Ante la apertura del diálogo con representantes indígenas, el Gobierno del Perú enrarece el ambiente. Es una manida táctica para condicionar y controlar resultados. Comienza el Gobierno por definir unos términos de referencia en los que no se comprende el derecho. No se compromete a encuadrar el diálogo dentro de los términos del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales o, aún menos, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sus términos de referencia son políticos y además unilaterales. Se reserva expresamente la capacidad arbitraria de decidir lo que sea factible y lo que le parezca inaceptable. Al tiempo prosigue el acoso contra quienes, por razón de representatividad, habrían de ser interlocutores principales en este presunto diálogo.

Como el Gobierno ha de cuidar ahora su imagen amagando apertura al diálogo, una división del trabajo se produce con la bancada oficialista del Congreso. Anteayer fueron Jorge del Castillo y Luis Gonzales Posada, congresistas del Partido Aprista Peruano, el partido del Gobierno. Clamaron por perseguir, incluso más allá de las fronteras, a quienes reputan responsables de las muertes del 5 de junio, las propias víctimas indígenas por supuesto. Quienes deberían estar siendo convocados al dialogo y además se han declarado dispuestos al mismo son señalados como piezas de caza y captura por parte de quienes en su fuero interno, por los cargos que han desempeñado durante estos último dos años, han de sentir el temor de saberse expuestos a exigencias de responsabilidades no sólo políticas, sino también penales. Si hablamos de táctica manidas, la de la imputación a las víctimas por parte de los verdugos es también añeja.

Ayer ha sido Aurelio Pastor Valdivieso, también congresista de la bancada oficialista, pero no cualquiera, sino el vocero o Presidente de la Cédula Parlamentaria Aprista, la voz del partido de Gobierno en y desde el Congreso. Por su posición, es presumible que cuente con información privilegiada, con conocimientos que no son del dominio público o que ni siquiera el resto del Congreso comparte. Ayer echó aparentemente mano de este tipo de información. En declaraciones radiofónicas, hizo público que la Inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya tienen identificados a todos los responsables de la agitación que acabara provocando muertes: “Se sabe quiénes son, dónde se reúnen, cuáles son sus fuentes de financiamiento, dónde reciben el financiamiento y se sabe sus actividades. El problema es que no se está actuando”. Insta a que se actúe. Con esta idea da esa primicia. Naturalmente no se está refiriendo a quienes, con financiamiento público, dieron la orden de disparar a dar, a quienes transmitieron la orden a Bagua y a quienes en efecto dispararon desencadenando la masacre. Se refiere por supuesto a las víctimas, a unas víctimas señaladas que, si realmente se quiere diálogo, deberían estar sentadas con representantes del Gobierno y no huyendo de la supuesta inteligencia militar y de la presunta justicia del Estado.

Por la jueza Carmen Cecilia Arauco Benavente, de cuyas simpatías o antipatías políticas o culturales no tengo noticia, anteayer se cursó, a instancia fiscal, mandato de detención contra los líderes indígenas Alberto Pizango Chota, Marcial Mudarra Taki, Saúl Puerta Peña, Cervando Puerta Peña y Teresita Irene Antaza López. El primero se encuentra exiliado en Nicaragua y los otros se ven obligados a seguir sus pasos. Que se tenga noticia, ayer pidieron asilo en la Embajada de Nicaragua los hermanos Saúl y Cervando Puerta Peña. Daysi Zapata Fasabi, Presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, ha dado noticia y razón: “buscan conservar su vida frente al incumplimiento de las promesas que hizo el Gobierno”. El Gobierno ha activado la orden judicial mediante la denuncia del ministerio fiscal. Iniciativa fiscal no hay frente a quienes decidieron, transmitieron o ejecutaron la orden de disparar a dar. Pese a una Constitución que contempla la separación de poderes, la Justicia es en el caso otro artefacto en la operación de acoso y derribo para condicionar y controlar un diálogo.

¿Cómo puede confiarse en que la Justicia haga justicia en un caso de ataque del Estado contra personas, comunidades y pueblos indígenas? No es ni siquiera la única justicia sobre el terreno. Existe también por ejemplo una justicia awajún. Fuera de su territorio consta al menos desde que Francisco Ballón, pionero en el estudio jurídico, no antropológico, del derecho indígena en el Perú, se ocupó del caso en un libro que hoy es un clásico (Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde, compiladores, Entre la ley y la costumbre. El Derecho consuetudinario indígena en América Latina, Instituto Indigenista Interamericano-Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990). Más recientemente, con verdadera oportunidad, Fermín Tiwi Paati, jurista awajún, nos ha recordado la existencia de esa otra justicia, la indígena y en concreto la awajún. Si se hiciera la sugerencia plausible de que es ésta la competente respecto a la masacre de Bagua, ¿no se consideraría que tal propuesta resulta improcedente por ser la indígena justicia de parte, la justicia de las víctimas? Pues con más razón esto vale para una justicia, la del Estado, que en el caso resulta justicia también de parte, la justicia de los verdugos. No es de extrañar que haya indígenas desaparecidos huyendo de esta justicia.

Diálogo precisa ante todo buena fe. La utilización de los mecanismos del Estado para una operación de acoso que condicione los términos y controle los resultados de un diálogo no merece otra calificación que la de política de mala fe, de la mala fe que, ante la masacre de Bagua, se puso de manifiesto desde que las más altas instancias del Estado acusaron inmediatamente a los indígenas de terroristas abriéndose el proceso de caza y captura de las víctimas. La Presidencia de la República y el Consejo de Ministros, los conductores del diálogo, cuidan ahora algo más su lenguaje, pero no son ajenos a las voces de inquisición del Congreso ni a los actos de persecución de la Justicia.

- Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org