Con una concentración en la sede en Medellín de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), donde se lanzaron fuertes arengas y críticas contra esta entidad, culminó la marcha de desplazados realizada este viernes 17 de julio, en la que participaron afectados por este flagelo asentados en todo el Valle de Aburrá.

El malestar de los desplazados por la no entrega de ayudas humanitarias desde hace ya varios trimestres, el no reconocimiento de la condición de desplazado y los malos tratos por parte de los funcionarios de Acción Social, generó momentos de tensión en el lugar, que incluso requirió la presencia de las autoridades para impedir el ingreso a la fuerza de los protestantes a las oficinas de la entidad.

Y es que motivos para protestar le sobran a la población desplazada. María Darelia Cardona, por ejemplo, siente que el trato que le está dando Acción Social es mucho más degradante que las mismas razones que dieron lugar a su desplazamiento. En el año 2007, la guerrilla de las Farc amenazó con reclutarle forzosamente varios de sus cuatro hijos. El miedo de verlos en las filas insurgentes la obligó a abandonar su residencia, en el municipio de Florencia (Caldas) y terminó asentada en el barrio Santa Rita, en Bello.

Allí ha padecido “las verdes y las maduras”. María Darelia se dedica ahora al reciclaje, dos de sus hijos fueron reclutados por el Ejército Nacional, su esposo cayó en depresión profunda y hasta hoy no ha recibido una sola ayuda humanitaria de emergencia por parte de Acción Social, cuando, de acuerdo con la ley, debería haber recibido seis ayudas económicas, en periodos trimestrales, por valor de 1 millón 555 mil pesos cada una de ellas.

Las esperanzas de esta mujer se cifran ahora en el mecanismo de Acción de Tutela, que instauró recientemente contra Acción Social, ya que como ella misma dice: “Me cansé de que me traten mal. La última vez que fui me dijeron que ‘que culpa tenían ellos de que a mí me hubieran desplazado’, que plata no había y que no molestara más”.

La Ley 387 de 1997, por medio de la cual se dictaban las disposiciones para la prevención y atención al desplazamiento forzado, determinaba que a las víctimas de este flagelo se les entregaba una ayuda humanitaria de emergencia, correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente, por un periodo de tres meses, prorrogables por el mismo lapso de tiempo.

Pero la Sentencia C-278 del 18 de abril de 2007, proferida por la Corte Constitucional, declaró como “inconstitucional” esta medida y le ordenó a Acción Social que, mientras persista la condición de desplazamiento, se mantenga la ayuda e, incluso, exigió a la Entidad desarrollar planes diferenciados de atención para mujeres, pueblos indígenas y afros así como discapacitados.

Lo anterior debía traducirse en la entrega trimestral de ayuda económica denominada “ayuda humanitaria de emergencia” para la población desplazada. Dichos auxilios varían entre los 644 mil pesos hasta un millón 600 mil pesos, dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar. Pero de acuerdo con las quejas de los marchantes, la realidad es bien distinta.

“Yo me vine de Urrao porque la guerrilla me hizo venir de allá en el 2007. Llegué al barrio Santa Rita (Bello) y he ido varias veces a Acción Social y me dicen: ‘vaya que ya le consignamos la plata’, voy al Banco y allá me dicen: ‘Acción Social no nos ha consignado nada’. Vuelvo y reclamo y me responden: ‘usted no reclamo la ayuda, ya se quedó sin ella’. ¿No le parece eso muy injusto? Y desde que llegué no he recibido una sola ayuda”, declaró uno de los desplazados que marcharon por las calles de Medellín.

“Ese trato se ha vuelto recurrente en Acción Social. Primero dicen que nosotros no reclamamos las ayudas y eso es mentiras porque nunca nos avisan. O dicen que no han girado la plata desde Bogotá, pero yo he llamado a la Capital y me dicen que todos los meses giran los recursos para los desplazados. ¿Qué están haciendo la plata entonces?”, cuestionó Francisco Eugenio Pedroza, secretario técnico de la Organización de Población Desplazada del Municipio de Medellín.

La preocupación de Pedroza también gira en torno al desconocimiento de la condición de desplazado para algunas víctimas, en especial para aquellas provenientes del Bajo Cauca antioqueño, pues la Entidad no reconoce a los grupos que operan allí como “actores del conflicto”. “Hay gente de El Bagre, Zaragoza, que los desplazaron las Águilas Negras y no les dan la carta en Acción Social”, indicó.

Pero si en el tema de atención a la población desplazada el panorama es oscuro, en cuanto a retornos tampoco hay acciones alentadoras. Según Nicolás Castrillón, miembro de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), desde hace tres años no se realizan retornos masivos en el desplazamiento y quienes deciden hacerlo, no cuentan con el acompañamiento ni por parte de las autoridades municipales y regionales, ni por la Entidad.

“Hay campesinos que se están devolviendo para sus tierras, donde todavía hay campos minados, sin ningún tipo de ayuda para reconstruir sus casas derruidas por el paso de los años, sin servicios públicos, sin nada”, aseguró Castrillón.

Además, el miembro de la ACA cuestionó los reportes que maneja Acción Social sobre este particular. “Los campesinos llegan por sus propios medios y luego las autoridades van y les hacen una brigada civico-militar, les realizan una jornada de salud y después reportan eso como un retorno masivo”.

El calvario para la población desplazada asentada en la ciudad, que según cifras de la Personería de Medellín alcanza las 146 mil personas, aumenta cada día más. El problema parece no tener dolientes, ni siquiera al interior de Acción Social.

De ahí que la frase lanzada por uno de los participantes recoja el sentir de la población desplazada de la ciudad: “yo no me he comido un plato de comida de cuenta de Acción Social. Para ellos, mejor que me muera de hambre, así tienen una persona menos que les ponga problema”.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa