Colombia

En medio de la Cumbre Social y Política en homenaje a Apecides Alvis Fernández

Pedro Santana Rodríguez

23/08/2009

Opinión

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El luto cubrió el inicio de la Cumbre Social y Política este jueves 20 de agosto. Después de una intervención en la instalación de la Cumbre, cuando coordinaba el panel introductorio, el presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, CTC, falleció. El compañero Apecides Alvis padeció un fulminante ataque cardiaco a raíz del cual lastimosamente murió. La Cumbre por unanimidad decidió dedicar su trabajo a la memoria de Apecides, líder sindical y presidente de la CTC durante los últimos veinte años. Miembro del Comité Organizador de la Cumbre, directivo de la Misión de Observación Electoral, MOE, y amigo entrañable y cercano a la Corporación Viva la Ciudadanía. Sea este el momento para expresar nuestras condolencias a su familia y a los compañeros de la CTC.

Los motivos de la convocatoria de la Cumbre Social y política

Cuando decenas de organizaciones y movimientos sociales decidimos convocar una Cumbre Social y Política lo hicimos teniendo como base la profunda crisis por la que atraviesa la sociedad colombiana. Crisis económica que se refleja en el decrecimiento económico, pérdida de puestos de trabajo, crecimiento de las tasas de desempleo, aumento del subempleo y ausencia de políticas públicas que le hagan frente. Por el contrario y de manera arrogante, este régimen que nos gobierna insiste en las viejas formulas: profundización de la internacionalización de la economía sin revisar que precisamente parte de la dificultad tiene que ver con esta crisis de la globalización neoliberal que ha traído más pobreza a cientos de millones de personas en el planeta y que ha contribuido a aumentar los niveles de desempleo y de crisis social en nuestro país. El modelo de desarrollo, que privilegia la internacionalización económica, debería ser revisado profundamente dando lugar al desarrollo del mercado interno y de los mercados subregionales, por el contrario, la arrogancia de este Gobierno insiste en las viejas fórmulas que nos han traído al lugar en que nos encontramos. Debemos insistir que la crisis del modelo neoliberal es más profunda de lo que los medios de comunicación y las élites pretenden mostrar. Es una crisis de largo aliento que está planteando una crisis del modelo y la forma de acumulación de capital que se hace cada vez más insostenible por las devastadoras consecuencias sobre el medio ambiente, el calentamiento global, la pobreza de más de 4 mil millones de seres humanos de los 6.500 millones que pueblan el planeta. Los recursos naturales no son ilimitados para sostener los niveles del consumismo consustancial al modelo de desarrollo capitalista, la insolidaridad y el individualismo están haciendo agua en todos los continentes y las medidas tomadas por los sectores dominantes quieren descargar de nuevo los principales elementos de esta crisis en los hombros de los trabajadores y de las clases populares y medias en todo el planeta. En concreto se requiere de profundas reformas que pongan en el centro de sus políticas no el beneficio de unos pocos sino los intereses y las necesidades de las mayorías. Esto es lo que debate la Cumbre Social y Política en el terreno económico.

En materia política vivimos una crisis profunda. La infiltración de los dineros del narcotráfico y del paramilitarismo en las instituciones y en los partidos políticos no soporta más esta realidad. La legislación colombiana es permisiva a la acción de los criminales y sus aliados políticos. A pesar de las dos crisis generadas por la presencia de los dineros del narcotráfico primero en la elección de Ernesto Samper y ahora en la llamada parapolítica muestra que los mecanismos legales y normativos son ineficaces para blindar la actividad política de la presencia de los criminales y de la mafia en los partidos y las instituciones políticas. Se requiere de una reforma política que ponga en el centro de sus preocupaciones el castigo a aquellos partidos que se convirtieron en simples instrumentos de los paramilitares y de las mafias. Hay que adoptar mecanismos que castiguen a los partidos que avalen candidatos ligados a los grupos ilegales con medidas como la silla vacía desde el momento en el cual las autoridades competentes, en este caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deje en firme la medida de aseguramiento en contra de los investigados; la pérdida de la curul y un nuevo reparto de dichas curules entre los partidos que no sean objeto de investigaciones por esos mismos hechos; la obligación para los partidos implicados en devolver los recursos que recibieron como adelantos y como dineros por la reposición de votos; la pérdida de la personería jurídica y la prohibición para presentar candidatos a las elecciones durante un período subsiguiente; en fin, hay que replantear el tema del financiamiento público a las tesorerías de los partidos políticos y la responsabilidad de los representantes legales de dichos partidos. Una fórmula como la que rige el financiamiento de las campañas presidenciales en las cuales el 90% es financiamiento público y sólo un 10% de financiamiento privado en el cual únicamente pueden aportar personas naturales y sólo pueden aporta como máximo el 2% de este, 10% parece ser la fórmula adecuada siempre y cuando se establezcan estrictos controles en la rendición de cuentas. Los partidos deberían publicar dichos aportes y sus cuentas, por lo menos con 15 días de antelación a las elecciones respectivas. Así mismo la violación de los topes electorales fijados con antelación debería ser castigada de inmediato con la pérdida del cargo elegido al partido respectivo.

Al mismo tiempo debería desarrollarse desde los organismos electorales una amplia campaña de pedagogía ciudadana. Los delitos como el fraude, la compra de votos y el constreñimiento a los electores debería ser castigado con fuertes sanciones así como el financiamiento por parte de los contratistas del Estado. En el más largo plazo debería crearse un verdadero poder electoral adscrito a la rama judicial del poder público. Una verdadera Corte Electoral mediante un mecanismo como ternas presentadas por los organismos judiciales independientes como el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional que bien podría elegir el Senado de la República. Este organismo debería ser dotado de poderes para que la normatividad opere en tiempos reales. No es justicia la que imparte, por ejemplo, la Sala Quinta del Consejo de Estado cuando en menos de un año, como ocurrió en el 2005, con relación a las elecciones de 2002, o como ocurre ahora en que se declaran ilegales las elecciones efectuadas en 2006, la tardanza en las decisiones refuerza la impunidad y estimula las trampas y los comportamientos ilegales.

El reequilibrio de poderes

A la Cumbre se presentaron estudios que muestran inequívocamente que uno de los principios esenciales de la democracia, cual es el de la división de poderes y la existencia de un sistema de pesos y contrapesos, está profundamente afectado como consecuencia de la reforma que permitió la primera reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Una segunda reelección prácticamente constituiría la sustitución de la Constitución y borraría de un plumazo la esencia misma de la Carta Política de 1991. Y no sólo porque el actual Presidente es un enemigo acérrimo de dicha Constitución, como lo expresó en la ciudad de Barrancabermeja, en el desarrollo del V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, sino porque la influencia del poder presidencial borra de un tajo la división de poderes existente en la carta política. Y ello ocurre porque el Presidente de la República es factor determinante para la conformación de otros poderes. Hasta ahora ha nominado a tres magistrados de la Corte Constitucional, ha postulado a la totalidad de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, nomina la terna para la elección del Defensor del Pueblo, ha puesto bajo su égida a la Procuraduría General de la Nación, nomina la terna de la cual debe salir elegido por la Corte Suprema el Fiscal General de la Nación, nomina un candidato a la Contraloría General de la República, domina hoy la Comisión Nacional de Televisión, ha elegido a la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República, en fin, los estudios muestran que una buena parte de los organismos mencionados ya se encuentran bajo la influencia determinante del poder presidencial. Un nuevo período de Uribe es la muerte del Estado social y democrático de derecho con el agravante de que quien ha sido el mayor beneficiario de los parapolíticos es el propio presidente Uribe. Una buena parte de los senadores que acaba de aprobar la ley que busca la convocatoria de un referendo, son los suplentes que siguen actuando con los votos manchados por la sangre de miles de colombianos asesinados por los grupos paramilitares con la abierta complicidad de los parlamentarios elegidos con dineros provenientes del narcotráfico. Esos parlamentarios con escasos votos son los que quieren que se perpetúe Uribe en el poder. Por ello han cometido en el trámite de dicho proyecto todo tipo de irregularidades. Sobrepasaron los topes definidos previamente por el Consejo Nacional Electoral que había establecido un máximo de 343 millones de pesos, presentaron cuentas mentirosas por más de 2 mil millones de pesos, ahora el Congreso Uribista ha cambiado la pregunta para permitirle a Uribe que pueda ser candidato en el año 2010 engañando a los 3.9 millones de colombianos que firmaron un texto que sólo le permitiría presentarse en 2014, sigue con la vieja práctica ya probada de entregar recursos públicos para comprar los votos de los congresistas.

La Cumbre Social y Política está debatiendo qué hacer si se aprueba el referendo. Pienso que debería sumarse a la propuesta que el 6 de julio del presente año, que realizaron 23 constituyentes de 1991, que llamaron a la conformación de una Alianza Cívica en contra del proyecto reeleccionista y en este frente o Alianza, debería propugnar por la abstención activa a las pretensiones de borrar de un tajo la Constitución Política de 1991.

El narcotráfico y la concentración de la propiedad rural

El modelo económico que privilegia los cultivos comerciales ligados al agronegocio y a la ganadería extensiva ha dejado por fuera a los 11 millones de campesinos colombianos. El 82% de estos millones de compatriotas vive en situación de pobreza extrema. En los últimos 11 años les han sido arrebatadas 5.5 millones de hectáreas de tierra de las cuales 1.2 millones estaban siendo cultivadas. No hay una política de restitución de dicha propiedad. El Gobierno hundió un proyecto que buscaba mecanismos que permitieran de forma expedita la devolución de dichas tierras así como la reparación de las víctimas. No hay una política de asistencia técnica, crédito y mercadeo a los 11 millones de familias campesinas dedicadas a la producción de alimentos. 24 millones de vacas pastan en 38 millones de hectáreas. La concentración de la propiedad muestra que menos del 2% de los propietarios es dueño de más del 50% de las tierras productivas. Ello exige medidas que busquen la redistribución de la propiedad y el apoyo a la economía campesina.

Al mismo tiempo hay que decir que la política frente al narcotráfico y a los cultivos de uso ilícito es un completo fracaso. Al canciller brasilero Celso Amorim, habría que decirle que estamos de acuerdo en que la lucha contra el narcotráfico debe ser y comprometer a la comunidad internacional, pero, hay que decirle que dicha política es equivocada. La ilegalización y la penalización de la producción y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas es errónea como lo vienen demostrando las cifras tanto de los países productores como de los países consumidores. Se requiere un cambio de dichas políticas que debe ser preventiva y de tratamiento médico a los adictos y que debe contemplar la despenalización de dichas sustancias. Al tiempo que debe propugnarse un proceso de reforma agraria para crear una masa de campesinos medios, que sean una barrera real a la ampliación de los cultivos de uso ilícito.

Un proceso de reforma agraria en ciertas zonas del país es la única manera de afrontar el problema del narcotráfico, al tiempo que debe propugnarse en los escenarios internacionales por políticas de atención y prevención a los consumidores y de despenalización de dichas sustancias.

La Cumbre además está abordando el tema de los tratados internacionales de libre comercio y además la política internacional. El tradicional respeto a la soberanía de los Estados vecinos roto por el actual Gobierno con su teoría de guerra preventiva contra el terrorismo así como la autorización para que militares norteamericanos operen desde bases colombianas, ha roto la confianza con los países vecinos y amenaza con profundizar la crisis económica como resultado de la restricción a la actividad comercial aprobada por Ecuador y Venezuela. En fin el tema de las víctimas, el tema del conflicto armado interno y el tema de la seguridad social también están siendo considerados en la Cumbre así como los graves problemas ambientales generados por el modelo económico puesto en marcha a gran escala por este Gobierno. De ellos nos ocuparemos después.

Digamos finalmente que el espíritu de unidad en medio de la diversidad, respetando las diferencias, construyendo sobre los puntos en los que hay acuerdo, muestran una nueva cultura política que hay que cultivar. Vendrán también las actividades que hay que desplegar en el futuro inmediato para visibilizar la agenda de país que se está construyendo en esta Cumbre Social y Política para que los partidos y sus candidatos se ocupen de estas problemáticas. En el futuro inmediato estas conclusiones deberán ser la base para los debates públicos que haremos conjuntamente con las 20 universidades que decidieron convocar junto con los movimientos sociales este escenario para discutir sobre los problemas del país. Ese es el reto y es el homenaje que le debemos a nuestro compañero Apecides Alvis recientemente fallecido.

Bogotá 20 de agosto de 2009

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 172

Corporación Viva la Ciudadanía.

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