Colombia

En el Oriente antioqueño, riqueza de la energía no se traduce en desarrollo

03/08/2009

Opinión

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No obstante la gran riqueza económica que genera el Oriente antioqueño por cuenta de la producción energética, las comunidades campesinas de esta subregión del departamento sienten que el impacto en el desarrollo local ha sido más que insuficiente.

Por ello, las diversas organizaciones sociales y entes gubernamentales que componen la Mesa Energética del Oriente presentarán al Congreso de la República un proyecto de ley que busca modificar la Ley 99 de 1993, mediante la cual se reglamenta las transferencias del sector energético para las regiones.

Así lo plantearon voceros de esta instancia subregional durante la realización del Primer Foro de Servicios Públicos, que tuvo lugar este lunes 3 de agosto en el Colegio León XIII del municipio de El Peñol.

El Evento, organizado por la Mesa Energética y que contó con la presencia de las empresas generadoras de energía, la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare (Cornare) y los órganos de control departamental, buscaba generar un amplio debate sobre cómo ha incidido en el desarrollo y en la superación de la exclusión social, las transferencias que reciben los municipios dueños de los recursos hídricos por concepto de producción de energía eléctrica.

Allí, representantes de la sociedad civil del Oriente antioqueño cuestionaron el actual articulado de la Ley 99 de 1993, tras considerar que “defiende los intereses de las hidroeléctricas y no promueve una agenda de desarrollo para las comunidades campesinas asentadas en las zonas de influencia de los grandes embalses”.

“Aunque ha habido posibilidades de desarrollo en la región, también hay que decir que la ciudadanía del territorio no se siente satisfecha ni con el monto ni con la calidad de la inversión”, señaló Pedro María Chica, integrante de la Mesa Energética del Oriente.

Será la segunda oportunidad en que las organizaciones sociales de esta subregión intentan modificar esta Ley o, por lo menos, dar el debate para ello. Ya en la anterior legislatura del Congreso un proyecto de ley con el mismo planteamiento se hundió en la Cámara de Representantes.

La Ley de la discordia

Según el artículo 54 del articulado antes mencionado, las empresas de energía hidroeléctrica con capacidad para generar más de 10 mil kilovatios deben transferir el 6% de las ventas brutas con la tarifa que señale la Comisión de Regulación Energética (Creg). Dicho monto debe ser distribuido un 3% entre las corporaciones autónomas regionales con presencia en la zona, en este caso Cornare, y el otro 3% entre los municipios localizados en la cuenca hidrográfica.

Lo anterior le ha significado a los 23 municipios del Oriente y a la autoridad ambiental recibir desde 1994 a la fecha cerca de 337 mil millones de pesos por parte de las empresas generadoras asentadas en la región como Isagén y Empresas Públicas de Medellín. Sin embargo, para las organizaciones que conforman la Mesa Energética este dinero no se ha traducido en beneficios para la población campesina de la región.

“Somos una de las zonas más ricas de Colombia y hay muchas veredas que no cuentan con acueductos ni alcantarillados, ni siquiera veredales. Con la energía tampoco, pues si bien hay mucha cobertura, el problema son las altas tarifas que tenemos que pagar”, manifestó Gloria Elcy Ramírez, habitante del municipio de Granada e integrante de la Asamblea Provincial de Oriente.

Pedro Chica considera que lo anterior obedece a que la Ley 99 reglamenta que los rubros por concepto de transferencias deben ser invertidos por los municipios en proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, mientras que las corporaciones autónomas regionales sólo pueden destinar estos recursos en la protección de las cuencas hidrográficas.

Esto, a juicio de Chica, plantea un gran desbalance para las administraciones municipales, pues con las compensaciones económicas producto de la explotación de los recursos hídricos se están viendo avocadas a “cuidar el negocio de las centrales hidroeléctricas mediante la reforestación de los embalses”.

“Si efectivamente se trata de una compensación de carácter económico por la afectación del recurso en el territorio, nosotros deberíamos decir: ‘señores Isagén y EPM, eso son costos de operación y ustedes los deben pagar’, no con el dinero de las transferencias”, aseguró Chica.

De ahí que las propuestas de modificar este articulado se centren básicamente en aumentar el monto de las transferencias de un 6% a un 8% y permitir que sean de libre inversión.

“La diferencia sería cercana a los 11 mil millones de pesos más para los municipios. Pero a eso hay que agregarle que nosotros proponemos que se puedan invertir en proyectos agrícolas, algo que la ley no lo permite ahora y que beneficiaría a la población campesina”, señaló Germán Andrés Botero, miembro de la Mesa.

Sin embargo, las empresas generadoras de energía creen que el tema pasa por una veeduría más decidida de los órganos de control y la sociedad en general. “Nosotros creemos que el problema no es de falta de recursos sino de la inversión final. Ha habido muchas investigaciones por parte de los órganos de control contra directores de corporaciones autónomas regionales y contra alcaldes, pues la gente, con ese 6% no está haciendo lo que por Ley debería hacer”, expresó Omar Rengifo, especialista ambiental de Isagén.

Rengifo también manifestó su desacuerdo con la propuesta de que los recursos de las transferencias sean de libre destinación. “Es que el espíritu de la norma es compensar y mantener los ingresos para que las generadoras puedan seguir generando energía y por tanto, puedan seguir entregando transferencias por Ley 99. Esa iniciativa de Ley debería ser más debatida y estudiada y mal haríamos nosotros, por ahora, en apoyarla”.

Aunque voceros de la Mesa Energética manifestaron que, por el contrario, Cornare ha sido calificada como una de las corporaciones autónomas regionales más trasparentes en el uso de los recursos públicos del país, sí reconocieron que se debe involucrar más a la comunidad en el control social y la veeduría a las administraciones municipales.

“Queremos que la comunidad se pronuncie al respecto y manifieste cuáles son las necesidades que quieren que se le atiendan. Vemos que ha faltado mayor corresponsabilidad, tanto desde lo institucional como desde lo social, porque son recursos de una cuantía muy importante y que tienen una destinación específica, pero existen inquietudes sobre la aplicación de los recursos”, sentenció Germán Botero.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa

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