El Rey lo puede todo. Así lo hizo en el Congreso la semana pasada, a gritos. Desde apología del terror, en nombre de la razón de Estado, hasta tapar el sol con un dedo negando la existencia –junto al sanguinario terrorismo senderista– de notorios casos de terror de Estado, practicado desde las mismas esferas del poder. Las “FFAA nunca han cometido crímenes de lesa humanidad, ni aún en los casos de lamentables excesos que se produjeron”, dijo. Agredió a los organismos de DDHH que denunciaron los hechos, casi acusó a la oposición de terrorista y volvió a calumniar a la CVR y su crudo informe.

 

Para Rey, decenas de ejecuciones extrajudiciales de detenidos –con crematorios y fosas ubicadas– en el Cuartel Los Cabitos no son delitos de lesa humanidad. Tampoco los hechos probados con los cuerpos de niños, mujeres embarazadas, ancianos y campesinos encontrados en fosas de Putis, Pucayacu, Accomarca o Cayara. Son apenas actos de legítima defensa del Estado. Y estructuras como el Comando Rodrigo Franco de Mantilla o el Destacamento Colina de Santiago Martin Rivas, Montesinos y Fujimori, responsables del asesinato del SG de la Federación Minera, Saúl Cantoral, y muchos otros, o las matanzas –ya sentenciadas como crímenes de lesa humanidad– de La Cantuta o Barrios Altos,pueden justificarse en el mero hemiciclo del Congreso –impune y altaneramente– para defender su inoperancia y los actos de gobernantes a los que sirve fielmente: García y Fujimori.

 

Junto a las siempre democráticas ideas de Giampietri (el bombardero de El Frontón), que propuso declarar el VRAE como zona de combate, desalojando a los civiles y bombardeando una zona de 12,000 km² y 140,000 habitantes (¿se imaginan?), Rey clamó por presencia militar norteamericana en el Perú. ¡Extender el Plan Colombia –que hoy remueve el cotarro en UNASUR–al territorio nacional! Y claro, quiso negar la responsabilidad política del gobierno, cuya camiseta usa esta temporada –desde ministro lobbysta de las grandes pesqueras y sufrido embajador en Roma hasta inepto ministro de Defensa–, en los sucesivos golpes que el senderismo terrorista ha propinado a nuestras FFAA.

 

Buscó envolver en una cortina de humo la desastrosa actuación estatal. Escondió la aguda pobreza en VRAE (mayor que en el Alto Huallaga y Quillabamba) y el fracaso de los programas de desarrollo alternativo en las zonas cocaleras. Calló el incumplimiento de los compromisos con los cocaleros: empadronamiento y reempadronamiento de los productores, mesas de negociación, cese de la erradicación forzosa y violenta de cultivos o gestionar el retiro de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la ONU, firmadas por el ministro de Agricultura, “Chiquitín” Salazar en Tocache y Quillabamba, marzo y mayo 2007, y nunca implementadas. Ocultó la precariedad del Estado y los servicios fundamentales que debe prestar, más allá del esfuerzo de los gobiernos municipales y ciertos trabajos de SENASA con el cacao; el abandono a los 12,000 nativos ashaninkas y matsiguensas. Y negó su propia responsabilidad: la pobreza y atraso logístico de las FFAA, los miserables presupuestos que sufren frente a los retos de la seguridad interna y de las amenazas del armamentismo chileno, el envío de jóvenes inexpertos y escasamente formados a enfrentar a las huestes de SL y los narcos.

 

La cristiana solución del discípulo de Cipriani, socio de Giampietri y fiel secretario de García y Fujimori es: tierra arrasada, auxilio militar extranjero, garantía de impunidad total al accionar militar-policial y perseguir a la oposición. ¡Benditos los que actúan en nombre de la razón de Estado! ¡Que la coraza del Estado proteja a los violadores de DDHH, a quienes ejecutan extrajudicialmente sospechosos, asesinan civiles, torturan, detienen y desaparecen personas en nombre del Señor Estado y los poderosos intereses que representa! Amén.

 

Diario La República, 07 de Septiembre de 200