La demanda central del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado, restaurar el orden constitucional, no se logra sólo con el retorno de Manuel Zelaya a casa presidencial, para ello se deben implementar muchos cambios drásticos en las instituciones civiles y militares implicadas en todas las acciones contra el Presidente de la República y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, antes de realizar elecciones para nuevas autoridades.

 

Quienes secuestraron al presidente, los que emitieron ordenes ilegales de captura, los que aceptaron una renuncia falsa y quienes eligieron presidente a Micheletti han cometido delitos contra la patria y no se puede decir que vuelve el orden constitucional si a las personas involucradas no se les deducen las responsabilidades que correspondan.

 

De esa manera deberá tomarse medidas contra el Jefe de las Fuerzas Armadas y todo el Estado Mayor Conjunto de las mismas responsables del secuestro de Mel Zelaya el 28 de junio, su expatriación hacia Costa Rica y el impedimento de su retorno al país.

 

Asimismo deben deducirse responsabilidades a todos los diputados y diputadas que aceptaron una renuncia falsa del Presidente de la República y luego nombraron a Roberto Micheletti en el puesto.

 

Al asumir Micheletti la Presidencia se desencadena una serie de violaciones a las leyes que los abogados sabrán tipificar: destitución de funcionarios y nombramiento de otros, uso de recursos del Estado, aprobación de leyes y muchas otras violaciones derivadas del ejercicio ilegal de los cargos y funciones por designación del gobierno de facto.

 

Entendemos que no se puede restituir al presidente y a la vez dar por válido lo actuado desde el gobierno usurpador. Al restituir a Zelaya significaría que todas esas actuaciones fueron ilegales y esos delitos no pueden quedar en la impunidad.

 

Por otra parte, todas las acciones represivas contra la resistencia al golpe de Estado no pueden olvidarse. El castigo a los asesinos tiene que ser de inmediato y no pueden continuar al frente de las instituciones las personas violadoras de los derechos humanos. Tampoco aquellos obligados a defender los intereses de la sociedad y que directamente o por omisión de sus funciones se colocaron del lado de los violadores; por ejemplo, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos.

 

Esperaríamos también que las sanciones lleguen para aquellos que desde los medios de comunicación fueron parte del atentado contra la constitucionalidad al justificar el secuestro del presidente y repetir calumnias contra quienes protestaban en las calles.

 

Los medios de comunicación golpistas por ley y por moral no deberían tener derecho a continuar usando las frecuencias de radio y televisión que son propiedad del Estado. Y los periódicos deberían responder ante los tribunales por las acusaciones infundadas y la descarada tergiversación de los hechos relacionados con el golpe de Estado y la resistencia al mismo.

 

Tendrán que responder también aquellos que financiaron el golpe de Estado, como los directivos de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa que descaradamente hicieron colecta entre sus afiliados para financiar la campaña mediática golpista y todos los empresarios involucrados en las acciones nacionales e internacionales pretendiendo que se reconociera al usurpador Micheleti.

 

Hay que sumar a la lista los dirigentes de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, los partidos políticos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de las demás instituciones públicas y privadas que planificaron, ejecutaron y avalaron el golpe de Estado.

 

Hay quienes están urgidos de que venga Mel para calmar la situación y dar validez a las elecciones de noviembre.

 

Una rápida revisión a las planillas nos indica el nuevo congreso y el nuevo gobierno sería conformado por golpistas. En lugar de premiarlos permitiéndoles ser candidatos para dirigir al país, a los candidatos a la presidencia y a las diputaciones deben mandárseles a la cárcel. Desde luego que también debería incluirse a varios alcaldes y candidatos a las corporaciones municipales.

 

No deben realizarse elecciones para un nuevo gobierno sin antes restaurar toda la institucionalidad y de acuerdo con la Ley ningún golpista tiene derecho a participar como candidato a cargos de elección popular. Si la mayoría de candidatos son ilegales, no pueden ser legales las elecciones.

 

Participar en elecciones junto a los golpistas es darles un reconocimiento que no se merecen y exponerse a sus sucias maniobras e imposiciones que les permitiría resultar electos sin que hayan sido favorecidos con el voto popular, como están acostumbrados a hacerlo; pero que ahora lo harían como más descaro al saber que ni siquiera se les castiga por dar un golpe de Estado y nadie les sancionará por un “simple fraudecito electoral”. Al fin y al cabo todas las instituciones bajo su control darán fe de la “transparencia del proceso”.

 

Las elecciones en las actuales condiciones servirían para legalizar a los golpistas, pero no significarían recuperar la constitucionalidad. La cuota de cargos que la resistencia puede obtener sólo contribuiría a validar a los usurpadores.

 

No se puede aceptar que Zelaya reasuma la presidencia de la República, pero queden impunes todos los delitos cometidos por los golpistas como si fueran faltas insignificantes. Desde ahora, e inmediatamente que vuelva Mel Zelaya, es necesario que haya castigo para los golpistas, sin ello no se puede decir que hay retorno a la constitucionalidad.

 

Si Manuel Zelaya está dispuesto a cumplir esa misión, vale la pena que regrese; sino, que se quede en el extranjero y deje al pueblo que haga el esfuerzo de cumplirla por su cuenta.

 

Comun Noticias

20 de agosto de 2009