Cuando la Ley viene marchando

26/08/2009

Opinión

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El gobierno argentino presentó ante el Congreso Nacional su proyecto para reemplazar la actual regulación de radio y televisión, herencia de la última dictadura, que benefició a los oligopolios.

"Que la voz de todos y todas pueda ser escuchada", dijo la presidente Cristina Fernández, al firmar el jueves pasado el mensaje 1139, por el que envió al Congreso el nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplaza al decreto-ley de la dictadura militar. Fernández afirmó que no se trata del proyecto de un gobierno o un partido, sino de "todos los que queremos vivir en una Argentina más democrática y más plural".

Además, pidió no confundir "libertad de expresión con libertad de extorsión". El interventor del COMFER (organismo estatal regulador), Gabriel Mariotto, destacó el aporte ciudadano al proyecto y sostuvo que esto tiene que ser "un soporte para nuestros legisladores, que cuando reciban la presión tengan un pueblo atrás que los está sosteniendo".

La presidente consideró que, en 26 años, no hubo proyectos de cambio integral de la ley de radiodifusión porque "había un supra poder" en el país, que "tiene la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes (del Estado), a partir de la presión".

De ser arrobada por las Cámaras y posteriormente promulgada por el Ejecutivo, la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tendrá tres segmentos: un tercio para el sector comercial, otro para el espacio público y uno más para las organizaciones sociales.

"Se sustituirá el viejo directorio militar por un organismo más amplio, con la participación del Poder Ejecutivo y de la oposición parlamentaria", dijo la jefa de Estado.

"Sería ingenuo no advertir la necesidad de esta norma como un salto a las nuevas tecnologías", añadió.

La presidente afirmó además que la calidad institucional "es de contenido y de sustancia cuando las instituciones de la Constitución sirven al pueblo y nada más que al pueblo".

"No hay calidad institucional únicamente por las formas. La calidad institucional es de fondo, de contenido, de sustancia, cuando las instituciones de la Constitución sirven al pueblo y solamente al pueblo y no a otros intereses", añadió.

La presidente aseveró también que la discusión en el Congreso de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "va a poner a prueba a la democracia argentina".

El gobierno recibió el apoyo del relator de Naciones Unidas (ONU) sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue.

Los cambios más importantes respecto del régimen de la dictadura, aun vigente, están vinculados a las controversias que había despertado el anteproyecto original: la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el interior del país, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el “triple play”. Otros cambios apuntan a ampliar los derechos de pueblos originarios, hacer más federal el funcionamiento de la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público.

Revisión de licencias: El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La oposición planteó que el artículo permitiría que el gobierno ejerciera un poder discrecional para cambiar las reglas y digitar el escenario tecnológico cada dos años. En el gobierno aseguran que con la nueva redacción del artículo se ofrecerán garantías claras de que no va a haber discrecionalidad en la distribución de licencias. La constatación bianual tendrá como único objetivo evitar que la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación audiovisual –la famosa digitalización– termine distorsionando el espíritu de evitar la concentración y preservar la pluralidad.

Pulseada entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos: Esta situación se produjo principalmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde los servicios de electricidad y teléfonos son brindados por cooperativas de usuarios. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Allí se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro –léase cooperativas– pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben pedir un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ese organismo considera que las cooperativas no se quedarán con más del 35 del mercado, las cooperativas podrán desembarcar en el negocio de la TV por cable. Las pequeñas empresas de distribución de cable habían planteado que si las cooperativas ingresaban en la actividad les resultaría imposible competir con ellas. “Vamos a ofrecer condiciones de convivencia”, responden en el gobierno.

El “triple play” y las condiciones para que las telefónicas puedan ingresar al negocio del cable: El mismo artículo 25 plantea que las telefónicas privadas, con una lógica comercial, también podrán ingresar al negocio de la distribución por cable –lo que haría realidad el famoso “triple play”, la posibilidad de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte– si antes cumplen con una serie de requisitos bastante exigentes: interoperabilidad de redes, portabilidad numérica y demostrar que el 70 por ciento del capital es de origen argentino. En el Ejecutivo dicen que el proyecto establecerá mecanismos de seguimiento para controlar la composición accionaria de cada telefónica que pretenda desembarcar en la actividad audiovisual.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

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