Guatemala

Concesiones Extractivas y Consulta Indígena en Guatemala

Bartolomé Clavero

19/10/2009

Opinión

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Tras la movilización del Día de la Resistencia Indígena en Guatemala, el Presidente de la República, Álvaro Colom, ha mantenido una reunión con representantes indígenas comprometiendo su palabra, si no claramente en un cambio resuelto de línea, al menos en una promesa formal de reconsideración de las políticas que han llevado a la invasión de territorios indígenas por empresas extractivas sin respeto del procedimiento de consulta requerido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado multilateral ratificado por Guatemala hace más de una década, en 1996. La ratificación vino inmediatamente seguida por la Ley de Minería, Ley que entró en vigor a los pocos días de hacerlo el Convenio ignorándolo por entero y promoviendo la invasión frente a la que se produce la movilización.

En el Congreso viene a su vez debatiéndose una nueva Ley de Minería cuyo proyecto tampoco toma en cuenta el requerimiento internacional de la consulta indígena pese a la fuerte presión de organizaciones indígenas y civiles a favor de la misma o, mejor dicho, a pesar de la exigencia ciudadana de que deje de violarse y comience a respetarse el Convenio como derecho guatemalteco en virtud de su ratificación. Al efecto se tiene la previsión del Código Municipal, que data de 2002, pues contempla para las concesiones a empresas y otros asuntos que afecten a la comunidad la consulta no sólo municipal, sino también específicamente indígena, pero el problema radica en que el Código no se conforma con el estándar del Convenio. De hecho, el Código Municipal no ha servido para frenar la dinámica de la Ley de Minería y así se llega hasta la movilización del Día de la Resistencia Indígena de 2009.

Entre otras promesas que formula por escrito, el Presidente Colom reitera algunas que ya había realizado e incumplido. Promete mantener una moratoria de concesiones hasta que haya consenso en una Mesa Nacional de Minería constituida por representantes del Gobierno, de una iglesia, la católica, y de organizaciones ambientalista y de desarrollo. Existe también y es más activa la Mesa de Diálogo sobre Minería, una entidad civil, no política, formada por organizaciones de signo ecologista que marcan un contrapunto. Ninguna de estas Mesas tiene participación orgánica indígena, pero la segunda se ha significado por su oposición a la Ley de Minería, con algunas de las organizaciones integrantes, no todas, poniendo énfasis en el derecho indígena a la consulta. No es ésta la referencia de la promesa presidencial.

Por su parte, para institucionalizarse con garantías frente al poder ejecutivo, la Mesa Nacional de Minería cuyo consenso se declara preciso para nuevas concesiones habría de ser regulada por la nueva Ley de Minería, una ley que ignora la consulta indígena. Este proyecto sin consulta ha sido precisamente promovido por la Mesa Nacional de Minería a cuyo consenso se remite el Presidente. Respecto a concesiones ya hechas, el mismo Presidente se reafirma en que no habrá revisión sustantiva. A lo más que se compromete es a paliar la intervención militar que les presta apoyo frente a resistencias comunitarias, sacando al Ejército de las instalaciones de las empresas o desmilitarizando así los proyectos de desarrollo. Tras los Acuerdos de Paz de mediados de los noventa Guatemala ha vuelto a militarizarse o nunca más bien se ha desmilitarizado. El más incumplido de los Acuerdos es el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, igual que la sección de la Constitución menos desarrollada reglamentariamente es la tercera del capítulo segundo del título segundo, la dedicada a las comunidades indígenas.

Hoy, en el Congreso no sólo está debatiéndose el proyecto de nueva Ley de Minería. Se tienen otros proyectos de signo contrario por menos adversos e incluso favorables a derechos indígenas. El que se haya más avanzado, pues ya ha pasado el trámite de comisión, es precisamente un proyecto específico de Ley de Consulta, la indígena. Se da la coincidencia, probablemente intencionada, de que el Dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas se ha transmitido al Pleno a la primera sesión tras este último 12 de Octubre, el Día de la Hispanidad a efectos oficiales. El proyecto se toma en serio la consulta, estableciendo para su ejercicio un Parlamento indígena, representativo por pueblos, bajo el nombre de Consejo de Consultas Indígenas, el cual, aun siendo sólo así en principio consultivo, pudiera desde luego ser el germen de la autonomía de los mismos pueblos contemplada por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para ésta, la consulta ha de garantizar el consentimiento libre, previo e informado indígena, lo que ya no resulta meramente consultivo.

El proyecto de Ley de Consulta presenta además el interés de extenderse a modificar las leyes que han venido ignorando la consulta indígena para introducirla. Se trataría de la reforma en tal sentido, además del Código Municipal y la Ley de Minería, de la Ley de Hidrocarburos, la Ley General de Electricidad y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, esta última modificación por la incidencia de la consulta en la práctica parlamentaria. El alcance material de la Ley de Consulta sería así constitucional, aunque los proyectos de reforma de la Constitución pendientes en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ignoran no sólo la consulta, sino la presencia indígena sin más. Uno de ellos se motiva afirmando que a lo largo de toda su historia el constitucionalismo guatemalteco se ha inspirado, como debe hoy seguir haciéndolo, en “los valores y principios que han hecho grande a la civilización occidental”. Buena forma de sentar una posición netamente contraria a la ciudadanía indígena. No hay presente otro horizonte de reforma constitucional en estos momentos.

Entre las medidas interesantes a derechos indígenas, la potencialidad de la Ley de Consulta es por supuesto muy superior a la de los compromisos adquiridos por el Presidente de la República, pero lo segundo es pájaro en mano y lo primero la bandada todavía volando. Porque el proyecto legislativo se haya aprobado por una mayoría de la Comisión de Pueblos Indígenas, no hay nada garantizado ante un Pleno más susceptible de responder a las presiones, por ejemplo, del CACIF, el poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, presiones nada favorables a derechos indígenas y, aún menos, si se trata de derechos de pueblos. Las expectativas de que la Ley de Consulta llegue a buen puerto hemos de reconocerse que son bajas si no se mantiene la movilización indígena y no se acrecienta el apremio de las instancias internacionales en nombre de los derechos. Esto puede decirse en general para la necesidad de desbloqueo de una situación tan grávida de contradicciones.

Nota. El 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena para unos y de la Hispanidad o de “la civilización occidental” para otros, las fuerzas policiales, secundadas por los media, intentaron crear en la ciudad de Guatemala una sicosis colectiva de pánico ante lo que presentaban como una invasión armada de la capital por indígenas. Se lanzó incluso el infundio de la existencia de una guerrilla dirigida por “El Monje”, un personaje español que apareció en efecto con sus arengas el día 12 para desaparecer sospechosamente a continuación. Los medios interrogaban a los indígenas que participaban en la movilización sobre su relación con “el nuevo movimiento guerrillero”. Tras la cruenta e interminable guerra civil de la segunda mitad del siglo pasado, de recuerdo bien presente, la irresponsabilidad de la operación contaminadora sobrepasa cualquier medida; es rallana en lo criminal. La noticia oficial el día 13 fue la de que “El Monje” había sido expulsado del país, lo cual, dada la impunidad de su fulgurante aparición en público, genera todo tipo de sospechas sobre complicidades interiores y exteriores. La primera noticia sobre la fantasmagórica guerrilla la transmitió y la mantiene en línea una agencia española, Europa Press. El 15 de octubre se añadió por los media la noticia del descubrimiento de una familia q’eqchí en su estado natural de barbarie sin signo de civilización alguno en las montañas de la Sierra llamada de las Minas, precisamente.

Agradezco a Máximo Ba Tiul la información poco menos que en vivo sobre la jornada del 12 y sus secuelas, así como a Víctor Montejo la que, desde la Universidad de California, campus de Davis, me procura sobre sus tiempos de congresista y promotor del proyecto de Ley de Consulta. La responsabilidad por el escrito es enteramente mía.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org

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