Si bien durante el último año el Oriente antioqueño registró una disminución significativa en delitos como los homicidios y los secuestros, organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en esta subregión del departamento señalan como preocupante el aumento de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, las quejas de las comunidades sobre resurgimiento de grupos paramilitares y el incremento de los cultivos de hoja de coca.

Así lo expresarán integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente de Antioquia, quienes este lunes 13 de julio presentarán el informe sobre la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) correspondiente al año 2008 en esta subregión.

La presentación tendrá lugar en el Museo de Antioquia, a las 9:00 de la mañana, y contará con la presencia de representantes de las instituciones que conforman la Mesa de DD.HH del Oriente, instancia en la que convergen organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades estatales del orden nacional, el gobierno departamental y agencias del sistema de Naciones Unidas.

El documento constituye el fruto de un trabajo de consulta permanente entre las organizaciones participantes de la Mesa, así como de indagación y contrastación de información con autoridades oficiales, órganos de control y comunidad, lo que le confiere un alto grado de rigurosidad.

No obstante, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de DD.HH y DIH, no avaló los resultados allí descritos tras expresar “diferencias estructurales” en lo que a denuncias por ejecuciones extrajudiciales y presencia “paramilitar” refiere la investigación.

De acuerdo con el informe que será entregado este lunes, en 2008 se registraron un total de 138 homicidios en la subregión, de los cuales 33 corresponden al conflicto armado. Lo anterior muestra un descenso del 12.1% en el total de muertes violentas frente al año 2007, cuando se documentaron 157. De ellas, unas 57 obedecieron a causas del conflicto.

De los homicidios ocurridos en contexto de la confrontación armada, 11 de ellos corresponden a denuncias de ejecuciones extrajudiciales, donde la autoría se atribuye al Ejército Nacional. En su informe de 2007, la Mesa de DD.HH  documentó 14 denuncias relacionadas con esta práctica atroz.

Sin embargo, esta instancia advierte que en el transcurso del año anterior se conocieron 12 nuevos hechos perpetrados en 2007, que se suman a los ya conocidos elevando así la cifra a un total de 26. Lo anterior obedece a que los familiares de las víctimas de este flagelo están venciendo el temor que les generaba denunciar.

“Se observa una mayor confianza por parte de las comunidades hacia los órganos de control, en este caso, la Procuraduría Provincial de Oriente. Si continua esta tendencia, es probable que este año se conozcan nuevas denuncias de hechos ocurridos en años anteriores que hasta ahora desconocíamos”, explicó un investigador que participó en la elaboración del informe. 

Cultivos ilícitos

En otro de sus apartados, el documento expondrá detalladamente el comportamiento de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH como el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de menores de edad, el uso de minas antipersona, abusos por parte de la fuerza pública y retenciones arbitrarias.

También se ocupará del desarrollo que ha tenido en el Oriente antioqueño el proceso de exhumación de fosas comunes e identificación de cadáveres, el cual ha generado gran expectativa entre cientos de familias de la subregión, toda vez que municipios como San Carlos, San Luis, Cocorná, entre otros, manejan los índices de personas desaparecidas forzosamente más altos del país.

Otro de los puntos sobre los que llamará la atención el informe será el aumento de los cultivos de uso ilícito en esta subregión. Al respecto, la Agencia de Prensa IPC había advertido sobre la presencia, cada vez más constante, de sembradíos de hoja de coca en la región del Cañón del río Melcocho, en límites naturales de los municipios de Carmen de Viboral, San Francisco y Cocorná, situación que en su momento fue corroborada por los alcaldes de San Francisco y San Luis.

Aunque no se recogen cifras concretas, la Mesa de DD.HH llama la atención sobre este fenómeno, ya que estaría ligado al incremento de denuncias sobre controles de grupos paramilitares en zonas rurales con presencia de hoja de coca, así como en sus inmediaciones.

Lo anterior no deja ser paradójico, ya que la fuerte presencia de miembros de la Fuerza Pública en el Oriente antioqueño en los últimos años ha permitido la recuperación de importantes corredores viales, como la Autopista Medellín-Bogotá, una disminución sensible de atentados contra la infraestructura eléctrica y ha generado el repliegue (y desarticulación en muchos casos) de facciones de las guerrillas del ELN y las Farc que hacían presencia en esta región.

“Resulta inexplicable entonces el resurgimiento de expresiones armadas relacionadas con el paramilitarismo y el auge de los cultivos ilícitos en medio de un territorio que se encuentra fuertemente cubierto por la Fuerza Pública”, señaló un investigador de la Mesa.
El informe presentará al final una serie de recomendaciones dirigidas a las entidades gubernamentales de carácter regional y municipal, tendientes a mejorar la situación humanitaria en el Oriente antioqueño, que si bien no registra los preocupantes índices de la década pasada, sí evidencia que aún faltan acciones por realizar.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia
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