frontera colombo-venezolana, la tardanza por parte del Estado venezolano en dar una respuesta a las miles de solicitudes de refugio, constituye el mayor problema de integración para los solicitantes.
La falta de documentación limita las posibilidades de desarrollo integral de las familias solicitantes de refugio, que se ven imposibilitadas para salir de la zona y poder estudiar o trabajar y ser autónomas en la satisfacción de sus necesidades.
¿Cómo viven?
A lo largo de la frontera hay casos que esperan por una respuesta desde el 2003 o antes, como por ejemplo Consuelo —nombre ficticio utilizado por razones de seguridad—, quien llegó de Colombia en el 2002, y por desconocimiento de sus derechos, solicitó el Estatuto de Refugiada recién en el 2003.
"Tuve que venirme porque los ´elenos´ [integrantes del guerrillero Ejército de Liberación Nacional] me mataron al chino [niño] mayor, porque no se quiso ir con ellos y me amenazaron a mí", expresa.
Para poder trabajar, acceder a las políticas sociales, enviar a sus niños a la escuela, entre otros derechos, Consuelo debe tener la documentación reglamentaria, para lo cual necesita una respuesta por parte de las autoridades competentes, pero seis años después aún no la tiene.
Según la fuente oficial, las Misiones del Gobierno —programas sociales con temáticas específicas— prestan una total atención a todo ciudadano que posea algún documento que testifique que es solicitante de refugio, pero en la práctica esto no se cumple. ¿Qué pasa con las personas que no han tenido respuesta por parte de la CONARE? ¿O que no han obtenido el documento provisional que hace constar que está solicitando refugio, que a veces tarda más de dos meses en entregarse? La respuesta es fácil: no pueden acceder a estos beneficios y por lo tanto quedan a la deriva de toda política social.
Muchos de los refugiados, especialmente aquellos que vienen de zonas rurales de Colombia, se encuentran en Venezuela viviendo en la pobreza, despojados de sus tierras y de sus herramientas para trabajarla. Lejos de sus raíces, de sus parientes, de sus amigos, de sus recuerdos, sin su río y su bote, sin sus montañas, sin sus animales. Con nostalgia por su tierra y algunas veces esperando poder olvidar para empezar de nuevo.
Al igual que Consuelo, son miles de personas que buscan respuestas y respeto a sus derechos por parte del Estado, pero sólo consiguen excusas y argumentos muy débiles, para justificar los retrasos existentes en cuanto al tema de refugiados y su situación legal en el país. Las personas en situación de refugio buscan que se les reconozca con celeridad, sin importar discusiones polarizadas entre los dos países.
— Noticias Aliadas, www.comunicacionesaliadas.org
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