Bloqueos de países vecinos, “pausas” en créditos internacionales, Estados Unidos interrumpe ayuda militar y la Unión Europea retira a sus embajadores

El pulso al que el gobierno golpista apostó contra la comunidad internacional ante las intensas presiones que respaldan el retorno del gobernante depuesto de Manuel Zelaya, ocurre en un escenario donde el gobernante interino, Roberto Micheletti, ha quedado sumido en una complicada situación de aislamiento internacional.  Sin el reconocimiento de casi ningún país, el gobierno de facto se está apoyando en fuerzas políticas, el aparato institucional del Estado y en las élites empresariales internas para legitimar su gobierno, y de esa manera revertir las resoluciones de distintas instancias regionales, como la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que amenaza con la suspensión del país.  Acorralado por los regímenes centroamericanos, el gobierno de Micheletti permanecía desafiante pero obligado al mismo tiempo a maniobrar ante las presiones, pero también se le impone la tarea de entablar intensas negociaciones con Estados Unidos, país del cual depende, en gran parte, el futuro de Zelaya y Micheletti.

El gobierno de Roberto Micheletti estaba a la espera de la anunciada llegada a Honduras de una comisión de la OEA, prevista para el viernes 3 de julio, con el propósito de evaluar la situación interna, en preparación para la reunión extraordinaria del organismo que se llevaría a cabo el día después, en Washington.  En esta última el organismo adoptaría las medidas necesarias en caso el gobierno interino Micheletti, no aceptara la resolución de la OEA que esta semana estableció que daba un plazo de 72 horas para el restablecimiento del gobierno de Zelaya, el cual vencía el sábado 4 de julio, fecha en que Zelaya, al único que reconoce dicho foro, tiene programado su retorno a Honduras (ver recuadro).

Ante esa visita, el régimen de Micheletti se preparaba para entablar un diálogo con los miembros de la Comisión, entre los que estarían el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y varios ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica.

Sin embargo, Albert Ramdin, asistente del secretario general, declaró que la Comisión está buscando el “incondicional” retorno del mandatario depuesto.  Ramdin fue enfático al decir que la misión “no discutirá concesiones” porque quiere el regreso de Zelaya a Honduras bajo “circunstancias seguras y sin condiciones” ( AP, 2/7/09).

El revés para los golpistas fue secundado por Insulza, quien además agregó que “No vamos a negociar…queremos ver el retorno del presidente Zelaya en circunstancias seguras y sin condiciones…Después de eso, ellos pueden discutir a través del diálogo cualquier diferencia que haya internamente.”

Insulza dejó entrever que no habrá pláticas con miembros del gobierno interino, sino que éstas se establecerán con diversas fuerzas políticas.  De lo contrario, se supone, platicar con el propio Micheletti implicaría que la OEA le otorgara legitimidad al movimiento golpista, algo que el organismo teme que pueda ocurrir.  Para evitarlo, Insulza ya ha entablado conversaciones vía telefónica con ex presidentes hondureños y líderes religiosos para promover propuestas que superen el conflicto político.  Por ahora, sólo el Comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, es el único que se ha pronunciado proponiendo realizar una consulta sobre la reinstauración de Zelaya, como una eventual salida.  “Que se someta a consideración del pueblo hondureño, mediante plebiscito…la restitución de su cargo al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, mediante la simple pregunta de Sí o NO”, dijo Custodio ( Reuters, 2/7/09).

Ante la posición de la OEA, de gobiernos regionales y del aislamiento internacional en que cayó el gobierno interino, éste se mostró aún más desafiante.  El nuevo canciller hondureño, Enrique Ortez Colindres, declaró que el gobierno de Micheletti “no precisa de reconocimiento internacional” e insistió en que en Honduras “no hubo un golpe de Estado” y en que la destitución del mandatario Manuel Zelaya obedeció a su “desacato a las órdenes constitucionales”.  Ortez Colindres agregó que “Micheletti es el presidente y no estamos esperando a que vengan a reconocerlo”, pues “el pueblo hondureño ya lo escogió”.  Según el ministro, Micheletti “es el presidente de Honduras con o sin la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Ante ello, es inminente que Honduras será sujeta de sanciones.  Insulza dio a conocer que en su visita a Honduras haría todo lo que pudiese “Pero creo que será muy difícil cambiar las cosas en un par de días.  No vamos a Honduras a negociar.  Vamos a Honduras a pedirles que cambien lo que han hecho.  La comunidad internacional ha hecho prácticamente todo lo que se puede hacer para persuadir a los líderes interinos a que abandonen el poder y restituyan al depuesto presidente Manuel Zelaya.”

El nuevo canciller puso el dedo en la llaga, sobre las verdaderas razones del golpe de Estado, al declarar que Zelaya se había “rodeado de un grupo de comunistas” y que había convertido a Honduras en un país “con una dependencia total de los petrodólares” que supuestamente recibía del Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez.  ( Efe, 2/7/09).

Chávez, el meollo del asunto

Mientras se observa lo casi lejana que se encuentra una salida negociada para el retorno de Zelaya, que depende principalmente de la dinámica que adopten los sectores populares que se oponen al golpe, y de las presiones internacionales, la causa fundamental del golpe parece descansar en el viraje a la izquierda de Zelaya, y su alianza con el mandatario venezolano, Hugo Chávez, lo cual fue el factor fundamental que irritó a las élites conservadoras y que desencadenó la asonada.

“La intervención de Chávez es clara y definida” en la crisis de Honduras, declaró Micheletti, quien también cuenta con el apoyo de las élites conservadoras centroamericanas que ven en Chávez al enemigo a vencer.

Los señalamientos de Micheletti contra Chávez fueron respaldados por el influyente y conservador diario estadounidense The Wall Street Journal (1/7/09), medio que en general apoya las ideas de las elites empresariales centroamericanas.  En su editorial expresa apoyo al golpe de Estado al cual considera “extrañamente democrático”, aunque advierte que el presidente Barack Obama, podría terminar convalidando la intervención chavista en Centroamérica si permite la victoria del “chavismo” en Honduras, y debe tomar en cuenta que la destitución de Zelaya se hizo por orden de la Corte Suprema, afirma el editorial.

Tanto la posición del gobernante interino como el del editorial, también son una respuesta a la posición adoptada por los países que conforman la Alianza Bolivariana para las Américas ( ALBA )* construida y encabezada por el gobierno de Chávez.  ALBA, que decidió no reconocer al gobierno golpista, también retiró a todos sus embajadores de Honduras.

La postura de ALBA también fue acompañada por otras instancias regionales: el Grupo de Río ** por ejemplo, acordó crear una comisión de representantes presidenciales para investigar crímenes y violaciones a los derechos humanos por parte de los golpistas y pidieron a la Asamblea General de la OEA adoptar soluciones “drásticas”.  También acordó aislar política, diplomática y comercialmente al nuevo gobierno.  Lo mismo hizo el Sistema de Integración Centroamericana ( SICA ) ***, en reunión sostenida en Nicaragua esta semana, países que ordenaron al Banco Centroamericano de Integración Económica ( BCIE ) suspender sus préstamos y desembolsos al gobierno de Micheletti.

Además, el SICA acordó suspender sus reuniones políticas, comerciales, diplomáticas o de cualquier otra índole con funcionarios del gobierno “golpista” de Honduras y, asimismo, reconocer en las reuniones de los organismos de la integración a los funcionarios nombrados por Zelaya.

Los mandatarios centroamericanos demandaron al Consejo de Seguridad de la ONU convocar a una reunión urgente para analizar la situación de Honduras y adoptar las “medidas coercitivas” que sean necesarias para superar la crisis en ese país.  En tanto, el CA-4, integrado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, acordó cerrar en esta semana, el comercio terrestre durante 48 horas, también como medida de presión para que Zelaya fuera restituido en el cargo.

En general, tanto la ALBA, como el SICA y el Grupo del Río reafirmaron que reconocen como únicos representantes diplomáticos de Honduras en sus países al personal designado por Zelaya y condenaron enérgicamente el “golpe de Estado” porque manda un mensaje negativo a las naciones latinoamericanas y del Caribe.

La ONU también presiona

A la posición de liderazgo adoptada por la OEA para revertir el golpe de Estado, se sumaron las decisiones de organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo de poner una “pausa” a la entrega de nuevos créditos.  Y sumado a la fuerte postura de la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), que pidió el inmediato regreso de Zelaya, pone a Honduras contra la pared, país que es altamente dependiente de la comunidad internacional.

La Asamblea General de la ONU instó a todos los países a no reconocer al gobierno de Micheletti, en una resolución aprobada el 30 de junio por unanimidad, en la que también pide la “inmediata e incondicional” restitución de Zelaya como presidente “legítimo y constitucional” de Honduras “para que cumpla el mandato para el que fue elegido por el pueblo”.  La resolución condena “el golpe de Estado…que ha interrumpido el orden constitucional y democrático, así como el ejercicio legítimo del poder”.

Asimismo, instan a “todos los países a que no reconozcan otro Gobierno que no sea el constitucional” de Zelaya, además de expresar su firme apoyo a los esfuerzos hechos de acuerdo al capítulo VIII de la carta de Naciones Unidas, que llama a la resolución pacífica de los conflictos.

La resolución fue presentada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

¿Y Estados Unidos?

La costumbre histórica del papel jugado por el gobierno de Estados Unidos en los golpes de Estado en Latinoamérica, fue una de las primeras preguntas hechas en relación con su participación en lo acontecido en Honduras el 28 de junio.

El gobernante Barack Obama fue contundente, cuando a mediados de semana, declaró que el golpe en Honduras fue “ilegal” y Zelaya sigue siendo el líder legítimo.  Aseguró que “sería un terrible precedente si permitiéramos que este golpe de Estado tuviera éxito”.  Latinoamérica ha registrado “enormes progresos” y no queremos un retorno a los “tiempos oscuros”, indicó.

Sus declaraciones se dan en el marco de la suspensión de la ayuda militar a Honduras decidida por el Pentágono, del cual son socios importantes los militares golpistas.  Esto ha llevado a la pregunta de cuál era el papel de Estados Unidos previo al golpe, del cual se sabe tuvieron conocimiento que se estaba gestando, y los movimientos post golpe que hará en lo sucesivo.

De acuerdo con un análisis del diario mexicano El Universal (1/7/09), “en las horas previas a la insurrección golpista, funcionarios del Departamento de Estado mantuvieron intensos contactos con altos cargos del gobierno, de las instituciones y del Ejército de Honduras a través de su embajada en Tegucigalpa para tratar de evitar un desenlace que hoy mismo enfrenta a Estados Unidos al difícil dilema de defender a un hombre con el que no coincidía políticamente —lo que quizá infundió ánimos golpistas a la cúpula militar de Honduras—, pero al que nunca deseó ver derrocado por un golpe militar.”

Agrega el diario que “Por eso el presidente Barack Obama ha decidido sumarse al consenso de América Latina de condenar el golpe y reconocer a Manuel Zelaya como el presidente legítimo”, según Peter Hakim, presidente de Diálogo Interamericano, “al tratar de explicar las aparentes contradicciones o ambigüedades en las que ha incurrido el gobierno de Estados Unidos a la hora de condenar el golpe de Estado en Honduras.” Según Hakim, “Para nadie era un secreto, desde la pasada cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras, que el Departamento de Estado no sentía un gran entusiasmo y hasta estaba molesto por algunas de las actitudes y posiciones del presidente Zelaya…Pero eso no quiere decir que haya estado en favor de un golpe”, sentenció.

Finalmente, otro artículo analiza el papel que para Estados Unidos juega la base militar Soto Cano (Palmerola) en el contexto del golpe, y del reconocimiento de Zelaya como gobernante ( Rebelión, 2/7/09).  Afirma el análisis que “Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe…desde hacía más de una semana.  En declaraciones a la prensa…dos voceros del Departamento de Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense ´estaban en conversaciones´ con los actores principales del golpe desde hace un mes.  Esas ´conversaciones´se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos civiles para tratar de buscar otra salida.”

Estados Unidos se enfrenta ahora al reto de las implicaciones al calificar los hechos como un golpe de Estado, lo que le obligaría a romper las relaciones diplomáticas y a suspender la mayoría del apoyo económico y militar al país.

Además, asegura el análisis que “Washington no quiere arriesgarse al cierre de su base militar en Soto Cano y a la expulsión de sus 600 efectivos militares.”

--------------------

I.  El texto de la resolución de la OEA en Honduras

1.  Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la alteración inconstitucional del orden democrático.

2.  Reafirmar que el presidente José Manuel Zelaya Rosales es el presidente constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura e incondicional del Presidente a sus funciones constitucionales.

3.  Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del presidente de José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.

4.  Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los resultados de las iniciativas.  De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras.

5.  Prorrogar este período extraordinario de sesiones hasta el 6 de julio de 2009.

-------------------

Notas:

*Los países miembros son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela.

**Está integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

*** Conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.